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Archivo de la categoría: Sistema

La defensa tributaria…

Ayer mientras nos entrevistábamos con un posible cliente, me vino a la mente aquel caso que recibí siendo aún estudiante… Un día de febrero de 2015. Ese primer caso que me tocó “ver qué hacía” durante el año que preparaba mis exámenes para graduarme. Mi jefe de aquel entonces salía de viaje ese mismo día.
Hoy, la firma, Archila & Asociados, con sus 51 años encima, suma más de 100 casos activos en sus diferentes instancias.
Estos procesos nacen, casi todos, de acciones de SAT ocurridas con posterioridad a 2009. Tristemente, si bien el volumen de casos aumenta, no ha aumentado, es peor, ha disminuido el nivel de los ajustes. Cada día son menos técnicos, menos a analizados y mucho más contrarios a la jurisprudencia “ancestral”.
Da tristeza que la Administración Tributaria se empiece a dedicar a ajustar en aspectos que no tienen sustento.
Criterios que no tienen sustento ni siquiera desde la perspectiva contable básica, no digamos de la ley. Triste que el contribuyente tenga que sufrir acosos de la autoridad fiscal, cuando todo está correctamente operado.
Escuchar distinciones absurdas como “son bajo criterio técnico, la argumentación jurídica es en otra instancia”, simplemente da terror. No hay criterios técnicos fuera de los jurídicos, pues la Administración Tributaria, la SAT, aplica DERECHO TRIBUTARIO, es decir, que es el brazo aplicador del Sistema Tributario. Ese sistema tributario responde a las normas del derecho, no de la contabilidad ni de la gestión financiera.
Si no comprendemos ese punto, seguiremos haciendo distinciones extrañas y sin sentido. En estos 15 años, por dicha, he podido atestiguar que la razón legal debe prevalecer. Las decenas de tratadistas y los cientos de sentencias consultadas en este lapso -tanto locales como extranjeras- dejan muy claro que la contabilidad es lo de menos… La contabilidad debe ser el resultado de la aplicación de la norma jurídica y la norma jurídica es derivada de la aplicación constitucional, de la integridad del sistema jurídico, de la aplicación de todo el DERECHO…
Es así que no tenga pena de contradecir a su contador, siempre y cuando lo haga con la razón del derecho en la mano. No hay tal cosa como “contabilidad fiscal”… Hay contabilidad que se concilia para cumplir con el derecho tributario… Lo que debe prevalecer es, SIEMPRE el Derecho.

Mario E. Archila M.

 

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Reingeniería en SAT… ¿o cambio de paradigma de la política fiscal?

Ayer 6 de enero de 2015 tuve el gusto de ser invitado a Canal Antigua para hablar de la Superintendencia de Administración Tributaria y su fallo de llegar a la meta de recaudación. Decía en la entrevista que el problema es que requerimos un cambio de paradigma en cuanto a todo el tema fiscal.

Hoy, además, me levanto con la noticia que el Ministerio de Finanzas Públicas le adeuda a SAT parte de su 2 % de comisión sobre lo recaudado y que eso debilita a SAT. Vea la noticia acá.  La noticia, sin embargo, no es necesariamente una sorpresa. Confirma algunas sospechas que tengo sobre el manejo de los asuntos tributarios que este gobierno quiere hacer desde que tomó posesión. Entre ellos, convertir a SAT en un ente represor y mecanismo para presionar a enemigos o estorbos para algunos fines… como la propia competencia comercial que pueda existir.

Veamos algunas acciones que indican que vamos por mal camino. Primero, de política tributaria:

1. Los decretos 4-2012 y 10-2012 en cuanto a las facultades legales dadas a SAT. Se deja de estar en un campo de “derecho tributario” para legalizar un “terrorismo fiscal”. El paradigma tras las reformas en estos decretos es que el contribuyente es un ladrón. Se dan facultades para que SAT “muerda y presione” más duro -eufemismo para menos legal- al contribuyente que ya paga.

2. No hay ningún esfuerzo por incorporar nuevos contribuyentes en esas reformas.

3. El 10-2012 elimina la planilla del IVA y reduce la tasa impositiva de las personas individuales a niveles bajísimos. El ISR corporativo sube por subida de tasas y restricción de gasto, no por facilitación y el de personas crea un incentivo negativo a la tributación, pues evita que los contribuyentes individuales sean fiscalizadores de otros contribuyentes. La planilla del IVA lograba ese efecto. Se logra ver así una baja en la recaudación del IVA y en la facturación en general.

4. Crea, el 10-2012, una ley de aduanas inoperante, abusiva, discrecional e infuncional. Tanto que tuvo que ser reformada en su totalidad por otra no menos abusiva y discrecional. ¿Qué efectos tiene esto? Facilita el contrabando “por aduana”. Efecto que el cruce de información de importaciones Banguat y SAT deja ver claramente.

5. Crece el mercado informal o bien se consolida. Al no existir la presión de contribuyentes requiriendo facturas, se fomenta el mercado informal, lo cual, a su vez, facilita la comercialización de bienes contrabandeados.

6. Creación de procedimientos antojadizos en ventanillas de la propia SAT que hacen altamente oneroso trasladarse a la formalidad.

7. Creación de un Impuesto Sobre la Renta que requiere convenios internacionales para funcionar, así como altos costos de asesoramiento profesional para intentar cumplir correctamente con él. Eleva el costo de cumplimiento y eso, obviamente, evita la incorporación de nuevos contribuyentes. Le permite a los grandes contribuyentes, quienes pagan más del 80% de la tributación y son unos 3000 contribuyentes, ser los únicos con capacidades económicas de funcionar legalmente en el país.

8. Se incorporaron reformas que desnaturalizan la función del Directorio de SAT. Deja de ser un ente técnico para convertirse en un instrumento de recaudación. Ya estamos empezando a ver el inicio de la remoción de directores y lo que puede ser un peligro: la elección de nuevos con las mismas agendas de los otros funcionarios que hemos visto se han elegido bajo este gobierno.

Es así que no es un “fortalecimiento de SAT” lo que se necesita, sino un cambio de paradigma que implique:

1. Simplificación del sistema.

2. Abaratamiento de los costos de cumplimiento. Menos trámites, menos requisitos, menos desconfianza hacia el contribuyente.

3. Hacer gasto público únicamente en 2 ó 3 funciones indispensables; hacer el gasto transparente y eliminar la percepción de corrupción.

4. Dejar de pretender contratar a compañías extranjeras. Nuestra SAT es la administración tributaria más cara de Latinoamérica, o por lo menos de las más caras. Encarecer el funcionamiento no puede ser la solución.

5. Otorgarle verdadera independencia a SAT y dotarle de un cuerpo rector técnico o bien obligarle a seguir criterios judiciales que eviten discutir por siempre lo mismo.

6. Dejar de pretender tener leyes tributarias de países con economías desarrolladas y amplias y pudientes clases medias, para voltear a ver modelos fiscales-tributarios de países que estuvieron quebrados y lograron fomentar crecimiento de sus clases medias y eficiencias en sus recaudaciones.

 

Sin eso, no veo bien el 2015 para los contribuyentes…

 

Mario E. Archila M. 

 

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La cosa hay que separarla

¿Para qué se deben pagar impuestos?
Hay mucha confusión, tanto en los funcionarios como en los votantes.
Nuestra Constitución dice que se paga en relación a las necesidades del Estado y eso ayuda más a la confusión.
En la mente de muchos los impuestos son un mecanismo de solidaridad y vehículo para hacer caridad.
Eso es conceptualmente imposible. Por varias razones.
1. Ámbito de cada uno;
1. Razones de cada uno de esos ámbitos.

La solidaridad y la caridad son del ámbito privado. Son virtudes. Eso implica que me hago moralmente mejor si ejerzo dichas virtudes, mas nadie puede obligar a otro a que haga caridad o sea solidario. Tampoco le corresponde a un tercero juzgar si se está haciendo un bien con una acción caritativa a solidaria. Es una acción puramente privada. Del ámbito de la moral.
Los tributos, sin embargo, corresponden al mundo de lo público y de las relaciones de poder. Se utiliza el poder público para cobrarlos, para verificar su correcto cumplimiento. Es así que imposible de pensar que los impuestos son un mecanismo de solidaridad, caridad o beneficencia.
¿Pero, entonces, para qué sirven?
Sirven para cubrir servicios públicos. Esos servicios públicos son, principalmente, aquellos que su consumo no los agota y no pueden o no deberían ser prestados por particulares. Es así que los servicios de justicia, relaciones diplomáticas y el uso de la fuerza pública represiva, son por esencia, dichos servicios. Los demás, esos sí pueden ser prestados por particulares, como la educación, salud y hasta alguna infraestructura.
Es así que no es posible tratar las contribuciones que una persona pueda hacer de la misma manera. Tanto que tampoco son excluyentes unas de otras, por su ámbito ni por sus fines.

Mario E. Archila M.

 

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La belleza de la ilegalidad

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No puede ser, me dije, que sea cierto que debo responder a tan bellas preguntas antes de llenar mi declaración de impuestos.
Resulta que eso es una violación legal evidente. Vea que no puede sujetarse a requisitos que no están en ley. La Constitución obliga a que la función pública se ejerza conforme a la ley. El pago de impuestos se basa en lo que establece cada una de las leyes y ninguna dice que primero hay que obligar al contribuyente a responder preguntas. Más que todo esas preguntas absurdas.
Es ya terrorismo fiscal. Definamos que la administración tributaria debe ser un ente técnico, profesional y sujeto a la ley. Con estas actitudes, se coloca del lado, si bien nos va, de los talacheros, si no es que de los mareros.
Es imposible de creer que alguien dentro de SAT haya aprobado incluir tremenda tontería y sujetar el poder ingresar al formulario de Declaraguate sin responder antes esas preguntas.
¿Busca SAT darle valor a esas declaraciones? ¿Con base en qué? ¿Cómo pago sin responder a ellas? ¿Qué pretende SAT colocando eso?

Llegamos a un punto en el que vemos que las presiones psicológicas, de atemorizar al contribuyente están siendo utilizadas. En el fondo, los ajustes y los criterios dan pena. Discutimos cosas por desconocimiento y ahora creo que por mala fe…
Espero que nadie tome acciones contra los funcionarios de SAT, sino que den marcha atrás y diseñen los formularios conforme a la Ley y el Derecho.

Mario E. Archila M..

 

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Problemática de Ley de Inversión

¿Servirá la ley? Eso me pregunta la gente muy frecuentemente. Mi respuesta es que probablemente no.
En la profundidad de dicha ley, no obstante, podemos decir mucho más. Es una ley que ignora principios básicos que sustentan un Estado de Derecho, por tanto, una república en su mejor sentido.
El Estado de Derecho se erige sobre la base de la igualdad ante la ley, como uno de sus fundamentos. Diría que el principal.
En el caso de estas famosas leyes de fomento de cualquier cosa, este principio siempre se ve anulado, roto, ignorado. Esta propuesta de ley, ahora, busca “incentivar” y promover la inversión en el país. Se dice que porque ya el resto de países Centroamericanos tienen legislación similar. Dice el adagio que el error no es fuente de Derecho. En nuestros países, el error es fuente de privilegios.
Tributariamente, el principio de igualdad, como lo expresa la Corte de Constitucionalidad en innumerables fallos, implica que a igual capacidad de pago, igual tributación y a mayor capacidad de pago, mayor tributación.
Es así que esta “fabulosa ley” otorga el “incentivo” de no pagar impuesto para inversiones “nuevas” y de cierto tamaño -US$800,000-. Es así que cualquier emprendimiento nuevo de menor tamaño, como los que realizan aproximadamente el 60% de la población (economía hoy “informal”) y las PYMES formales, no podrán siquiera optar por calificar.
He allí que el incentivo aplica a empresa con capacidad financiera muy por encima de la media del empresario guatemalteco. Su capacidad de pago, por tanto, mucho mayor, pero no pagará impuesto sobre la renta. ¿Y el principio de igualdad y capacidad de pago?
Otro principio básico de la tributación en un sistema de Derecho, es el de generalidad. Dicho principio indica que todos estamos llamados a contribuir a las cargas públicas conforme a nuestra capacidad de pago. El principio implica la obligación de contribuir y a su vez impone la limitante a los gobiernos que no pueden decretar exenciones salvo en el caso de incapacidad de pago. Es decir, el principio veda la concesión de privilegios por raza, credo, afiliación, clase, pero admite las exenciones por razones de capacidad de pago.
Acá se exime a grandes capitales, por lo que no es una exención dada en atención a la capacidad de pago.
De lo anterior, por tanto, debemos preguntarnos si puede calificarse esta ley como “justa”. Nuestra Constitución Política en el artículo 243 obliga al Congreso a establecer un sistema tributario justo y equitativo y para ello le ordena que las cargas se decreten conforme al principio de capacidad de pago. Hemos ya esbozado los principios básicos de la justicia tributaria, mismos que son flagrantemente violados por esta ley. Es así que no podemos calificar la ley de justa, bajo ninguna perspectiva. Tampoco podemos sostener que la ley ayuda a hacer un sistema justo.
Lo que sí podemos asegurar es que viola principios fundamentales, otorga beneficios y rompe hasta con el más elemental sentido de proporcionalidad de las cargas. La propuesta es una clara aceptación que el impuesto a la renta es un desincentivo a la promoción de inversión y empleo, por lo menos formal, por lo que si cumpliéramos con los principios expuestos, se aboliría dicho impuesto de manera general.

Mario E. Archila M.

 

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Problemática de la llamada Ley de Inversión

¿Servirá la ley? Eso me pregunta la gente muy frecuentemente. Mi respuesta es que probablemente no.
En la profundidad de dicha ley, no obstante, podemos decir mucho más. Es una ley que ignora principios básicos que sustentan un Estado de Derecho, por tanto, una república en su mejor sentido.
El Estado de Derecho se erige sobre la base de la igualdad ante la ley, como uno de sus fundamentos. Diría que el principal.
En el caso de estas famosas leyes de fomento de cualquier cosa, este principio siempre se ve anulado, roto, ignorado. Esta propuesta de ley, ahora, busca “incentivar” y promover la inversión en el país. Se dice que porque ya el resto de países Centroamericanos tienen legislación similar. Dice el adagio que el error no es fuente de Derecho. En nuestros países, el error es fuente de privilegios.
Tributariamente, el principio de igualdad, como lo expresa la Corte de Constitucionalidad en innumerables fallos, implica que a igual capacidad de pago, igual tributación y a mayor capacidad de pago, mayor tributación.
Es así que esta “fabulosa ley” otorga el “incentivo” de no pagar impuesto para inversiones “nuevas” y de cierto tamaño -US$800,000-. Es así que cualquier emprendimiento nuevo de menor tamaño, como los que realizan aproximadamente el 60% de la población (economía hoy “informal”) y las PYMES formales, no podrán siquiera optar por calificar.
He allí que el incentivo aplica a empresa con capacidad financiera muy por encima de la media del empresario guatemalteco. Su capacidad de pago, por tanto, mucho mayor, pero no pagará impuesto sobre la renta. ¿Y el principio de igualdad y capacidad de pago?
Otro principio básico de la tributación en un sistema de Derecho, es el de generalidad. Dicho principio indica que todos estamos llamados a contribuir a las cargas públicas conforme a nuestra capacidad de pago. El principio implica la obligación de contribuir y a su vez impone la limitante a los gobiernos que no pueden decretar exenciones salvo en el caso de incapacidad de pago. Es decir, el principio veda la concesión de privilegios por raza, credo, afiliación, clase, pero admite las exenciones por razones de capacidad de pago.
Acá se exime a grandes capitales, por lo que no es una exención dada en atención a la capacidad de pago.
De lo anterior, por tanto, debemos preguntarnos si puede calificarse esta ley como “justa”. Nuestra Constitución Política en el artículo 243 obliga al Congreso a establecer un sistema tributario justo y equitativo y para ello le ordena que las cargas se decreten conforme al principio de capacidad de pago. Hemos ya esbozado los principios básicos de la justicia tributaria, mismos que son flagrantemente violados por esta ley. Es así que no podemos calificar la ley de justa, bajo ninguna perspectiva. Tampoco podemos sostener que la ley ayuda a hacer un sistema justo.
Lo que sí podemos asegurar es que viola principios fundamentales, otorga beneficios y rompe hasta con el más elemental sentido de proporcionalidad de las cargas. La propuesta es una clara aceptación que el impuesto a la renta es un desincentivo a la promoción de inversión y empleo, por lo menos formal, por lo que si cumpliéramos con los principios expuestos, se aboliría dicho impuesto de manera general.
Mario E. Archila M.
Entrada publicada originalmente en RepúblicaGt
 

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Mejorar la recaudación

En la última semana he oído varias declaraciones sobre cómo SAT y el gobierno central buscan mejorar la recaudación. La cosa es más sencilla de lo que pensamos y más compleja de lo que quisiéramos. Sin embargo hay un par de temas que nunca salen en estas declaraciones y caemos en el común problema de mal enfoque.

Como el tema es que la recaudación está baja, las declaraciones y propuestas que salen son para “mejorar” dicha recaudación. La baja recaudación, entonces, se enfoca como el problema. El problema rara vez es la baja recaudación, sino la mala utilización de los recursos.

La recaudación debe ser “conforme a las necesidades del Estado”, según indica el artículo 239 de la Constitución. Es así que la recaudación responde a dichas necesidades. El punto inicial de las preocupaciones fiscales, por tanto, debe ser “¿Para qué necesitamos dinero?” La respuesta debe ser analizada para descubrir si lo que se plantea SON o no necesidades del Estado.

El Estado nace para proteger esferas de Derechos de los ciudadanos. Es así, por ejemplo, que los Estados modernos resultan de textos preconstitucionales que limitaron los poderes de los reyes. El sistema de gobierno del primitivo Israel, fue uno de jueces. Sin “reyes”. Es así que vemos en documentos históricos que los gobernantes han sido limitados para permitir a los individuos mantener y proteger sus esferas de derechos. Es así que la primera constitución moderna, la Federal Americana, se crea para garantizar lo que los colonos consideraban SUS derechos básicos de Vida, Propiedad y Búsqueda de la propia felicidad. Derechos que para ellos eran “inalienables” y “autoevidentes”. Para este siglo XXI, ya no son tan inalienables ni autoevidentes a la luz de las distorsiones lingüísticas que se han incorporado durante los últimos 200 años.

De esos tres derechos básicos, el que llama la atención para determinar cuáles son las necesidades del Estado, es el tercero: La búsqueda de la propia felicidad. Este derecho engloba la totalidad de visiones que podríamos tener sobre los fines del ser humano y a la vez es una definición que permite orientar el rumbo de un gobierno. La felicidad se define “subjetivamente” pues es “propia”. De ello, por tanto, se desprende que cada uno buscará lo que considere SU felicidad y resulta ser un límite y una garantía que los gobernantes deben respetar. Esta definición de “bien común” es la más comprensiva de todas, pues TU FELICIDAD no necesariamente será la mía y si permitimos que un gobernante decida cuál es la felicidad que vale la pena, no será una “felicidad” común a todos. No será un “bien común”, será únicamente el bien de alguno en particular, inhibiendo a los demás de la búsqueda de su propia felicidad.

Esta discusión es la inicial. Esta discusión nos llevará a estar de acuerdo en algunas funciones esenciales del Estado que deberemos tener como prioritarias. Es así que el Estado existe para proteger los fines que cada uno se traza, evitando que otros, incluso el propio Estado, interfieran en ellos. Tenemos así claro que ninguna persona, incluso el Estado, podrá realizar acciones contra la vida o la propiedad de otro. Tampoco acciones que interfieran con sus fines comerciales, personales, religiosos, etc.

Es así que debemos preguntarnos si es lícito que se emprendan acciones gubernamentales con el único fin de cobrar más tributos, pues aparentemente, todo el aparato recaudador del Estado es una grave interferencia en los fines propios de cada uno de nosotros.

He allí donde empezamos a encontrar las causas de las caídas en la recaudación de algunos impuestos. El hecho de pagar impuestos implica que se aumenten los costos de buscar la felicidad propia. Es así que al aumentar los costos, aumenta también el incentivo para encontrar formas de evitarlos. Unas más ingeniosas que otras y unas tan simples como el hecho de no inscribirse, siquiera, en SAT. Es decir, el comercio informal. La informalidad no llega a los niveles enormes que tiene en Guatemala, en países que son muy libres en sus relaciones comerciales.

La creación de nuevas normas de control, de nuevos procedimientos, de mayores requerimientos legales, no ayuda a que cada uno logre “su propia felicidad”. Es así que ya hemos empezado a ver que medidas como las intervenciones de Aduanas no lograron aumento en recaudación, sino que, por el contrario, baja la misma.

La economía ha establecido que el aumento de tarifas impositivas (deberé decir, del costo total de tributar) no implica que haya un aumento en la recaudación. Laffer hizo su famosa curva, determinando que llega un punto en el que un aumento de tarifa disminuye la recaudación total. Siempre se discute si estamos a la izquierda (se puede subir la tarifa sin ver el efecto negativo) o a la derecha de dicha curva. Creo que es obvio que en Guatemala estamos a la derecha de la curva, pues el 70% de las personas se niega a pagar impuestos. Esto implica que se percibe que el costo de tributar es ya más alto que el beneficio.

En el tema de “las necesidades del Estado”, por tanto, lo importante es considerar que mientras no haya inversión y gasto en lo prioritario (permitir la búsqueda de la felicidad de cada cual) sino que haya utilización del gasto público con fines electorales o privilegiantes, la población en general se resistirá al pago de cualquier exacción que pretenda el Estado. Es así que no podrá encontrarse legislación tributaria que permita llegar a las metas deseadas de recaudación, ya que el problema en sí no es la recaudación, sino el gasto.

Por otro lado, al crear programas que benefician a unos sobre otros, se crean privilegios y la población se resentirá al ver que el aparato Estatal perjudica más de lo que ayuda, pues las metas de esos “perjudicados” son mucho más que las metas de los pocos beneficiados. La limpieza de los programas y actividades estatales que están reflejadas en el presupuesto debe realizarse. No podemos continuar con programas de regalar cosas, dinero, comida, becas, juegos mecánicos, fiestas, construcciones de cosas innesarias para la población específica y hasta cosas como malos servicios de educación y salud -con los que yo no estoy de acuerdo, pero puedo aceptar que los tengamos. Tampoco es posible buscar presionar por más recaudación si la percepción de corrupción es tan alta. Una administración tributaria haciendo terrorismo, tratando a todos de delincuentes y muy lejos del cumplimiento de la ley, mientras vemos que contrata oficinas de millones de quetzales, mientras el famoso edificio de Finanzas Públicas está medio desierto.

Yo todavía no concibo cómo es que SAT tiene casi el mismo presupuesto que el Organismo Judicial. No me resulta comprensible cómo es que se pretende gastar tanto más en el ente que cobra impuestos, pero no se gasta ni la mitad en la contraloría de cuentas ni se invierte en los tribunales de justicia a los niveles que corresponde.

Creo que es hora de empezar a plantearse cómo sería un país en el que cada 100,000 habitantes cuenta con 1 tribunal de instancia civil y mercantil; por cada homicidio por cada 100,000 habitantes, hay un tribunal de instancia penal. Cada sala de apelaciones no ve más de 2 tribunales de instancia en apelación y la Corte Suprema revisa procesos de incidencia, únicamente, y su jurisprudencia es acatada. Estos procesos, no importa qué, no deberían exceder desde su inicio hasta su última fase en casación de 3 años.

Ahora veamos qué inversión requerimos y reorientemos el presupuesto en ese sentido, eliminando lo más superfluo, hasta que logremos tribunales capaces y aparatos de investigación suficientes. Una vez cumplido eso, iniciemos a ver si gastamos para otros menesteres, fortaleciendo la rendición de cuentas y control del gasto público.

 

Mario E. Archila M. 

 

 

 

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