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Archivo de la categoría: Reforma Tributaria

Problemática de la llamada Ley de Inversión

¿Servirá la ley? Eso me pregunta la gente muy frecuentemente. Mi respuesta es que probablemente no.
En la profundidad de dicha ley, no obstante, podemos decir mucho más. Es una ley que ignora principios básicos que sustentan un Estado de Derecho, por tanto, una república en su mejor sentido.
El Estado de Derecho se erige sobre la base de la igualdad ante la ley, como uno de sus fundamentos. Diría que el principal.
En el caso de estas famosas leyes de fomento de cualquier cosa, este principio siempre se ve anulado, roto, ignorado. Esta propuesta de ley, ahora, busca “incentivar” y promover la inversión en el país. Se dice que porque ya el resto de países Centroamericanos tienen legislación similar. Dice el adagio que el error no es fuente de Derecho. En nuestros países, el error es fuente de privilegios.
Tributariamente, el principio de igualdad, como lo expresa la Corte de Constitucionalidad en innumerables fallos, implica que a igual capacidad de pago, igual tributación y a mayor capacidad de pago, mayor tributación.
Es así que esta “fabulosa ley” otorga el “incentivo” de no pagar impuesto para inversiones “nuevas” y de cierto tamaño -US$800,000-. Es así que cualquier emprendimiento nuevo de menor tamaño, como los que realizan aproximadamente el 60% de la población (economía hoy “informal”) y las PYMES formales, no podrán siquiera optar por calificar.
He allí que el incentivo aplica a empresa con capacidad financiera muy por encima de la media del empresario guatemalteco. Su capacidad de pago, por tanto, mucho mayor, pero no pagará impuesto sobre la renta. ¿Y el principio de igualdad y capacidad de pago?
Otro principio básico de la tributación en un sistema de Derecho, es el de generalidad. Dicho principio indica que todos estamos llamados a contribuir a las cargas públicas conforme a nuestra capacidad de pago. El principio implica la obligación de contribuir y a su vez impone la limitante a los gobiernos que no pueden decretar exenciones salvo en el caso de incapacidad de pago. Es decir, el principio veda la concesión de privilegios por raza, credo, afiliación, clase, pero admite las exenciones por razones de capacidad de pago.
Acá se exime a grandes capitales, por lo que no es una exención dada en atención a la capacidad de pago.
De lo anterior, por tanto, debemos preguntarnos si puede calificarse esta ley como “justa”. Nuestra Constitución Política en el artículo 243 obliga al Congreso a establecer un sistema tributario justo y equitativo y para ello le ordena que las cargas se decreten conforme al principio de capacidad de pago. Hemos ya esbozado los principios básicos de la justicia tributaria, mismos que son flagrantemente violados por esta ley. Es así que no podemos calificar la ley de justa, bajo ninguna perspectiva. Tampoco podemos sostener que la ley ayuda a hacer un sistema justo.
Lo que sí podemos asegurar es que viola principios fundamentales, otorga beneficios y rompe hasta con el más elemental sentido de proporcionalidad de las cargas. La propuesta es una clara aceptación que el impuesto a la renta es un desincentivo a la promoción de inversión y empleo, por lo menos formal, por lo que si cumpliéramos con los principios expuestos, se aboliría dicho impuesto de manera general.
Mario E. Archila M.
Entrada publicada originalmente en RepúblicaGt
 

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Mejorar la recaudación

En la última semana he oído varias declaraciones sobre cómo SAT y el gobierno central buscan mejorar la recaudación. La cosa es más sencilla de lo que pensamos y más compleja de lo que quisiéramos. Sin embargo hay un par de temas que nunca salen en estas declaraciones y caemos en el común problema de mal enfoque.

Como el tema es que la recaudación está baja, las declaraciones y propuestas que salen son para “mejorar” dicha recaudación. La baja recaudación, entonces, se enfoca como el problema. El problema rara vez es la baja recaudación, sino la mala utilización de los recursos.

La recaudación debe ser “conforme a las necesidades del Estado”, según indica el artículo 239 de la Constitución. Es así que la recaudación responde a dichas necesidades. El punto inicial de las preocupaciones fiscales, por tanto, debe ser “¿Para qué necesitamos dinero?” La respuesta debe ser analizada para descubrir si lo que se plantea SON o no necesidades del Estado.

El Estado nace para proteger esferas de Derechos de los ciudadanos. Es así, por ejemplo, que los Estados modernos resultan de textos preconstitucionales que limitaron los poderes de los reyes. El sistema de gobierno del primitivo Israel, fue uno de jueces. Sin “reyes”. Es así que vemos en documentos históricos que los gobernantes han sido limitados para permitir a los individuos mantener y proteger sus esferas de derechos. Es así que la primera constitución moderna, la Federal Americana, se crea para garantizar lo que los colonos consideraban SUS derechos básicos de Vida, Propiedad y Búsqueda de la propia felicidad. Derechos que para ellos eran “inalienables” y “autoevidentes”. Para este siglo XXI, ya no son tan inalienables ni autoevidentes a la luz de las distorsiones lingüísticas que se han incorporado durante los últimos 200 años.

De esos tres derechos básicos, el que llama la atención para determinar cuáles son las necesidades del Estado, es el tercero: La búsqueda de la propia felicidad. Este derecho engloba la totalidad de visiones que podríamos tener sobre los fines del ser humano y a la vez es una definición que permite orientar el rumbo de un gobierno. La felicidad se define “subjetivamente” pues es “propia”. De ello, por tanto, se desprende que cada uno buscará lo que considere SU felicidad y resulta ser un límite y una garantía que los gobernantes deben respetar. Esta definición de “bien común” es la más comprensiva de todas, pues TU FELICIDAD no necesariamente será la mía y si permitimos que un gobernante decida cuál es la felicidad que vale la pena, no será una “felicidad” común a todos. No será un “bien común”, será únicamente el bien de alguno en particular, inhibiendo a los demás de la búsqueda de su propia felicidad.

Esta discusión es la inicial. Esta discusión nos llevará a estar de acuerdo en algunas funciones esenciales del Estado que deberemos tener como prioritarias. Es así que el Estado existe para proteger los fines que cada uno se traza, evitando que otros, incluso el propio Estado, interfieran en ellos. Tenemos así claro que ninguna persona, incluso el Estado, podrá realizar acciones contra la vida o la propiedad de otro. Tampoco acciones que interfieran con sus fines comerciales, personales, religiosos, etc.

Es así que debemos preguntarnos si es lícito que se emprendan acciones gubernamentales con el único fin de cobrar más tributos, pues aparentemente, todo el aparato recaudador del Estado es una grave interferencia en los fines propios de cada uno de nosotros.

He allí donde empezamos a encontrar las causas de las caídas en la recaudación de algunos impuestos. El hecho de pagar impuestos implica que se aumenten los costos de buscar la felicidad propia. Es así que al aumentar los costos, aumenta también el incentivo para encontrar formas de evitarlos. Unas más ingeniosas que otras y unas tan simples como el hecho de no inscribirse, siquiera, en SAT. Es decir, el comercio informal. La informalidad no llega a los niveles enormes que tiene en Guatemala, en países que son muy libres en sus relaciones comerciales.

La creación de nuevas normas de control, de nuevos procedimientos, de mayores requerimientos legales, no ayuda a que cada uno logre “su propia felicidad”. Es así que ya hemos empezado a ver que medidas como las intervenciones de Aduanas no lograron aumento en recaudación, sino que, por el contrario, baja la misma.

La economía ha establecido que el aumento de tarifas impositivas (deberé decir, del costo total de tributar) no implica que haya un aumento en la recaudación. Laffer hizo su famosa curva, determinando que llega un punto en el que un aumento de tarifa disminuye la recaudación total. Siempre se discute si estamos a la izquierda (se puede subir la tarifa sin ver el efecto negativo) o a la derecha de dicha curva. Creo que es obvio que en Guatemala estamos a la derecha de la curva, pues el 70% de las personas se niega a pagar impuestos. Esto implica que se percibe que el costo de tributar es ya más alto que el beneficio.

En el tema de “las necesidades del Estado”, por tanto, lo importante es considerar que mientras no haya inversión y gasto en lo prioritario (permitir la búsqueda de la felicidad de cada cual) sino que haya utilización del gasto público con fines electorales o privilegiantes, la población en general se resistirá al pago de cualquier exacción que pretenda el Estado. Es así que no podrá encontrarse legislación tributaria que permita llegar a las metas deseadas de recaudación, ya que el problema en sí no es la recaudación, sino el gasto.

Por otro lado, al crear programas que benefician a unos sobre otros, se crean privilegios y la población se resentirá al ver que el aparato Estatal perjudica más de lo que ayuda, pues las metas de esos “perjudicados” son mucho más que las metas de los pocos beneficiados. La limpieza de los programas y actividades estatales que están reflejadas en el presupuesto debe realizarse. No podemos continuar con programas de regalar cosas, dinero, comida, becas, juegos mecánicos, fiestas, construcciones de cosas innesarias para la población específica y hasta cosas como malos servicios de educación y salud -con los que yo no estoy de acuerdo, pero puedo aceptar que los tengamos. Tampoco es posible buscar presionar por más recaudación si la percepción de corrupción es tan alta. Una administración tributaria haciendo terrorismo, tratando a todos de delincuentes y muy lejos del cumplimiento de la ley, mientras vemos que contrata oficinas de millones de quetzales, mientras el famoso edificio de Finanzas Públicas está medio desierto.

Yo todavía no concibo cómo es que SAT tiene casi el mismo presupuesto que el Organismo Judicial. No me resulta comprensible cómo es que se pretende gastar tanto más en el ente que cobra impuestos, pero no se gasta ni la mitad en la contraloría de cuentas ni se invierte en los tribunales de justicia a los niveles que corresponde.

Creo que es hora de empezar a plantearse cómo sería un país en el que cada 100,000 habitantes cuenta con 1 tribunal de instancia civil y mercantil; por cada homicidio por cada 100,000 habitantes, hay un tribunal de instancia penal. Cada sala de apelaciones no ve más de 2 tribunales de instancia en apelación y la Corte Suprema revisa procesos de incidencia, únicamente, y su jurisprudencia es acatada. Estos procesos, no importa qué, no deberían exceder desde su inicio hasta su última fase en casación de 3 años.

Ahora veamos qué inversión requerimos y reorientemos el presupuesto en ese sentido, eliminando lo más superfluo, hasta que logremos tribunales capaces y aparatos de investigación suficientes. Una vez cumplido eso, iniciemos a ver si gastamos para otros menesteres, fortaleciendo la rendición de cuentas y control del gasto público.

 

Mario E. Archila M. 

 

 

 

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Equivocada la Ministra

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Leo la noticia de Prensa Libre página 35 de hoy, 30 de abril de 2014.

La ministra Castro despotrica contra el sector privado porque la recaudación del ISR se cayó y dice que es culpa de dicho sector porque no cumplió con retirar las acciones de inconstitucionalidad que se plantearon.

A ver, la mesa técnica estuvo a cargo del otro viceministro, no de ella, y el Ministro anterior, así que es osado decir que se llegó a algún acuerdo sin estar segura.
Nunca se llegó a ese acuerdo. La revisión técnica se hizo sobre algunos de los artículos que fueron impugnados, porque se llegó a la conclusión que tenían problemas de interpretación o errores fundamentales evidentes. Eso está en el 19-2013. Otras normas quedaron a la buena interpretación de la Corte de Constitucionalidad, pues no se llegaba a un acuerdo en esa mesa, sobre su constitucionalidad o no.
Mi opinión técnica, por ejemplo, es que los precios de transferencia son inconstitucionales. Eso no está en pugna en los tribunales constitucionales aún, pero sí se llevó, por mí, como un tema y por otros allí presentes. Hubo consenso que no había capacidad aún de aplicarlos. Por ello la prórroga en su vigencia.
Otro tema propuesto por SAT fue la creación de una mesa para proponer una ley que mejorara el mal redactado régimen de pequeño contribuyente.
Véase que a instancias de la vicepresidente, por ejemplo, se eliminó, en una ley que no tiene nada que ver con tributos, el ISR a las propinas, que son una renta, indudablemente y ahora por razones políticas, excluidas de la tributación.

Demuestra también un tanto desconocimiento de parte de la señora viceministra de cómo funciona una acción de inconstitucionalidad, pues lo que se enmendó en el 19-2013 y había sido impugnado, ha quedado sin materia y la Corte de Constitucionalidad dirá en sus sentencias, simplemente, que no hay materia por haber sido modificado el artículo impugnado.

Lo que se sigue discutiendo en esas instancias, por su parte, son los temas que tienen razones de impugnarse. Permitir que un hijo de vecino que se dice auditor de SAT cierre un negocio porque sospecha que se hizo una falta administrativa, que no ha demostrado, es inconstitucional y no es la razón por la que la recaudación bajó. Esa no es una herramienta para aumento de la recaudación. Sigue quedando vigente la posibilidad de demostrar la culpabilidad del infractor y cerrarle el negocio, posibilidad que es igualmente inconstitucional, aunque a veces sí y a veces no ha sido declarado.

¿Por qué bajó la recaudación? Bajó porque está mal hecho el ISR. Eso se dijo desde que se publicó. Acá en este blog hay muchísimos artículos sobre ello.
El 10-2012 no es justo ni equitativo.

Tampoco bajó porque se eliminó la regla por al que artificialmente pretendían cobrar impuesto sobre utilidades no generadas con esa ridícula regla de 97% de gastos como máximo. Eso es tributación de monos, no técnica.
La tributación debe hacerse sobre principios jurídicos no con criterios de aumentar a raja tablas la recaudación.
El problema nunca es la recaudación, siempre es el gasto.
Situación de necesidad artificial creada por ignorantes y nefastos ministros de finanzas que precedieron a la actual ministra y gobernantes que creen que pueden repartir privilegios desde el gobierno. Eso incluye nefastos diputados que utilizan su curul para promover populistas iniciativas como, entre otras muchas, la ley de la tercera edad.
Además hay que entender que se plantearon acciones a casi 80 artículos, de los que el sector privado organizado es responsable de únicamente 25-30, de las que ahora, las planteadas muchas de esas acciones ya fueron dejadas sin materia. Es decir, esos 25-30 artículos ya fueron resueltos una gran mayoría por las cortes o bien, modificados por el 19-2013. Unos resueltos a favor otros en contra. No hay mucho pendiente.

Es así que el problema de la caída de recaudación por la introducción del 10-2012 y el 4-2012 no es de las inconstitucionalidades, sino de la mala calidad que el 4 y 10-2012 contenían.

Señora ministra, no le eche la culpa al sector privado, sino a los que redactaron esos decretos. Si se quiere mejorar la recaudación, sentarse a ver lo que Hong Kong, Letonia, Singapur y Malaysia han hecho en materia impositiva es mejor que seguir oyendo a los gorilas de siempre que han venido asesorando en materia fiscal a los gobiernos desde tiempos de Portillo. Recuerde que el derecho constitucional surge porque los ciudadanos se hartaron de abusos en materia impositiva y eso hizo que se levantaran en revoluciones para limitar el poder del gobernante, empezando por el tributario.

Mario E. Archila

 

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Se va, se va y se fue.

Así estamos con la recaudación. Se fue. Se cayó. Bajó. Kaputt.

El titular de Prensa Libre de hoy 15 de abril explica la caída en el régimen de relación de dependencia respecto al año 2012.
Primero, no es noticia. Ya se sabía. Las tarifas bajaron grandemente. Eso causaría una baja. Pero se dijo que el régimen no aumentaba la base de contribuyentes, sino que los disminuía. Eso también se nota.
El principal punto en la baja es que ahora los empleados no tienen planilla del IVA como crédito al ISR y eso también causa una baja en el resto de los tributos a recaudar. Se perdió una importante fuerza fiscalizadora automática y gratuita. Nadie pide factura pues no le “sirve” y con ello se abren grandes agujeros, principalmente en prestación de servicios, para omitir facturar y con ello omitir el pago del ISR del prestador del servicio. Claro, también es una gran oportunidad para colocar mercadería robada y contrabandeada que no tiene “papeles” en orden desde su origen.

Sin embargo, el mayor problema del régimen de rentas del trabajo está en no permitir una tributación justa. Prácticamente se eliminaron todos los gastos con la absurdamente tonta excusa que se elevó el mínimo vital de Q36,000 a Q48,000.

Es absurdo y tonto pensar que con esa suma se cumple el principio de capacidad de pago, igual tributaria y justicia y equidad.
Imagine que esa suma debe ser suficiente para el contribuyente y el sostenimiento de sus obligaciones morales principales: su familia.
Queda así en evidencia la injusticia, pues se carga de la misma manera a personas con capacidades contributivas distintas. Un soltero, que vive aún con sus padres, tiene la misma deducción que un casado con 3 hijos, mas no tiene sobre sus hombros la misma carga de obligaciones morales encima. El régimen ni siquiera permite deducir medicamentos ni servicios médicos. ¿Justo? Para nada.
No es una cuestión de tarifa. Es una cuestión de estructura y justicia.
La tributación debe estructurarse bajo el principio de capacidad de pago para ser justa y equitativa. Eso implica que deberá considerarse la VERDADERA posibilidad subjetiva del contribuyente para afrontar el pago del adeudo tributario. Eso implica que la depuración de la base debe permitir que se reconozca su personal situación económica. Sin eso, no hay justicia.

Por eso, no es de dudarlo, es que la relación de dependencia es un régimen injusto y la población tendría, por ser inconstitucional su diseño y regulación, el derecho a resistirse a pagarlo.

Mario E. Archila M.

 

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Nueva fecha. Seminario de cierre 2013 y cambios ISR 2014

¿Cómo se hace el cierre 2013 y qué podrá ser ajustado por SAT? Esa pregunta la recibo muy seguido. Por ello, es que preparamos un seminario para ser impartido el jueves 27 de marzo de 2014.
Lugar: Avenida Reforma 8-95 zona 10, of 202 D
Hora: 8am a 12:30pm
Inversión: Q672.00 (Q600 más IVA)

¿Qué cubriremos?

1. Forma correcta de registrar costos y gastos deducibles.
1.1 Contratos. Su uso y criterio de SAT a lo largo del tiempo.
1.2 Documentos legales
1.3 Gastos devengados y su registro y deducibilidad
1.4 Posibles contingencias por operaciones contables
2. Deducción de intereses
2.1 Montos y tasas máximas
2.2 Personas a las que se pagan intereses no deducibles
2.3 Pagos de intereses al extranjero
3. Reavalúo de bienes
4. Impuestos en el pago de dividendos
4.1 Impuesto de los accionistas
4.2 Impuesto de timbres fiscales
4.3 Casos que no deberían ser considerados rentas de capital (capitalización de utilidades, capitalización de deuda)
5. Precios de transferencia
5.1 Aplicación para el 2013
5.2 Obligaciones a cumplir con la declaración 2013
5.3 Obligaciones para 2014
5.4 Obligatoriedad de realizar estudios de precios de transferencia
6. Formalidades a cumplir con la declaración
7. Cambios incorporados en el Decreto 19-2013
8. Rentas de capital
8.1 Cuando hay rentas de capital y cuando no
8.2 Consecuencias en costos y gastos por la obtención de rentas de capital
9. Deducciones por pagos a empleados
9.1 Caso particular de la bonificación incentivo y su tratamiento en el IGSS

Si quiere que incluyamos algunos temas específicos, escríbanos a info@impuestosychocolate.com

Lo espero. No vaya ser que SAT ya le haya programado una visita.

Mario E. Archila M.

 

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¿Hay obligación de tener estudios de precios de transferencia?

La respuesta corta es no.
Hay una publicación de SAT por allí que lo pide para las transacciones del 1 de enero al 20 de diciembre de 2013, sin embargo en ningún momento de la ley se exige tal cosa.
Con la reforma del 19-2013, se suspendió, además, toda la vigencia y aplicación de las normas de los precios de transferencia, que requiere un poco de cabeza para desenmarañar sus implicaciones para el contribuyente y para la SAT misma.

Arribamos al siguiente criterio, principalmente si debe o no contarse con un dictamen o estudio de los denominados precios de transferencia, realizando el estudio de las normas contenidas en el decreto 19-2013 y 10-2012 que crean la confusión.

La norma principal a analizar es el artículo 27, transitorio, del Decreto 19-2013 que establece:
“ARTICULO 27. Transitorio.
Suspensión de la vigencia de las normas especiales de valoración entre partes relacionadas. La vigencia de las normas especiales de valoración entre partes relacionadas contenidas en el Capítulo VI, artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 de la Ley de Actualización Tributaria, Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, quedan suspendidas de su aplicación y vigencia. Dichas normas volverán a tomar efecto y aplicación el día uno (1) de enero del año dos mil quince (2015). No obstante lo anterior, a partir de la vigencia del presente Decreto, la Administración Tributaria podrá requerir información respecto al contenido del referido Capítulo VI, para formar las bases de datos necesarias.”

Esta norma debe tenerse por vigente desde el 21 de diciembre de 2013, pero en concordancia con el artículo 7 del Código Tributario, tal como lo indica el artículo 30 de dicho decreto.

Es así que se nos presenta el cuestionamiento si debe o no requerirse la elaboración de un estudio de precios de transferencia para el año 2013.

De las normas suspendidas en su aplicación y vigencia, debemos distinguir si el efecto de dicha suspensión es posición jurídica del contribuyente o de SAT, o es ya un “derecho adquirido” o si simplemente es una expectativa.
La primera norma importante a considerar es el artículo 55 que otorga facultades a la administración tributaria para comprobar si las operaciones entre partes relacionadas se han valorado conforme a lo dispuesto por el artículo 54 que contiene el principio de libre competencia.
Esta es una facultad que está sujeta a poder hacer los ajustes “cuando la valoración acordada entre las partes resultare en una menor tributación… o diferimiento de imposición” y por tanto debemos comprender que:

Revisar las operaciones es una facultad de la administración;
Puede hacer ajustes a dichas operaciones únicamente cuando el resultado sea una menor tributación en el país.

Por ello concluimos, al tenor del artículo 7 del Código Tributario, que hoy día, la administración no puede aplicar esa norma, es decir, que del 21 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2014, no podrá revisar las operaciones ni hacer los ajustes, ya que al ser una facultad que está suspendida en vigencia y aplicación, durante ese lapso no es posible.

No obstante, luego del 31 de diciembre del 2014, la facultad estará vigente y será aplicable, por lo que debemos considerar la situación del período del 1 de enero de 2013 al 20 de diciembre de 2013, a la luz de las obligaciones tributarias respectivas y la facultad de que gozará la Administración Tributaria desde el 1 de enero de 2015. Con esto en mente, la Administración Tributaria, durante el año 2015, en adelante, podrá revisar las operaciones del año 2013 y aplicar las normas de valoración y el principio de libre competencia, para todas las operaciones del 1 de enero al 20 de diciembre del 2013, pues la norma estuvo vigente.

Esto, sin embargo, es distinto a las obligaciones de presentar documentos que analizamos a continuación:

ARTICULO 65. Principios generales de información y documentación.
Esta norma indica que: “ Son principios generales de información y documentación los siguientes:
1. Los contribuyentes deben tener, al momento de presentar la declaración jurada del Impuesto Sobre la Renta, la información y el análisis suficiente para demostrar y justificar la correcta determinación de los precios, los montos de las contraprestaciones o los márgenes de ganancia en sus operaciones con partes relacionadas, de acuerdo con las disposiciones de este libro.
2. El contribuyente debe aportar la documentación que le requiera la Administración Tributaria, dentro del plazo de veinte (20) días desde la recepción del requerimiento. Dicha obligación se establece sin perjuicio de la facultad de la Administración Tributaria de solicitar la información adicional que considere necesaria para el ejercicio de sus funciones.
3. La información o documentación a que se refieren los dos artículos siguientes de este libro deben incluir la información que el contribuyente haya utilizado para determinar la valoración de las operaciones entre partes relacionadas y estará formada por:
a. La relativa al contribuyente.
b. La relativa al grupo empresarial al que pertenezca el contribuyente.”, y, como relevante, adicionalmente al 66:

B. ARTICULO 67. Información y documentación relativa al contribuyente.
La documentación específica del contribuyente se exige en todos los casos a que se refiere el artículo “Definición de Partes Relacionadas” de este libro y comprende:
1. Identificación completa del contribuyente y de las distintas partes relacionadas con el mismo.
2. Descripción detallada de la naturaleza, características e importe de sus operaciones con partes relacionadas con indicación del método o métodos de valoración empleados. En el caso de servicios, se incluirá una descripción de los mismos con identificación de los distintos servicios, su naturaleza, el beneficio o utilidad que puedan producirle al contribuyente, el método de valoración acordado y su cuantificación, así como, en su caso, la forma de reparto entre las partes.
3. Análisis de operaciones comparables detallado de acuerdo con el artículo “Análisis de Operaciones Comparables” de este libro.
4. Motivos de la elección del método o métodos así como su procedimiento de aplicación y la especificación del valor o intervalo de valores que el contribuyente haya utilizado para determinar el precio o monto de sus operaciones.
5. La documentación referida en este artículo puede presentarse de forma conjunta para todas las partes relacionadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, siempre que se respete el grado de detalle que exige el presente artículo.”

Es así que vemos que estas normas -65 a 67- son normas que cobran aplicación “en el momento de presentación de la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta”, por lo que al 21 de diciembre de 2013, la obligación de presentar dicha información no estaba constituida aún, ya que no había llegado el momento de cumplirla y llegará el momento de cumplir con la obligación de tener disponible dicha información a partir de la exigibilidad de la declaración jurada anual (31 de marzo de 2014). Es por ello que concluimos que no hay obligación legal de tener dicha información disponible, pues la obligación no nace a la vida jurídica debido a la suspensión de la vigencia y aplicación de las normas detalladas, que incluyen, entre otras, la realización y tenencia del análisis de operaciones comparables y justificaciones de la escogencia del método respectivo para valoración entre partes relacionadas.

El artículo transitorio, ya citado, establece la suspensión de la vigencia y aplicación, por lo que aclaramos que consideramos distintos suspender la vigencia que suspender la aplicación. En este caso, la vigencia de la obligación de presentar documentos, nace con el momento de presentación de la declaración anual, por lo que dicha obligación, al no haberse llenado supuestos de aplicación previo a la entrada en vigencia de la suspensión, no constituyó posición jurídica en ninguna de las partes de la obligación tributaria, como tampoco es un derecho adquirido de la administración exigirlo.
Queda a salvo, eso sí, con el único propósito de formar bases de datos, que la administración tributaria pueda requerir información, pero dicha información nace de una norma distinta (el propio artículo transitorio) y con la única finalidad de obtener información para formar bases de datos, no así como la obligación formal exigible que contienen los artículos 65 al 68.

Dicho esto, nuestra conclusión es que:

Por las transacciones del 1 de enero al 20 de diciembre de 2013, la administración podrá realizar ajustes a los precios de transacciones entre partes relacionadas, siempre y cuando inicie las revisiones con posterioridad al 1 de enero de 2015 y siempre que los precios pactados resultaren en una menor tributación en Guatemala.
La documentación que exigen los artículos 65 al 67 del Decreto 10-2012 del Congreso de la República, no es obligatoria, legalmente, producir, tener disponible ni entregar, para el período fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, toda vez que dicha obligación se materializaba con posterioridad a la suspensión de vigencia y aplicación de esas normas, con lo que no constituye posición jurídica ni era derecho adquirido de ninguna parte.

Mario E. Archila M.

 

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La capitalización de utilidades y el ISR

Ha surgido una controversia sobre el criterio de SAT en cuanto a las capitalizaciones de utilidades y su tratamiento como “pago de dividendos” en especie.
Este punto es un claro ejemplo de cómo se confunden situaciones contables con los hechos generadores de impuestos, que son situaciones jurídicas.
La capitalización de utilidades no puede ser pago de dividendos, toda vez que “dividendo” es un concepto jurídico propio.

Lo que deberíamos analizar en una ley tributaria es, precisamente, la definición del Hecho Generador que la misma nos da. La situación contable, por lo tanto, es un indicador de lo que sucedió, mas no es una definición legal del hecho generador.

Es así que en este caso particular, se debe recurrir a la ley para establecer qué es lo que se define como hecho generador. Sin que ocurra tal hecho, es imposible que se hable de la obligación tributaria. Recordemos que el Hecho Generador es el supuesto contenido en la norma cuya ocurrencia da origen a la obligación tributaria.

En el impuesto sobre la renta, por lo tanto, no es el artículo 3 el importante, pues allí está únicamente definido, de manera parcial, el hecho generador. El artículo 3 contiene los elementos objetivos del hecho generador, la riqueza gravable, no así el hecho generador completo. Antes de hacer el análisis de cuáles hechos generadores gravan o podrían gravar la capitalización de utilidades, debemos tener claro que la Constitución de Guatemala posee uno de los principios de legalidad más cerrados de las constituciones modernas, ya que no sólo requiere que el Congreso establezca los tributos, sino que a su vez, obliga y limita a que únicamente el Congreso determine, en ley, las bases de recaudación, dentro de ellas y de manera particular, el Hecho Generador (239 de la Constitución, primer párrafo). Es así que no podemos concluir, bajo ningún punto de vista, que una partida contable o una norma de contabilidad dará lugar a un hecho generador, pues violaría el sistema jurídico-constitucional del país.

Es por ello que al observar el artículo 83 del Decreto 10-2012, claramente vemos que grava la obtención de rentas de capital y el hecho generador en específico está en el artículo 84 que califica como renta de capital mobiliario, el pago de dividendos o utilidades.
La capitalización de utilidades, realmente, es la pérdida de dichas utilidades a favor de la sociedad y el hecho generador es el pago o distribución de dichas utilidades. Dejan de ser utilidades cuando se capitalizan y no hay distribución de las mismas. Se entregan acciones, sin embargo, dichas acciones no son, jurídicamente, pago de dividendos en especie, como lo sería, por ejemplo, que la sociedad decretara dividendos y para pagarlos, a falta de efectivo en caja, distribuyera inventario.
Si lo vemos estrictamente desde la perspectiva de la sociedad, el valor en libros de las acciones no varía, pues se compone de capital pagado, menos perdidas acumuladas, más utilidades retenidas más reserva legal, dividido el número de acciones emitidas. Al hacer la capitalización, el monto de utilidades retenidas pasa a ser parte del capital pagado y el número de acciones emitidas aumenta, pero el valor total del valor en libros que le correspondía al accionista nunca varió.

Es así que la contabilización del lado del accionista no debería afectar si hay o no “dividendos”, sino que la definición legal de dividendos es la que debe marcar la existencia o no de los mismos y por tanto, su contabilización. Es más, los accionistas no serán todos “personas obligadas a llevar contabilidad” ni tampoco, si la llevaran, tendrán la misma forma de contabilizar sus inversiones, por lo que no puede ser un elemento el criterio para establecer si se paga o no el impuesto. Recordemos que en materia tributaria, únicamente la capacidad de pago es relevante al momento de determinar los hechos generadores y su alcance. 2 accionistas de la misma sociedad deberían de tributar por el mismo hecho, independientemente de su forma de llevar contabilidad o causaríamos una injusticia. Sólo imagine lo injusto que será si hay accionistas corporativos y accionistas personales. Los corporativos pagarán el tributo mientras que los otros no, pues los primeros registran su inversión a costo adquisición mientras que los individuales únicamente reciben acciones a cambio de su valor en libros.
Es así que si el hecho generador es distribución de dividendos o utilidades, imposible resulta que por analogía se equipare la capitalización de utilidades, que es una operación distinta, a dicho hecho generador. De hacerlo, como se mencionó, habría dos inconstitucionalidades:

1. Violación a la igualdad tributaria,
2. Violación al principio de legalidad por utilizar analogía para crear un hecho generador.

Mario E. Archila M.

 

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Impuesto a los Informales

Me invitaron a Canal Antigua a platicar del tema. Así me entero que hay una propuesta para gravar a los informales, emanada de la Vicepresidenta, con Q150… Todavía no sabemos si mensual o anual… Pero hay una declaración sobre la idea con visos de intención.

Me parece grave que se tiren y filtren esas declaraciones así como así. Principalmente porque el problema de la economía informal no se arregla con “hacerlos pagar impuestos” así, a leño. La formalidad tiene costos que son cada vez más difíciles de cubrir. Costos que son poco cuantificables. Así tenemos el tiempo de hacer los trámites, la probabilidad de revisiones, cobros, sanciones, etc.

Guatemala, en cuanto a estructura de sistemas “simples”, tiene de los mejores… Considerados aisladamente. Es así que tenemos un sistema que era casi perfecto: 5% sobre ingresos para efecto del ISR. Un IVA con tarifa única y sin productos diferenciados o exentos. Estos sistemas fueron modificados del 2004 para acá de manera que ya no son tan simples ni sencillos y con el voraz apetito de los gobiernos, se presiona a la Administración Tributaria a buscar hasta debajo de las piedras recursos. Esto logra reventar en fiscalizaciones continuas sobre quienes ya tributan, con criterios, muchas veces, rebuscados.

Se incluyen sanciones como “cierre de establecimiento” por la simple sospecha de no haber emitido una factura, lo que representa un costo altísimo, pues podría verse alguien impedido de realizar su actividad económica por hasta 10 días o perder su “patente de comercio”. Esta eventualidad es un costo que se suma, no cuantificable, pues es contingente, pero existente.

El tiempo, que mencionaba arriba, surge en las propias ventanillas de SAT y registros públicos. Para inscribirse como comerciante, hay que demostrar dirección con requisitos de ventanilla -contrato de arrendamiento, recibo de agua, luz o teléfono, certificación de propiedad- de forma que el que pretende su inscripción tenga título sobre la dirección. Adicionalmente, se exige la presentación del DPI y la formalidad de grabar su huella digital y foto en el registro Tributario Unificado. Todo esto aumenta el costo, pues el interesado debe acudir personalmente a la ventanilla. Ya no se aceptan “tramitadores” y en caso de no tener tiempo, debe utilizarse un mandato (que cuesta unos Q1,000 en el mercado notarial escriturar y registrar).

Hacer las colas y trámites, para un informal, implica, muchas veces, dejar de percibir los alimentos del día o bien dejar de producir la ganancia de la semana.

El problema son burócratas que rayan en la ignorancia y se disparan criterios irresponsablemente sustentados en micos aparejados. En el Registro Tributario Unificado, toda esta tecnología de seguridad de identidad es irrelevante.

Voy a usar un único ejemplo. El Código Tributario indica que es contribuyente quien actualice los supuestos contenidos en la norma generadores de tributos, PRESCINDIENDO DE SU CAPACIDAD LEGAL según el derecho común.

Es así que una persona puede ser contribuyente por el hecho que realiza actividades para las que su edad no le otorga capacidad legal. Imaginemos, que se emplea como “Técnico en Botánica a domicilio”, alias jardinero, pues, pero tiene 13 años de edad. Según la ley del IVA, es un servicio. Por tanto se genera el impuesto. No entrega factura porque no logra obtener un NIT porque en SAT le dicen que como es menor de edad y no tener obligatoriamente un NIT, no se puede.

El Código Tributario indica que aún y cuando el Código Civil (derecho común) no le otorgue dichas capacidades, él es contribuyente. Se registra (vea el 120 del Código Tributario) indicando, declarando, cuál es su nombre (nombres y apellidos), no que deba probar dicha identidad con documento alguno, ya que no es relevante para efectos de pago de tributos, y señalará la dirección que establecerá como domicilio fiscal. Es una declaración ante autoridad. Tiene efectos y no puede la administración tributaria tratar a los contribuyentes de “mentirosos” y exigir prueba de todo lo que le declaran.

Es así que por esta circunstancia, su técnico en botánica no le entrega factura. Ni siquiera de pequeño contribuyente…

 

 

Mario E. Archila M.

 

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Seminario ISR: 10-2012 y 19-2012

Archila y Asociados cumple 50 años de fundación en febrero. Para celebrar, lo invitamos a nuestra fiesta de cumpleaños, con un seminario.

¿De qué trata el Seminario?

Buscaremos resolver dudas

Este seminario está diseñado para resolver dudas sobre la aplicación del Impuesto Sobre la Renta, para el año 2013 y lo que nos cambió para el 2014 por el 19-2013.

No es un seminario de “contabilidad fiscal”, sino de criterios de aplicación, posibles ajustes e interpretación que puede uno prever SAT tendrá sobre la normativa.

Después del seminario usted sabrá qué hacer con la declaración 2013 y cómo ajustar sus procesos, políticas y decisiones financieras a la normativa vigente según las reformas del 19-2013.

Utilizaremos jurisprudencia reciente y ajustes que aún se discuten, para traspolar los criterios de SAT a la ley actual.

Nuestra mayor preocupación es que usted sepa que el texto de la ley ya representa ideas preconcebidas por la Administración Tributaria que son distintas a las sentencias pasadas y las instituciones vigentes del Derecho Tributario.

CelebrEmos

Ya son 50 años

Además de ser un seminario, con la mayor cantidad de información posible, es también una fiesta.

Archila & Asociados cumple 50 años de prestar servicios legales, sobre todo en el área de Defensa Tributaria.

Celebramos que llevamos 50 años protegiendo su dinero de criterios erróneos de las administraciones tributarias. 

¿Cómo celebramos? 

El seminario es gratuito, pero nos puede regalar 

Sí, como lo oye. Este seminario es gratuito únicamente el 6 de febrero de 2014. Luego, quizás, lo volverá a tener a un costo de Q780 como parte de nuestro programa de educación.

En el seminario tendremos, adicionalmente, una pequeña reseña de lo que han sido estos 50 años.

¿Sabía usted que la ley del Impuesto Sobre la Renta nación en Guatemala en el año 1963, meses antes de que Archila & Asociados iniciara su vida con su fundador, Luis Arturo Archila?

Le contaremos algunas otras historias.

En los cumpleaños se acostumbra recibir regalos, le pido nos regale su presencia y su apoyo, haciendo una donación al Club Rotario Las Américas. Sugerimos alrededor de Q300 por persona que asista. Estas donaciones serán utilizadas para las obras sociales de Club Rotario como el Hospital Moore en la zona 1, que atiende jornadas médicas pediátricas, con millones de quetzales de presupuesto anual; el Hospicio San José y sus más de 80 niños VIH positivo; Camino Seguro y su proyecto en el basurero para darle educación, alimentación y futuro a los niños que habitan en las inmediaciones del basurero.

El Club le dará un recibo que es deducible del ISR, tal como lo sería pagar por la capacitación, pero para una muy buena obra.

Temas puntuales

El contenido

Marco conceptual

  1. Rentas afectas
    1. Actividades lucrativas
    2. Del trabajo
    3. Del capital y ganancias de capital
  2. Residentes
  3. Regímenes
    1. Actividades lucrativas
      1. Utilidades
        1. Énfasis en los gastos deducibles y sus requerimientos
      2. Opcional simplificado
        1. Retención y pago directo
    2. Del trabajo
      1. Declaración inicial 
      2. Retención
      3. Planilla IVA
    3. Del capital
      1. Formas y tarifas
      2. Ganancias de capital
      3. Revaluación de inmuebles
      4. Ganancias de capital en acciones
      5. Casos confusos
  4. Partes relacionadas y “precios de transferencia”
    1. ¿Qué debo hacer para el período 2013?
    2. ¿Qué hago en el 2014?
  5. Casos de no residentes
    1. Intereses a bancos y personas extranjeras
  6. Algunas sentencias interesantes
    1. Pago de dividendos
      1. ¿Timbre, 5% de ISR?
    2. Diferencial cambiario

Llame al 23788484 y anótese. Se llenará muy rápido.

 

Mario E. Archila

 

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Rentas de capital… ¿O no?

Una recurrente pregunta será si algo es o no una renta de capital o una renta regida por otra “cédula” en el Impuesto Sobre la Renta contenido en el 10-2012.

La duda, más que razonable, proviene de la misma redacción de la ley. Evidentemente chocan criterios económicos, contables y legales en el uso del lenguaje para establecer las distinciones, mas no podemos perder de vista que estamos frente a leyes y es el campo del derecho tributario resolver el conflicto.

Es así que la interpretación de cualquier norma tributaria debe hacerse a la luz de los principios constitucionales, de los contenidos en el Código Tributario y los contenidos en las leyes específicas.

El primer principio a aplicar en materia tributaria es el de legalidad. El establecimiento del tributo y sus bases deben estar contenidas en ley. Se desprende de ello que hechos generadores y su tipificación, deben contenerse en ley. Luego que por vía de la analogía no se pueden crear hechos generadores de tributos. También aplica a exenciones y demás bases de recaudación. Es así que el primer paso es aplicar el artículo 2 del Código Tributario en cuanto a las fuentes del Derecho Tributario. Las disposiciones constitucionales van en primer lugar y son las de mayor jerarquía. Siguen las leyes y tratados y por último los reglamentos. El artículo 239 de la Constitución es el que contiene el principio de legalidad.

El artículo 3 del Código Tributario exige la emisión de una ley para decretar tributos, otorgar exenciones, entre otros, por lo que primero hay que ubicar la norma legal aplicable.

En el 10-2012, el artículo 4 contiene las definiciones de “rentas afectas”, lo que deducimos de la frase “independientemente que estén gravadas o exentas”, y en conjunto con el artículo 3 que define como “afectas” las rentas obtenidas en el territorio nacional y por tanto, en el Artículo 4 se hace la categorización de “rentas de fuente guatemalteca”.

Así es que encontramos las definiciones de rentas de actividades lucrativas, las de rentas del trabajo y las rentas de capital.

Desgraciadamente, como opinión personal, este artículo no contiene una definición que excluya directamente unas de otras y causa, por tanto, confusiones en el transcurso de la ley.

Es así que resulta muy sencillo colocar una renta de capital como renta de actividad lucrativa viendo únicamente el artículo 4 o bien, viendo únicamente el hecho generador, contenido en el artículo 10, de las rentas de actividades lucrativas: “Constituye hecho generador del Impuesto Sobre la Renta regulado en el presente título, la obtención de rentas provenientes de actividades lucrativas realizadas con carácter habitual u ocasional por personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios que se especifican en este libro, residentes en Guatemala.

Se entiende por actividades lucrativas las que suponen la combinación de uno o más factores de producción, con el fin de producir, transformar, comercializar, transportar o distribuir bienes para su venta o prestación de servicios, por cuenta y riesgo del contribuyente. (…)”

Esta definición me parece muy “curiosa”, toda vez que las rentas de actividades lucrativas estaban definidas en el artículo 4. Ahora, con esta definición en el hecho generador, se crean temas interesantes, especialmente si vemos que las rentas pueden ser “habituales u ocasionales”. Esto causa un conflicto frontal con la definición usual de ganancia de capital, pues ella se da por la venta de activos que no son del “comercio usual” del contribuyente.

También nos encontramos que si la actividad lucrativa, como la define el artículo 10 -Hecho Generador- es la combinación de uno o más factores de producción, así como “capital y empleo”, los servicios financieros son rentas que generan obligación tributaria en este régimen (Actividad lucrativa). La venta de bienes al crédito, por ejemplo, generará habitualmente intereses, por lo que está generando obligación tributaria ya que es hecho generador de este régimen.

Por su lado, las rentas de capital se describen, artículo 4, como “… las derivadas del capital y de las ganancias de capital, percibidas o devengadas en dinero o en especie, por residentes o no en Guatemala…” y entre el listado particular aparecen:

1. Dividendos y utilidades;

2. Intereses o rendimientos;

3. Regalías;

4. Rentas provenientes de bienes muebles o inmuebles (supongo que esto quiere decir precios por arrendamientos, pues el concepto renta es distinto dentro de la ley);

5. Ganancias de capital por la venta de acciones o títulos o participaciones, con varias calificaciones de afectación;

6. Rentas de capital derivados de la transmisión de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio nacional;

7. Los premios de loterias, juegos, rifas y demás;

8. Incorporación al patrimonio del contribuyente residente de bienes, que no estén gravadas por otro impuesto directo.

Es así que la definición de “Actividades Lucrativas” incorpora todos los supuestos de afectación de las rentas y ganancias de capital, ya que, obviamente, todos los supuestos detallados derivan de la “combinación de uno o más factores de producción”. Esos factores, tradicionalmente, son el capital y la mano de obra o el trabajo. Recibo intereses porque tengo algún capital trabajando para mi, ya sea en depósitos o bien por haber prestado dinero. Recibo ingresos porque vendí, habitual u ocasionalmente, un bien.

La escogencia del leguaje causa muchas dudas. La distinción usual, para estos casos, sea mejor colocarla en la habitualidad de la realización que causa esos ingresos. Veamos así que resulta una renta de capital la obtención de una regalía por uso de marcas o patentes de invención. Sin embargo, esas rentas de capital pueden ser catalogadas como “rentas de actividades lucrativas” pues es una renta que habitualmente obtiene un contribuyente que se dedica a la explotación de derechos sobre marcas o patentes de invención y no tiene otra razón de ser. Sus inversiones son para generar marcas, crearles reputación, mercadearlas y luego vender derechos de uso de las mismas. Una compañía que crea personajes e historietas; una compañía que es la dueña del know how de un negocio que se comercializa con sus marcas, como sería cualquiera de los restaurantes de cadenas que todos conocemos. ¿Es una renta de capital? Ambos hechos generadores los incluyen. ¿Cómo resolvemos el conflicto?

La norma que debería servir de parámetro para responder es el 15: “Las rentas de capital y las ganancias de capital, se gravan separadamente de conformidad con las disposiciones del Título IV de este libro.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no es de aplicación a las rentas de capital mobiliario, ganancias de capital de la misma naturaleza, ni a las ganancias por la venta de activos extraordinarios obtenidas por bancos y sociedades financieras, ni a los salvamentos de aseguradoras y afianzadoras, sometidas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, las cuales tributan conforme las disposiciones contenidas en este título. También se exceptúan del primer párrafo, y deberán tributar conforme las disposiciones contenidas en este título, las rentas del capital inmobiliario y mobiliario provenientes del arrendamiento, subarrendamiento, así como de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles y muebles, obtenidas por personas individuales o jurídicas residentes en Guatemala, cuyo giro habitual sea dicha actividad.”

Considero que el artículo 15 no hace del todo bien su trabajo, pues crea dos excepciones, mismas que son aplicables únicamente cuando uno se enfrenta a “rentas de capital” puramente. El primer problema es que las rentas de capital no están definidas de forma inequívoca y los elementos definitorios que tienen las rentas de actividades lucrativas también le aplican a los conceptos de rentas de capital. El artículo 15 está redactado como si unívocamente fueran rentas de capital que serán “absorbidas” como rentas de actividades lucrativas en este régimen, si se llena el requisito allí dado, en los varios casos exceptuados. Por lo que podríamos pensar que la interpretación de la norma es también que lo que está catalogado como “renta de capital”, salvo la excepción, tributará únicamente como renta de capital. Lástima que la redacción no sea clara, pues técnicamente, aunque haya exención, causa doble obligación tributaria. Una como renta exenta y otra como renta gravada.

Este punto, la exención y causación del tributo, sin embargo, también ocasiona problemas, que espero tratar más adelante en este medio.

Ahora, el tema, según el artículo 15, se centra en determinar si es el giro habitual dicha actividad o no. Regresamos, por tanto, a un concepto jurídico.

Se ha escuchado que la Administración Tributaria pretende que “giro habitual” sea equivalente a “actividad principal” como la define el Código Tributario en el Artículo 120 en cuanto a ser la actividad por la que el contribuyente obtuvo más del cincuenta por ciento de sus ingresos en el período anterior. Es claro que los conceptos son totalmente distintos. “Giro habitual” se refiere a la frecuencia de realización de una actividad, mientras que “actividad principal” se refiere al volumen de facturación. Obviamente no podrán ser equivalentes.

El giro responde a las actividades que una empresa lleva a cabo cada momento. Ahora bien, “actividad principal” en el sentido definido por el Código Tributario se refiere al volumen de facturación. Es así que será la actividad principal aquella por la que factura más del 50% de los ingresos del año.

Veamos así que un contribuyente puede realizar habitualmente -todos los días- venta de dulces y chicles. Es decir, tiene una empresa abierta por la que vende esos bienes habitualmente. También es propietario de 2 locales comerciales que da en arrendamiento desde hace 5 años, por los que cobra mensualmente una renta y, por último, es un excelente fotógrafo y cobra por sus servicios de fotógrafo, actividad que se desarrolla usualmente, por razones de los eventos que cubre, en Semana Santa y Navidad. De lo anterior se desprende que giro habitual será la tienda de dulces y el arrendamiento de los locales; mientras que la actividad menos “habitual” es la de fotógrafo. Pero, ¿qué tal si factura 60% de sus ingresos al año por su actividad de fotógrafo, ya que es tan famoso que puede darse el lujo de trabajar sólo esos meses al año, y de vez en cuando, mientras que las otras 2 actividades que realiza son habituales, pero facturan únicamente 40% del total?

Dicho esto, es importante tener claro que la ley habla de “giro habitual” y no de volumen de facturación para distinguir el régimen, pero no es sencillo, en el caso de los arrendamientos del ejemplo, ya que no tenemos un parámetro claro de cómo medir dicha habitualidad. Sabríamos, en este caso, que el contribuyente como actividad principal tendrá en el RTU registrado “Servicios personales”, pero, ¿aceptará SAT que los arrendamientos pagan conforme a las rentas de actividades lucrativas y no como rentas de capital inmobiliario?

Mario E. Archila M. 

 

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