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Archivo de la categoría: Ley del Impuesto Sobre la Renta

La culpa de la baja recaudación

Leo la noticia que SAT culpa al sector comercial (sector privado) de la baja recaudación. Usted puede leer la noticia acá: http://www.elperiodico.com.gt/es/20140819/economia/553/SAT-culpa-a-sector-comercial-de–la-baja-recaudación-por-no-facturar.htm

No sé si llorar o reír. Y para ello, vamos por partes.

Primer tema a resolver:

¿Baja recaudación respecto a qué? Este punto es vital responder porque no es así no más de poner el adjetivo de “baja” a la recaudación que se está obteniendo. Acá la recaudación está respecto a la meta del presupuesto. El mismo presupuesto que nadie aprobó. Así queda en vigencia el del año anterior. Y con eso, la recaudación esperada se puso por “default”.

Si vamos a los números, el ISR recauda, el empresarial, un 3.1 % del PIB. Esto es el promedio de Latinoamérica. ¿Es entonces el sector “comercial” el problema? Baja la recaudación en este sector definitivamente que no es. Resulta baja la recaudación total, pero no en este sector.

La noticia dice que los empresarios “inflan” sus costos y gastos para reportar una menor utilidad. Eso tiene varios matices. Yo no puedo “inflar” gastos. Puedo incluir gastos que no necesariamente son deducibles o gastos que representan una discrepancia de opinión respecto a su deducibilidad. Si los “inflo”, cometo fraude; si coloco algunos que representan duda, simplemente es eso, duda de criterio y dependerá, finalmente, de una decisión de tribunales. Desgraciadamente, el 10-2012 (nueva ley del ISR), tiene tantos agujeros interpretativos, que las dudas son más que las certezas.

Ahora bien, en la recaudación de ISR en personas individuales, allí sí estamos muy por debajo del promedio. Pero esto no es culpa de nadie más que el que redactó el régimen de ISR de asalariados. Esto, por 2 razones:

1) La tasa de impuesto acá fue reducida de 31 % a 7 %. Esto hizo que muchos empleados que se les pagaba en esquemas “dudosos” o “por fuera”, ahora estén en las planillas de salarios y tributen, causando un gasto deducible en el patrono (28 % de ventaja con 7 % de gasto impositivo). Buen negocios.

2) Eliminaron la planilla del IVA. Esto porque se decía que era ilógico e injusto que los empleados acreditaran IVA al pago de su ISR. Esto causa que los empleados ahora tengan un impuesto final de 19% en sus consumos, por lo que si antes el dicho 12% de IVA en consumos reducía el ISR final, ahora se suma a dicho ISR. El efecto es que se aumenta el incentivo a no pedir factura, por lo que se genera un efecto cascada de evasión:

El empleado prefiere comprar en lugares que no dan factura y ahorrarse un poco en sus consumos. Antes prefería documentar las comprar para obtener un beneficio en un ISR que ya estaba pagando. Esto genera que muchos pequeños empresarios y profesionales independientes compitan por una masa de clientes que no quiere factura. No emitir factura implica el ahorro en el cliente y en el “evasor”. Es así que debemos estar viendo migración de formalidad a informalidad.

3) El 80 % de la Población Económicamente Activa, se estima, es economía informal. Esto en el sentido que por una, varias o todas sus transacciones no da factura, no está inscrito en el Registro Mercantil, no tiene NIT… no quiere saber nada del gobierno. Este alto nivel de personas en la economía informal, se estima, generan un 50% del PIB. Esto explica la gran baja en IVA importación y los gritos desesperados de muchos grandes empresarios locales, pues están perdiendo clientes gracias al contrabando. Otros de estos grandes, por su parte, se están aprovechando de dicho fenómeno, usando a la informalidad en parte de su cadena o volviéndose empresarios del contrabando.

El 10-2012 estaba llamado a aumentar la base de contribuyentes. Esto no sucedió. La eliminación de la planilla del IVA causó un gran incentivo al comercio informal, con una presión desde el cliente final, eliminando la presión a ser formal que el sistema de planilla del IVA y acreditamiento estableció.

Es así que el primer culpable no es el “empresario”, sino una legislación redactada sobre principios incorrecto y con grandes contradicciones y faltas de claridad y certeza. Por su parte, el 4-2012 aumentó los controles, sí, pero únicamente del 20 % de la población. Aumenta el costo de cumplir con la ley.

Esto por tanto, es sumar 1+1. A mayor costo de formalidad y a mayor incentivo a la informalidad, el resultado sólo puede ser el que vemos.

De mi parte, puedo dar fe que los contribuyentes formales ahora son acosados con requerimientos de información, mientras en las narices de todos, proliferan negocios informales, profesionales que no facturan, sectores de sobrevivencia que no quieren saber nada de SAT ni del gobierno y grandes aprovechados de toda esta red de informales que pueden distribuir sus productos y servicios sin tributar.

Mientras, quizás me quede solo como el único abogado de Guatemala que da factura hasta por la legalización de tarjeta de circulación…

 

 

Mario E. Archila M.

 

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Contrabando de combustible (y cualquier otra cosa)

Debería hablar de los precios de las medicinas, pero el tema allí pasa por otras complicaciones, además de las que señalaré acá con los combustibles.
Nota aclaratoria: lo que sigue pretende mostrar, sin que sean números reales, los efectos del contrabando en los precios y el costo de la formalidad.

Tome la ruta al occidente del país y un poco después de Tecpán empezará a ver “galoncitos” de por las calles con números “28”, “30”… Combustible contrabandeado o robado. En el mejor de los acosos, sin adulterar. También verá que las estaciones de servicios no son “de marca” en su mayoría y venden, en muchos casos, a precios similares a esos. Si su carro no es delicado, quizás aguante un par de tancadas antes de tronar. Ese costo, no está indicado en el precio, pues es suyo.

Ahora bien, si el riesgo de que se arruine su carro está, ¿por qué es tan buen negocio que cuando uno llega a Huehuetenango cree que TODA la gasolina que se vende es de “tambito”? Cada 100 metros hay un expendio de estos. Analicemos el costo por galón, simuladamente, en ambos casos.

En una gasolinera de “marca” (incluídas las de marca nacional reconocida como Don Arturo, Pacific Oil y las internacionales Puma, Shell y Texaco), supongamos que el galón de súper tiene un precio al público de Q34.00. Este precio por galón se compone de:

Q26.16 precio Neto

Q4.70 de Impuesto a la Distribución de Petróleo y Derivados

Q3.14 de IVA

Su carro se llena con 12 galones y normalmente usted carga 10 galones. Es decir que desembolsa Q36.10 por tancada en impuestos. Eso es más de 1 galón.

El gasolinero, para llevarle a su carro el combustible, debió desembolsar primero Q4.70 por cada galón que le compró al distribuidor mayorista. Este impuesto lo pagó el distribuidor en aduana, por lo que está urgido de cobrarlo. Se lo cobra al gasolinero. Debe vender lo más rápido posible. En el camino del puerto a la estación de servicio, una pipa puede perder algunos galones. Si calculamos que pierde 2% (que es bajo, pues no contamos los robos, malos manejos, etc.) en una pipa de 7,000 galones, perdió 140 galones, que equivale a Q518.00 en impuesto que no recuperará.

Imaginemos que el precio neto al público es con una ganancia de 5% sobre el precio por galón al distribuidor (neto), es decir que compró a Q24.85 el galón. Le pagó Q173,964 y recibió Q170,484.72 en producto, con una pérdida de Q658 en impuesto que no recuperará, pues recibió únicamente 6,860 galones.

Ahora bien, esto lo que quiere decir es que por cada pipa el propietario pierde Q658 que no recupera. Lo pagó a su proveedor y debería recuperarlo en la venta, pero ese combustible evaporado nunca lo recuperará.
Supongamos pues, que en la gasolinera vende 6,000,000 de galones. Para ello tuvo que comprar 6,122,449 galones. Implica haber perdido 122,449 galones en la evaporación durante el transporte. Eso es 2%. En dinero anual: Q575,510.30. Eso es casi Q48,000 mensuales.
En el almacenaje y venta, se pierde otro 2-3%. Imaginemos pues que son otros Q48,000 mensuales.

De los 6,000,000 vendidos, en neto, se tiene una ganancia aproximada de Q7,500,000.
La utilidad antes de impuestos no podrá ser mayor a 10%, por lo que he visto. Es decir Q750,000 y se paga un ISR de 28%. Queda una utilidad repartible de Q540,000. Eso es Q45,000 mensuales para el empresario.
Sin tomar en cuenta pagos de ISO y otros cumplimientos. El 10% es un estimado altísimo y agréguele la contingencia de revisiones y licencias. El estimado más realista es 5% de ganancia antes de impuestos, que nos lleva a Q22,500 mensuales.

Ahora, el que vende tambitos, ganará unos Q4 por galón, y se estiman que entran 350,000 galones diarios.
Así qué es fácil imaginar que un punto de venta “tambito” venda 2,000 galones al mes. Eso implica dejarle Q8,000 mensuales.
Nada pierde. No necesita financieramente adelantar nada. No tienen que cumplir informes, auditorías, cobros. Es dinero libre. Si llega a vender 6,000 galones al mes, ya estará haciendo la ganancia de lo que gana un formal que vende 6,000,000 galones al año.

¿Buen negocio?

Mario E. Archila M.

 

Se va, se va y se fue.

Así estamos con la recaudación. Se fue. Se cayó. Bajó. Kaputt.

El titular de Prensa Libre de hoy 15 de abril explica la caída en el régimen de relación de dependencia respecto al año 2012.
Primero, no es noticia. Ya se sabía. Las tarifas bajaron grandemente. Eso causaría una baja. Pero se dijo que el régimen no aumentaba la base de contribuyentes, sino que los disminuía. Eso también se nota.
El principal punto en la baja es que ahora los empleados no tienen planilla del IVA como crédito al ISR y eso también causa una baja en el resto de los tributos a recaudar. Se perdió una importante fuerza fiscalizadora automática y gratuita. Nadie pide factura pues no le “sirve” y con ello se abren grandes agujeros, principalmente en prestación de servicios, para omitir facturar y con ello omitir el pago del ISR del prestador del servicio. Claro, también es una gran oportunidad para colocar mercadería robada y contrabandeada que no tiene “papeles” en orden desde su origen.

Sin embargo, el mayor problema del régimen de rentas del trabajo está en no permitir una tributación justa. Prácticamente se eliminaron todos los gastos con la absurdamente tonta excusa que se elevó el mínimo vital de Q36,000 a Q48,000.

Es absurdo y tonto pensar que con esa suma se cumple el principio de capacidad de pago, igual tributaria y justicia y equidad.
Imagine que esa suma debe ser suficiente para el contribuyente y el sostenimiento de sus obligaciones morales principales: su familia.
Queda así en evidencia la injusticia, pues se carga de la misma manera a personas con capacidades contributivas distintas. Un soltero, que vive aún con sus padres, tiene la misma deducción que un casado con 3 hijos, mas no tiene sobre sus hombros la misma carga de obligaciones morales encima. El régimen ni siquiera permite deducir medicamentos ni servicios médicos. ¿Justo? Para nada.
No es una cuestión de tarifa. Es una cuestión de estructura y justicia.
La tributación debe estructurarse bajo el principio de capacidad de pago para ser justa y equitativa. Eso implica que deberá considerarse la VERDADERA posibilidad subjetiva del contribuyente para afrontar el pago del adeudo tributario. Eso implica que la depuración de la base debe permitir que se reconozca su personal situación económica. Sin eso, no hay justicia.

Por eso, no es de dudarlo, es que la relación de dependencia es un régimen injusto y la población tendría, por ser inconstitucional su diseño y regulación, el derecho a resistirse a pagarlo.

Mario E. Archila M.

 

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¿Hay obligación de tener estudios de precios de transferencia?

La respuesta corta es no.
Hay una publicación de SAT por allí que lo pide para las transacciones del 1 de enero al 20 de diciembre de 2013, sin embargo en ningún momento de la ley se exige tal cosa.
Con la reforma del 19-2013, se suspendió, además, toda la vigencia y aplicación de las normas de los precios de transferencia, que requiere un poco de cabeza para desenmarañar sus implicaciones para el contribuyente y para la SAT misma.

Arribamos al siguiente criterio, principalmente si debe o no contarse con un dictamen o estudio de los denominados precios de transferencia, realizando el estudio de las normas contenidas en el decreto 19-2013 y 10-2012 que crean la confusión.

La norma principal a analizar es el artículo 27, transitorio, del Decreto 19-2013 que establece:
“ARTICULO 27. Transitorio.
Suspensión de la vigencia de las normas especiales de valoración entre partes relacionadas. La vigencia de las normas especiales de valoración entre partes relacionadas contenidas en el Capítulo VI, artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 de la Ley de Actualización Tributaria, Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, quedan suspendidas de su aplicación y vigencia. Dichas normas volverán a tomar efecto y aplicación el día uno (1) de enero del año dos mil quince (2015). No obstante lo anterior, a partir de la vigencia del presente Decreto, la Administración Tributaria podrá requerir información respecto al contenido del referido Capítulo VI, para formar las bases de datos necesarias.”

Esta norma debe tenerse por vigente desde el 21 de diciembre de 2013, pero en concordancia con el artículo 7 del Código Tributario, tal como lo indica el artículo 30 de dicho decreto.

Es así que se nos presenta el cuestionamiento si debe o no requerirse la elaboración de un estudio de precios de transferencia para el año 2013.

De las normas suspendidas en su aplicación y vigencia, debemos distinguir si el efecto de dicha suspensión es posición jurídica del contribuyente o de SAT, o es ya un “derecho adquirido” o si simplemente es una expectativa.
La primera norma importante a considerar es el artículo 55 que otorga facultades a la administración tributaria para comprobar si las operaciones entre partes relacionadas se han valorado conforme a lo dispuesto por el artículo 54 que contiene el principio de libre competencia.
Esta es una facultad que está sujeta a poder hacer los ajustes “cuando la valoración acordada entre las partes resultare en una menor tributación… o diferimiento de imposición” y por tanto debemos comprender que:

Revisar las operaciones es una facultad de la administración;
Puede hacer ajustes a dichas operaciones únicamente cuando el resultado sea una menor tributación en el país.

Por ello concluimos, al tenor del artículo 7 del Código Tributario, que hoy día, la administración no puede aplicar esa norma, es decir, que del 21 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2014, no podrá revisar las operaciones ni hacer los ajustes, ya que al ser una facultad que está suspendida en vigencia y aplicación, durante ese lapso no es posible.

No obstante, luego del 31 de diciembre del 2014, la facultad estará vigente y será aplicable, por lo que debemos considerar la situación del período del 1 de enero de 2013 al 20 de diciembre de 2013, a la luz de las obligaciones tributarias respectivas y la facultad de que gozará la Administración Tributaria desde el 1 de enero de 2015. Con esto en mente, la Administración Tributaria, durante el año 2015, en adelante, podrá revisar las operaciones del año 2013 y aplicar las normas de valoración y el principio de libre competencia, para todas las operaciones del 1 de enero al 20 de diciembre del 2013, pues la norma estuvo vigente.

Esto, sin embargo, es distinto a las obligaciones de presentar documentos que analizamos a continuación:

ARTICULO 65. Principios generales de información y documentación.
Esta norma indica que: “ Son principios generales de información y documentación los siguientes:
1. Los contribuyentes deben tener, al momento de presentar la declaración jurada del Impuesto Sobre la Renta, la información y el análisis suficiente para demostrar y justificar la correcta determinación de los precios, los montos de las contraprestaciones o los márgenes de ganancia en sus operaciones con partes relacionadas, de acuerdo con las disposiciones de este libro.
2. El contribuyente debe aportar la documentación que le requiera la Administración Tributaria, dentro del plazo de veinte (20) días desde la recepción del requerimiento. Dicha obligación se establece sin perjuicio de la facultad de la Administración Tributaria de solicitar la información adicional que considere necesaria para el ejercicio de sus funciones.
3. La información o documentación a que se refieren los dos artículos siguientes de este libro deben incluir la información que el contribuyente haya utilizado para determinar la valoración de las operaciones entre partes relacionadas y estará formada por:
a. La relativa al contribuyente.
b. La relativa al grupo empresarial al que pertenezca el contribuyente.”, y, como relevante, adicionalmente al 66:

B. ARTICULO 67. Información y documentación relativa al contribuyente.
La documentación específica del contribuyente se exige en todos los casos a que se refiere el artículo “Definición de Partes Relacionadas” de este libro y comprende:
1. Identificación completa del contribuyente y de las distintas partes relacionadas con el mismo.
2. Descripción detallada de la naturaleza, características e importe de sus operaciones con partes relacionadas con indicación del método o métodos de valoración empleados. En el caso de servicios, se incluirá una descripción de los mismos con identificación de los distintos servicios, su naturaleza, el beneficio o utilidad que puedan producirle al contribuyente, el método de valoración acordado y su cuantificación, así como, en su caso, la forma de reparto entre las partes.
3. Análisis de operaciones comparables detallado de acuerdo con el artículo “Análisis de Operaciones Comparables” de este libro.
4. Motivos de la elección del método o métodos así como su procedimiento de aplicación y la especificación del valor o intervalo de valores que el contribuyente haya utilizado para determinar el precio o monto de sus operaciones.
5. La documentación referida en este artículo puede presentarse de forma conjunta para todas las partes relacionadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, siempre que se respete el grado de detalle que exige el presente artículo.”

Es así que vemos que estas normas -65 a 67- son normas que cobran aplicación “en el momento de presentación de la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta”, por lo que al 21 de diciembre de 2013, la obligación de presentar dicha información no estaba constituida aún, ya que no había llegado el momento de cumplirla y llegará el momento de cumplir con la obligación de tener disponible dicha información a partir de la exigibilidad de la declaración jurada anual (31 de marzo de 2014). Es por ello que concluimos que no hay obligación legal de tener dicha información disponible, pues la obligación no nace a la vida jurídica debido a la suspensión de la vigencia y aplicación de las normas detalladas, que incluyen, entre otras, la realización y tenencia del análisis de operaciones comparables y justificaciones de la escogencia del método respectivo para valoración entre partes relacionadas.

El artículo transitorio, ya citado, establece la suspensión de la vigencia y aplicación, por lo que aclaramos que consideramos distintos suspender la vigencia que suspender la aplicación. En este caso, la vigencia de la obligación de presentar documentos, nace con el momento de presentación de la declaración anual, por lo que dicha obligación, al no haberse llenado supuestos de aplicación previo a la entrada en vigencia de la suspensión, no constituyó posición jurídica en ninguna de las partes de la obligación tributaria, como tampoco es un derecho adquirido de la administración exigirlo.
Queda a salvo, eso sí, con el único propósito de formar bases de datos, que la administración tributaria pueda requerir información, pero dicha información nace de una norma distinta (el propio artículo transitorio) y con la única finalidad de obtener información para formar bases de datos, no así como la obligación formal exigible que contienen los artículos 65 al 68.

Dicho esto, nuestra conclusión es que:

Por las transacciones del 1 de enero al 20 de diciembre de 2013, la administración podrá realizar ajustes a los precios de transacciones entre partes relacionadas, siempre y cuando inicie las revisiones con posterioridad al 1 de enero de 2015 y siempre que los precios pactados resultaren en una menor tributación en Guatemala.
La documentación que exigen los artículos 65 al 67 del Decreto 10-2012 del Congreso de la República, no es obligatoria, legalmente, producir, tener disponible ni entregar, para el período fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, toda vez que dicha obligación se materializaba con posterioridad a la suspensión de vigencia y aplicación de esas normas, con lo que no constituye posición jurídica ni era derecho adquirido de ninguna parte.

Mario E. Archila M.

 

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Seminario Cierre 2013 y el ISR para el 2014

¿Cómo se hace el cierre 2013 y qué podrá ser ajustado por SAT? Esa pregunta la recibo muy seguido. Por ello, es que preparamos un seminario para ser impartido el 20 de marzo de 2014.
Lugar: Avenida Reforma 8-95 zona 10, of 202 D
Hora: 8am a 12:30pm
Inversión: Q672.00 (Q600 más IVA)

¿Qué cubriremos?

1. Forma correcta de registrar costos y gastos deducibles.
1.1 Contratos. Su uso y criterio de SAT a lo largo del tiempo.
1.2 Documentos legales
1.3 Gastos devengados y su registro y deducibilidad
1.4 Posibles contingencias por operaciones contables
2. Deducción de intereses
2.1 Montos y tasas máximas
2.2 Personas a las que se pagan intereses no deducibles
2.3 Pagos de intereses al extranjero
3. Reavalúo de bienes
4. Impuestos en el pago de dividendos
4.1 Impuesto de los accionistas
4.2 Impuesto de timbres fiscales
4.3 Casos que no deberían ser considerados rentas de capital (capitalización de utilidades, capitalización de deuda)
5. Precios de transferencia
5.1 Aplicación para el 2013
5.2 Obligaciones a cumplir con la declaración 2013
5.3 Obligaciones para 2014
5.4 Obligatoriedad de realizar estudios de precios de transferencia
6. Formalidades a cumplir con la declaración
7. Cambios incorporados en el Decreto 19-2013
8. Rentas de capital
8.1 Cuando hay rentas de capital y cuando no
8.2 Consecuencias en costos y gastos por la obtención de rentas de capital
9. Deducciones por pagos a empleados
9.1 Caso particular de la bonificación incentivo y su tratamiento en el IGSS

Si quiere que incluyamos algunos temas específicos, escríbanos a info@impuestosychocolate.com

Lo espero. No vaya ser que SAT ya le haya programado una visita.

Mario E. Archila M.

 

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La capitalización de utilidades y el ISR

Ha surgido una controversia sobre el criterio de SAT en cuanto a las capitalizaciones de utilidades y su tratamiento como “pago de dividendos” en especie.
Este punto es un claro ejemplo de cómo se confunden situaciones contables con los hechos generadores de impuestos, que son situaciones jurídicas.
La capitalización de utilidades no puede ser pago de dividendos, toda vez que “dividendo” es un concepto jurídico propio.

Lo que deberíamos analizar en una ley tributaria es, precisamente, la definición del Hecho Generador que la misma nos da. La situación contable, por lo tanto, es un indicador de lo que sucedió, mas no es una definición legal del hecho generador.

Es así que en este caso particular, se debe recurrir a la ley para establecer qué es lo que se define como hecho generador. Sin que ocurra tal hecho, es imposible que se hable de la obligación tributaria. Recordemos que el Hecho Generador es el supuesto contenido en la norma cuya ocurrencia da origen a la obligación tributaria.

En el impuesto sobre la renta, por lo tanto, no es el artículo 3 el importante, pues allí está únicamente definido, de manera parcial, el hecho generador. El artículo 3 contiene los elementos objetivos del hecho generador, la riqueza gravable, no así el hecho generador completo. Antes de hacer el análisis de cuáles hechos generadores gravan o podrían gravar la capitalización de utilidades, debemos tener claro que la Constitución de Guatemala posee uno de los principios de legalidad más cerrados de las constituciones modernas, ya que no sólo requiere que el Congreso establezca los tributos, sino que a su vez, obliga y limita a que únicamente el Congreso determine, en ley, las bases de recaudación, dentro de ellas y de manera particular, el Hecho Generador (239 de la Constitución, primer párrafo). Es así que no podemos concluir, bajo ningún punto de vista, que una partida contable o una norma de contabilidad dará lugar a un hecho generador, pues violaría el sistema jurídico-constitucional del país.

Es por ello que al observar el artículo 83 del Decreto 10-2012, claramente vemos que grava la obtención de rentas de capital y el hecho generador en específico está en el artículo 84 que califica como renta de capital mobiliario, el pago de dividendos o utilidades.
La capitalización de utilidades, realmente, es la pérdida de dichas utilidades a favor de la sociedad y el hecho generador es el pago o distribución de dichas utilidades. Dejan de ser utilidades cuando se capitalizan y no hay distribución de las mismas. Se entregan acciones, sin embargo, dichas acciones no son, jurídicamente, pago de dividendos en especie, como lo sería, por ejemplo, que la sociedad decretara dividendos y para pagarlos, a falta de efectivo en caja, distribuyera inventario.
Si lo vemos estrictamente desde la perspectiva de la sociedad, el valor en libros de las acciones no varía, pues se compone de capital pagado, menos perdidas acumuladas, más utilidades retenidas más reserva legal, dividido el número de acciones emitidas. Al hacer la capitalización, el monto de utilidades retenidas pasa a ser parte del capital pagado y el número de acciones emitidas aumenta, pero el valor total del valor en libros que le correspondía al accionista nunca varió.

Es así que la contabilización del lado del accionista no debería afectar si hay o no “dividendos”, sino que la definición legal de dividendos es la que debe marcar la existencia o no de los mismos y por tanto, su contabilización. Es más, los accionistas no serán todos “personas obligadas a llevar contabilidad” ni tampoco, si la llevaran, tendrán la misma forma de contabilizar sus inversiones, por lo que no puede ser un elemento el criterio para establecer si se paga o no el impuesto. Recordemos que en materia tributaria, únicamente la capacidad de pago es relevante al momento de determinar los hechos generadores y su alcance. 2 accionistas de la misma sociedad deberían de tributar por el mismo hecho, independientemente de su forma de llevar contabilidad o causaríamos una injusticia. Sólo imagine lo injusto que será si hay accionistas corporativos y accionistas personales. Los corporativos pagarán el tributo mientras que los otros no, pues los primeros registran su inversión a costo adquisición mientras que los individuales únicamente reciben acciones a cambio de su valor en libros.
Es así que si el hecho generador es distribución de dividendos o utilidades, imposible resulta que por analogía se equipare la capitalización de utilidades, que es una operación distinta, a dicho hecho generador. De hacerlo, como se mencionó, habría dos inconstitucionalidades:

1. Violación a la igualdad tributaria,
2. Violación al principio de legalidad por utilizar analogía para crear un hecho generador.

Mario E. Archila M.

 

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Impuesto a los Informales

Me invitaron a Canal Antigua a platicar del tema. Así me entero que hay una propuesta para gravar a los informales, emanada de la Vicepresidenta, con Q150… Todavía no sabemos si mensual o anual… Pero hay una declaración sobre la idea con visos de intención.

Me parece grave que se tiren y filtren esas declaraciones así como así. Principalmente porque el problema de la economía informal no se arregla con “hacerlos pagar impuestos” así, a leño. La formalidad tiene costos que son cada vez más difíciles de cubrir. Costos que son poco cuantificables. Así tenemos el tiempo de hacer los trámites, la probabilidad de revisiones, cobros, sanciones, etc.

Guatemala, en cuanto a estructura de sistemas “simples”, tiene de los mejores… Considerados aisladamente. Es así que tenemos un sistema que era casi perfecto: 5% sobre ingresos para efecto del ISR. Un IVA con tarifa única y sin productos diferenciados o exentos. Estos sistemas fueron modificados del 2004 para acá de manera que ya no son tan simples ni sencillos y con el voraz apetito de los gobiernos, se presiona a la Administración Tributaria a buscar hasta debajo de las piedras recursos. Esto logra reventar en fiscalizaciones continuas sobre quienes ya tributan, con criterios, muchas veces, rebuscados.

Se incluyen sanciones como “cierre de establecimiento” por la simple sospecha de no haber emitido una factura, lo que representa un costo altísimo, pues podría verse alguien impedido de realizar su actividad económica por hasta 10 días o perder su “patente de comercio”. Esta eventualidad es un costo que se suma, no cuantificable, pues es contingente, pero existente.

El tiempo, que mencionaba arriba, surge en las propias ventanillas de SAT y registros públicos. Para inscribirse como comerciante, hay que demostrar dirección con requisitos de ventanilla -contrato de arrendamiento, recibo de agua, luz o teléfono, certificación de propiedad- de forma que el que pretende su inscripción tenga título sobre la dirección. Adicionalmente, se exige la presentación del DPI y la formalidad de grabar su huella digital y foto en el registro Tributario Unificado. Todo esto aumenta el costo, pues el interesado debe acudir personalmente a la ventanilla. Ya no se aceptan “tramitadores” y en caso de no tener tiempo, debe utilizarse un mandato (que cuesta unos Q1,000 en el mercado notarial escriturar y registrar).

Hacer las colas y trámites, para un informal, implica, muchas veces, dejar de percibir los alimentos del día o bien dejar de producir la ganancia de la semana.

El problema son burócratas que rayan en la ignorancia y se disparan criterios irresponsablemente sustentados en micos aparejados. En el Registro Tributario Unificado, toda esta tecnología de seguridad de identidad es irrelevante.

Voy a usar un único ejemplo. El Código Tributario indica que es contribuyente quien actualice los supuestos contenidos en la norma generadores de tributos, PRESCINDIENDO DE SU CAPACIDAD LEGAL según el derecho común.

Es así que una persona puede ser contribuyente por el hecho que realiza actividades para las que su edad no le otorga capacidad legal. Imaginemos, que se emplea como “Técnico en Botánica a domicilio”, alias jardinero, pues, pero tiene 13 años de edad. Según la ley del IVA, es un servicio. Por tanto se genera el impuesto. No entrega factura porque no logra obtener un NIT porque en SAT le dicen que como es menor de edad y no tener obligatoriamente un NIT, no se puede.

El Código Tributario indica que aún y cuando el Código Civil (derecho común) no le otorgue dichas capacidades, él es contribuyente. Se registra (vea el 120 del Código Tributario) indicando, declarando, cuál es su nombre (nombres y apellidos), no que deba probar dicha identidad con documento alguno, ya que no es relevante para efectos de pago de tributos, y señalará la dirección que establecerá como domicilio fiscal. Es una declaración ante autoridad. Tiene efectos y no puede la administración tributaria tratar a los contribuyentes de “mentirosos” y exigir prueba de todo lo que le declaran.

Es así que por esta circunstancia, su técnico en botánica no le entrega factura. Ni siquiera de pequeño contribuyente…

 

 

Mario E. Archila M.

 

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