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Impuesto a los Informales

Me invitaron a Canal Antigua a platicar del tema. Así me entero que hay una propuesta para gravar a los informales, emanada de la Vicepresidenta, con Q150… Todavía no sabemos si mensual o anual… Pero hay una declaración sobre la idea con visos de intención.

Me parece grave que se tiren y filtren esas declaraciones así como así. Principalmente porque el problema de la economía informal no se arregla con “hacerlos pagar impuestos” así, a leño. La formalidad tiene costos que son cada vez más difíciles de cubrir. Costos que son poco cuantificables. Así tenemos el tiempo de hacer los trámites, la probabilidad de revisiones, cobros, sanciones, etc.

Guatemala, en cuanto a estructura de sistemas “simples”, tiene de los mejores… Considerados aisladamente. Es así que tenemos un sistema que era casi perfecto: 5% sobre ingresos para efecto del ISR. Un IVA con tarifa única y sin productos diferenciados o exentos. Estos sistemas fueron modificados del 2004 para acá de manera que ya no son tan simples ni sencillos y con el voraz apetito de los gobiernos, se presiona a la Administración Tributaria a buscar hasta debajo de las piedras recursos. Esto logra reventar en fiscalizaciones continuas sobre quienes ya tributan, con criterios, muchas veces, rebuscados.

Se incluyen sanciones como “cierre de establecimiento” por la simple sospecha de no haber emitido una factura, lo que representa un costo altísimo, pues podría verse alguien impedido de realizar su actividad económica por hasta 10 días o perder su “patente de comercio”. Esta eventualidad es un costo que se suma, no cuantificable, pues es contingente, pero existente.

El tiempo, que mencionaba arriba, surge en las propias ventanillas de SAT y registros públicos. Para inscribirse como comerciante, hay que demostrar dirección con requisitos de ventanilla -contrato de arrendamiento, recibo de agua, luz o teléfono, certificación de propiedad- de forma que el que pretende su inscripción tenga título sobre la dirección. Adicionalmente, se exige la presentación del DPI y la formalidad de grabar su huella digital y foto en el registro Tributario Unificado. Todo esto aumenta el costo, pues el interesado debe acudir personalmente a la ventanilla. Ya no se aceptan “tramitadores” y en caso de no tener tiempo, debe utilizarse un mandato (que cuesta unos Q1,000 en el mercado notarial escriturar y registrar).

Hacer las colas y trámites, para un informal, implica, muchas veces, dejar de percibir los alimentos del día o bien dejar de producir la ganancia de la semana.

El problema son burócratas que rayan en la ignorancia y se disparan criterios irresponsablemente sustentados en micos aparejados. En el Registro Tributario Unificado, toda esta tecnología de seguridad de identidad es irrelevante.

Voy a usar un único ejemplo. El Código Tributario indica que es contribuyente quien actualice los supuestos contenidos en la norma generadores de tributos, PRESCINDIENDO DE SU CAPACIDAD LEGAL según el derecho común.

Es así que una persona puede ser contribuyente por el hecho que realiza actividades para las que su edad no le otorga capacidad legal. Imaginemos, que se emplea como “Técnico en Botánica a domicilio”, alias jardinero, pues, pero tiene 13 años de edad. Según la ley del IVA, es un servicio. Por tanto se genera el impuesto. No entrega factura porque no logra obtener un NIT porque en SAT le dicen que como es menor de edad y no tener obligatoriamente un NIT, no se puede.

El Código Tributario indica que aún y cuando el Código Civil (derecho común) no le otorgue dichas capacidades, él es contribuyente. Se registra (vea el 120 del Código Tributario) indicando, declarando, cuál es su nombre (nombres y apellidos), no que deba probar dicha identidad con documento alguno, ya que no es relevante para efectos de pago de tributos, y señalará la dirección que establecerá como domicilio fiscal. Es una declaración ante autoridad. Tiene efectos y no puede la administración tributaria tratar a los contribuyentes de “mentirosos” y exigir prueba de todo lo que le declaran.

Es así que por esta circunstancia, su técnico en botánica no le entrega factura. Ni siquiera de pequeño contribuyente…

 

 

Mario E. Archila M.

 

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¿Quién paga el IVA?

La pregunta es capciosa y causa revuelo, pues los términos son distintos en el derecho tributario al lenguaje económico o político.

Pagar, en Derecho, se refiere a extinguir de modo natural una obligación. Así, el pintor paga, entregando el retrato que le encargaron.

En el mundo del IVA, por tanto, resulta que jurídicamente paga quien hace la presentación de la declaración luego de su cálculo de créditos y débitos. El consumidor final, en este aspecto, no paga.

Ahora bien, el consumidor final, el cliente, desembolsa, da el dinero, pero no paga. Esto es la percusión o repercusión del impuesto. Pero no el pago.

Es evidente que todo tributo lo “paga”, económicamente hablando, el consumidor final. El ISR, por ejemplo, es siempre un costo más para medir el ROI o Retorno de inversión. Allí, sin embargo, no se nota.
Cuando usted compra algo, incluye, costo de producción y venta, gastos indirectos, publicidad e impuestos, todos los impuestos, tanto directos como indirectos. A usted, únicamente le revelan el IVA.
Esto es importante, porque en Derecho Tributario, paga únicamente el contribuyente o el responsable de la deuda. El consumidor final sufre el efecto, no así el pago. Por ello es vital saber en qué contexto se usa el término por quién habla.

Los políticos venden la idea -los malos asesores también- que los impuestos directos “los paga el comerciante” y el IVA lo “paga” el consumidor.
En el primer caso es jurídicamente cierto, no financieramente cierto. En el segundo caso, es financieramente cierto, no así jurídicamente cierto.

Financieramente, todo tributo lo paga el consumidor. Es más, si son muy altos, lo pagará al no tener el servicio o bien, o, encontrando dicho bien únicamente en el mercado negro a precios altísimos.

Mario E. Archila M.

 

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Otros aspectos de la llamada “Reforma Tributaria”

¿Finalidad de un Gobierno?

Allí hay otro problema en cuanto a la Reforma Tributaria. Evidentemente no todo puede ser hecho por el gobierno. Hay acciones para las que no está hecho y acciones que principalmente le corresponden.

¿Sabemos cuáles son cuáles? He allí un primer gran problema que la reforma no trató. La misma se hace con una programación de gasto que es más una lista navideña a Santa Clós que un programa que responda a acciones de gobierno.

Mucho del gasto no representará mejora de condiciones para los ciudadanos. Es más, mucho del gasto, por el simple hecho que el gobierno anuncie que lo hará, causará falsas expectativas y eso, a su vez, mayores conflictos sociales.

Coincidimos que tenemos problemas tan graves como la seguridad. Aunque la violencia haya disminuido, cuando vemos cifras de muertos, no necesariamente vemos que las causas de dicha violencia están siendo atacadas. Un conflicto de tránsito termina en una persona muerta. Un robo de mercadería resulta en competencia desleal y extorsión de la propia policía. Un incumplimiento de un proveedor puede llevar a la tumba a alguien.

¿Qué es lo que sucede? No hay mitigación de conflictos pequeños. Los tribunales son inservibles para la gran mayoría de los conflictos y las instituciones públicas de “seguridad” ven únicamente la justicia penal, de alto impacto, como importante. Es la justicia “de paz”, es decir, la civil y mercantil de ínfima cuantía la que evitará violencia. Es la válvula que hará que la conflictividad se reduzca. Menor conflictividad, mayor posibilidad de crear un ambiente de paz.

La correlación es difícil de hacer, pues los medios se enfocan en los resultados de la justicia penal. Se enfocan en las estadísticas de fallecidos por actos violentos. Las historias detrás deben ser más ilustrativas para encontrar el problema. Así que no hay ideas ni propuestas para mejorar la justicia de paz.

A eso le sumamos la cantidad de “tareas” que le asignamos al Estado. Tareas que pasan de lo noble al saqueo. De lo virtuoso al robo. De lo deseable a la exigencia. Esas tareas se le asignan en esa lista de navidad por lo que el problema tributario se convierte en un problema de caja fiscal.

La historia demuestra que por allí empiezan grandes revoluciones. Demuestra que la gente llega a explotar cuando ve que su dinero, su esfuerzo, se utiliza en cosas por las que no encuentra justificativo real alguno. El uso opaco de los recursos, los fines dudosos y hasta los fines redistributivos causarán conflicto. La sociedad, los pagadores de tributos, estará sometida a una presión enorme, que llegará a reventar.

Toda la idea tras el pacto fiscal era hacer más transparente el gasto. Colocar mejor los recursos. Sigue sin suceder. Los operadores políticos siguen viendo el problema del lado de lo que aspiran: su puesto de gobierno. Allí el problema está en que a mayor transparencia y mejor alocación de los recursos, menos posibilidad de saqueo. Dicho problema es de fondo. Se evade. Se escucha siempre la misma canción de “pero la gente no paga y sin recursos no se puede hacer nada”. Se paga más que hace 10 años. El gasto es más opaco y menos efectivo que hace 10 años. Algunas excepciones, por épocas. La alfabetización había ya iniciado y el gobierno de UNE cancela las escuelas modelo en las que no había acceso a los recursos por los funcionarios. ¿Se vale?

La proveeduría de servicios y bienes al estado está, hoy día, en tela de juicio y abiertamente los interesados en los jugosos contratos se pelean por la cuota. Ninguno propone mecanismos en los que no hay probabilidad de manejar precios o comisiones. ¿Se vale?

El sistema de justicia está tomado, sin que se pueda encontrar una salida. La normativa procesal es la que lo provoca. Acá se extorsiona a todo nivel si se clama justicia, pues la justicia está cerrada a tecnicismos que permiten a sus operadores jugar con ella y el bolsillo de los interesados. ¿Se vale?

Por supuesto que si simplifico el problema a “el Estado se quedará sin poder cubrir sus pagos”, la pelota está de nuestro lado. De usted y yo que pagamos.

Veamos casos interesantes. Se dice que pagamos muy poco. La primera pregunta es “¿Comparado con quién?” La segunda pregunta debe ser: “¿Para qué queremos pagar más?” y la tercera pregunta es “¿Quiénes pagan en Guatemala?”

Hong Kong tiene un impuesto único con tarifa de 15 y 16%. Recauda lo mismo que nosotros. ¿La diferencia? Paga la mayoría de la población. Acá, el seguro social, el ISR, el IVA, circulación, vehículos, importación, timbres, IUSI, etc. se pagan por unos pocos y no logramos recaudar más allá del 12% del PIB. ¿Por qué? Alrededor del 70% de la población no paga. Es informal. Pero lo más interesante es que no tenemos 70% de pobres. El 40% de la población aproximadamente es del 10% más rico del país. Algo no cuadra en las matemáticas.

No cuadra porque el costo de la formalidad es invisible y mucho más caro. El costo de cumplimiento fiscal también lo es. De tal forma que es más rentable ser informal. Al tener un sistema así, las reformas planteadas, que aumentan costos de cumplimiento, tanto fiscal como comercial, son porras al sector informal.

Debemos replantear el rumbo. Los fundamentos.

 

Mario E. Archila M.

 

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La tortura de llevar la ley al pago

De genialidades se viste nuestra nueva ley del Impuesto Sobre la Renta. No la redacción. Ésa es colección de contrasentidos y muestras dignas de análisis lingüístico del qué no hacer al redactar. Las genialidades vienen ahora cuando se quiere pagar.

Hemos recibido varias preguntas, en la sección de comentarios de este blog, relacionadas con el régimen opcional simplificado del ISR. En este régimen, muy similar al régimen de 5% que tenía la ley del Impuesto Sobre la Renta anterior, la fatalidad ignorancia de los redactores está causando graves problemas operativos.

Ahora, el régimen no permite el pago directo. ¿Qué pasa con todos los que se autorizaron para pago directo el año pasado? Simple: YA NO SE PUEDE. La ley anterior permitía el pago directo. Esa ley quedó derogada, junto con la posibilidad. La nueva ley sólo contiene el mecanismo de la retención.

Dejando fuera que nadie sabe si abajo de Q30,000 debe pagarse el 5% o el 6%, tampoco nadie sabe si debe retener el 6% o el 7%… Lo que sí es seguro, es que hay que retener siempre que el contribuyente emita una factura en el régimen opcional simplificado.

Para quienes están en este régimen, recuerden que sus facturas deben decir “Sujeto a retención definitiva” no “Sujeto a retención 5%”. Y para quienes pagan y llevan contabilidad conforme a la ley o son sujetos de retención de ISR por designación de la ley (colegios, universidades y otros) deben, siempre, hacer retención a estos contribuyentes. 

¿Qué pasa si no hacen la retención? Tienen una multa de Q1,000 por cada factura. No, no hay límite en cuanto al máximo de multa que se pueden ganar. Y además, mientras no se haga la retención, el gasto no es deducible.

¿Cuánto tiempo tienen para emitir y entregar la retención? Pues 5 días (hábiles) de la fecha de la factura. Si no lo hacen en ese plazo, Q1,000 de multa por cada factura.

Es así que tiene que tener claro que la factura se debe emitir:

1. Cuando se entreguen los bienes o se paguen los bienes, lo que ocurra primero;

2. En la prestación de servicios, al momento del pago de los mismos.

Esto tómelo en cuenta para sus procesos administrativos, tanto de entrega como de recepción de facturas. Le evitará problemas.

La tortura inicia…

Mario E. Archila M. 

 

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La fallida reforma tributaria… inconstitucional una parte, sin efecto otra…

Hoy, 26 de diciembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial la sentencia de inconstitucionalidad de algunos preceptos incluidos en el decreto 4-2012.

El primer comentario que salta a la luz de la sentencia es que EL CONGRESO NI SE ENTERÓ QUE LE CORRIERON AUDIENCIA POR EL DECRETO 4-2012 Y EVACUÓ LA AUDIENCIA CON ARGUMENTOS RESPECTO AL 10-2012. Así de bien saben los legisladores lo que hacen.

Se declaró inconstitucional la limitante que se estableció para los empleados en relación de dependencia sobre la deducción de los planes de pensión privados. Es así que los aportes a planes de pensión SON deducibles tal como lo eran antes del decreto 4-2012. Buena noticia para los empleados. Ningún empleado, por tanto, deberá obedecer el párrafo que dice: “Los planes de previsión social de capitalización individual a que se refiere esta literal, deberán corresponder expresamente a planes de previsión para jubilación y contar con la debida autorización de la autoridad competente, para funcionar como tales.”

El otro artículo que tuvo un final “positivo” para los contribuyentes es la llamada reserva interpretativa que hace la Corte de Constitucionalidad sobre el artículo 3 del 4-2012, que modifica los costos y gastos no deducibles.

La Corte no entra al argumento verdaderamente interesante de la Posición Jurídica Constituida, pero lo hace tangencialmente hablando de la seguridad y que la modificación de los costos y gastos no deducibles no puede ser aplicable a los contribuyentes que ya estaban operando antes del 25 de febrero de 2012 sino que únicamente aplicará a quienes se inscribieron en SAT a partir del 25 de febrero de 2012.

Literalmente la Corte dice: “…si dejar la reserva interpretativa de que, en cuanto a los contribuyentes que estuvieran inscritos antes del veinticuatro de febrero de dos mil doce, dentro del régimen especial contenido en el artículo 72 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al momento de la liquidación respectiva del período impositivo correspondiente del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, la cual, formalmente deben presentar dentro de los meses de enero a marzo del año dos mil trece, determinarán el pago del impuesto sobre la renta que les corresponde, conforme a su renta imponible que resulte de la depuración de su renta bruta, de acuerdo a las deducciones establecidas en el artículo 39 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Decreto 26-92 del Congreso de la República), sin tomar en cuenta la reforma dispuesta en el artículo 3 referido.”

Lo anterior quiere decir que lo que pretendían tanto el Congreso, SAT y el Ministerio de Finanzas, que era ya de por sí una movida bastante absurda (léase “tonta y de ignorantes”, pero como lo leen menores de edad no lo pongo así), es aplicable, como dijimos los que entendemos de Derecho Tributario, solo para contribuyentes que se inscribieran con posterioridad al 24 de febrero de 2012.

Lo que no es aplicable es:

ARTICULO 3.

Se reforma el artículo 39, el cual queda así:

Artículo 39. Costos y gastos no deducibles. Las personas, entes y patrimonios a que se refiere el artículo anterior, no podrán deducir de su renta bruta los costos y gastos siguientes:

a) Los que no hayan tenido su origen en el negocio, actividad u operación que genera renta gravada.

En particular, los gastos financieros incurridos por la obtención de recursos utilizados para la realización de inversiones financieras en actividades de fomento de vivienda, mediante cédulas hipotecarias, en tanto dichos títulos de crédito estén exentos de impuestos por mandato legal.

Los contribuyentes no deben deducir los costos y gastos directos en que se incurra para producir las rentas exentas o no afectas; para ello, deben registrarlos en cuentas separadas, a fin de deducir sólo los que se refieren a operaciones gravadas. Si no se llevan cuentas separadas, se calculan los costos y gastos en forma directamente proporcional al total de gastos directos entre el total de rentas gravadas, exentas y no afectas.

b) Los que el titular de la deducción no haya cumplido con la obligación de retener y pagar el Impuesto Sobre la Renta, cuando corresponda. Serán deducibles una vez se haya enterado la retención.

c) Los no respaldados por la documentación legal correspondiente. Se entiende por documentación legal la exigida por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos y otras disposiciones legales tributarias y aduaneras, para efectos de comprobar los actos y contratos afectos a dichos impuestos. Lo anterior, salvo cuando por disposición legal la deducción pueda acreditarse por medio de partida contable.

d) Los que no correspondan al período anual de imposición que se liquida, salvo los regímenes especiales que la presente Ley permite.

e) Los sueldos, salarios y prestaciones laborales, que no sean acreditados con la copia de la planilla de las contribuciones a la seguridad social presentada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuando proceda.

f) Los respaldados con factura emitida en el exterior en la importación de bienes, que no sean soportados con declaraciones aduaneras de importación y su recibo autorizado de pago; a excepción de los servicios que deberán sustentarse con el comprobante de pago al exterior.

g) Los consistentes en bonificaciones con base en las utilidades o las participaciones de utilidades que se otorguen a los miembros de las juntas o consejos de administración, gerentes o ejecutivos de personas jurídicas.

h) Los de erogaciones que representen una retribución del capital social o patrimonio aportado. En particular, toda suma entregada por participaciones sociales, dividendos, pagados o acreditados en efectivo o en especie a socios o accionistas; las sumas pagadas o acreditadas en efectivo o en especie por los fiduciarios a los fideicomisarios; así como las sumas que abonen o paguen las comunidades de bienes o de patrimonios a sus integrantes, por concepto de retiros, dividendos a cuenta de utilidades o retorno de capital.

i) Los de intereses pagados que excedan al valor de multiplicar la tasa de interés por un monto de tres veces el activo neto total promedio que resulte de la información presentada por el contribuyente en sus declaraciones juradas anuales. Para efectos de la presente literal se entiende como activo neto total promedio, la suma del activo neto total del cierre del año anterior con la del activo neto total del cierre del año actual, ambos valores presentados en la declaración jurada anual del Impuesto Sobre la Renta y anexos de cada período de liquidación definitiva, divididos entre dos. El activo neto total corresponde al valor en libros de todos los bienes que sean efectivamente de la propiedad del contribuyente. La limitación prevista en este inciso no será de aplicación a entidades bancarias y sociedades financieras sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos.

j) Las sumas retiradas en efectivo y el valor de los bienes utilizados o consumidos por cualquier concepto por el propietario, sus familiares, socios y administradores, así como los créditos que abonen en cuenta o remesen a las casas matrices, sus sucursales, agencias o subsidiarias.

k) Los provenientes de cuentas incobrables, cuando se trate de contribuyentes que operen sus registros bajo el método contable de lo percibido.

l) Los de mantenimiento en inversiones de carácter de recreo personal. Cuando estas inversiones estén incluidas en el activo, junto con el de otras actividades que generen rentas gravadas, se llevarán cuentas separadas para los fines de determinar los resultados de una y otra clase de inversiones.

m) Los de mejoras permanentes realizadas a los bienes del activo fijo, y en general, todas aquellas erogaciones por mejoras capitalizables que prolonguen la vida útil de dichos bienes o incrementen su capacidad de producción.

n) Las pérdidas cambiarias originadas en la adquisición de moneda extranjera para operaciones con el exterior, efectuadas por las sucursales, subsidiarias o agencias con su casa matriz o viceversa.

o) Las primas por seguro dotal o por cualquier otro tipo de seguro que genere reintegro, rescate o reembolso de cualquier naturaleza al beneficiario o a quien contrate el seguro.

p) Los incurridos y las depreciaciones de bienes utilizados indistintamente en el ejercicio de la profesión y en el uso particular, sólo podrá deducirse la proporción que corresponda a la obtención de rentas gravadas. Cuando no se pueda comprobar la proporción de tal deducción, sólo se considerará deducible, salvo prueba en contrario, el cincuenta por ciento (50%) del total de dichos gastos y depreciaciones.

q) El monto de las depreciaciones en bienes inmuebles, cuyo valor base exceda del que conste en la Matrícula Fiscal o en Catastro Municipal. Esta restricción no será aplicable a los contribuyentes que realicen mejoras permanentes o edificaciones a bienes inmuebles que no son de su propiedad, ni a los propietarios de bienes inmuebles que realicen mejoras que no constituyan edificaciones, siempre que dichas mejoras no requieran, conforme a las regulaciones vigentes, de licencia municipal de construcción.

En el caso de las depreciaciones que se han venido aplicando antes de la vigencia de esta Ley, y que exceden el valor base, el contribuyente podrá continuar con la depreciación de los mismos como gasto deducible, únicamente si demuestra la inversión efectivamente realizada en los inmuebles.

r) El monto de las donaciones realizadas a organizaciones no gubernamentales, asociaciones y fundaciones no lucrativas, de asistencia, servicio social, iglesias y entidades de carácter religioso, que no cuenten con la solvencia fiscal del período al que corresponde el gasto, emitida por la Administración Tributaria.

s) El monto de costos y gastos del período de liquidación que exceda al noventa y siete por ciento (97%) del total de la renta bruta. Este monto excedente podrá ser trasladado exclusivamente al período fiscal siguiente, para efectos de su deducción.

La disposición del primer párrafo de esta literal, no es aplicable a los contribuyentes que tuvieren pérdidas fiscales durante dos (2) períodos de liquidación definitiva anual consecutivos o que tengan un margen bruto inferior al cuatro por ciento (4%) del total de sus ingresos gravados. Para el efecto, los contribuyentes deberán presentar informe, previo a que venza la presentación de la declaración jurada anual y los anexos a que hace referencia el artículo 54 de la presente Ley, por medio de declaración jurada prestada ante notario, acompañando los estados financieros auditados y medios de prueba documental que acrediten tales extremos.

Para efectos de la aplicación del párrafo anterior, se entiende como margen bruto a la sumatoria del total de ingresos por servicios prestados más la diferencia entre el total de ventas y su respectivo costo de ventas.

La Administración Tributaria puede realizar las verificaciones para comprobar la veracidad de lo declarado y documentación acompañada.”

Según, entonces, la sentencia del expediente 2836 -2012 de la Corte de Constitucionalidad las modificaciones de este artículo al impuesto sobre la renta solo aplican para los contribuyente inscritos a partir del  25 de febrero del año 2012.

Otros fueron impugnados, declarados sin lugar, que era de esperarse, pues corresponden a normas que no chocan directamente con normas constitucionales “dogmáticas” y por tanto, es más difícil hacer el argumento.

Ahora bien, me sorprende que la Corte declare sin lugar el artículo 7 del 4-2012, pues crea una arbitrariedad enorme. ¿Cómo es posible que mis precios de venta en el IVA dependan del precio de la competencia? Ni modo. Así que, salvo nuevo planteamiento, el artículo 7 sigue vigente. Se lo copio para que se asuste:

ARTICULO 7.

Se adiciona el artículo 14 “A”, el cual queda así:

Artículo 14 “A”. Base del débito fiscal. Para efectos tributarios, la base de cálculo del débito fiscal es el precio de venta del bien o prestación de servicios, ya incluidos los descuentos concedidos.

En el caso que un contribuyente, en un plazo de 3 meses, reporte en su facturación precios de ventas promedios menores al costo de adquisición o producción de bienes, la Administración Tributaria podrá determinar la base de cálculo del débito fiscal, tomando en consideración el precio de venta del mismo producto en otras operaciones del mismo contribuyente u otros contribuyentes dentro del mismo plazo, salvo que el contribuyente justifique y demuestre las razones por las cuales se produjo esa situación y presente información bancaria y financiera que acredite sus ingresos reales.

En los servicios de espectáculos públicos, teatro y similares, los contribuyentes deben emitir la factura correspondiente y el precio del espectáculo consignado en la misma no debe ser inferior al costo del espectáculo para el público, de acuerdo al precio de cada localidad del evento.”

Los dejo así con el regalo de año nuevo que la Corte nos dio.

Mario E. Archila M.

 

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Noticias para alarmarse: El comercio es señal de delincuencia y SAT amenaza con prisión

En la edición de Prensa Libre del 29 de noviembre de 2012 me encontré -me contaron y luego fui a leer- de dos noticias que me alarmaron.

La primera es que “INVESTIGAN NEGOCIOS UBICADOS EN ZONA 15″ por la posibilidad que sean fachadas para el lavado de dinero. La encuentra en la página 10.

¿Qué me alarmó? Que nos estamos convirtiendo en un régimen que duda de cualquier ciudadano. Todo negocio implica la existencia de lavado de dinero o vínculos con el narcotráfico. La noticia dice “Entre los hechos que han desencadenado sospechas para que el Ministerio de Gobernación monte operativos de inteligencia se incluyen el aumento y creciente desarrollo comercial, hurto y robo de vehículos, saqueos a viviendas, ataques armados directos, enfrentamientos y asaltos a peatones”. Está bien que el hurto y robo de vehículos alerte, pero que “el aumento y creciente desarrollo comercial” sea una alarma no puede estar bien.

Triste resulta que el vocero de la Municipalidad declare que “…personas tramitan patente de comercio y tarjeta de salud, pero no cuentan con el permiso de abierto al público, pues quieren operar en áreas residenciales, donde no está permitido”. En el fondo quiere decir que hemos sido expropiados. Si bien el orden es deseable, también lo es que no poder decidir dónde tener un negocio acarrea ilegalidad. También lo es que el hecho de tener que pedir permiso para abrir un negocio en mi casa, no es más que una llana expropiación.

La otra “bella” noticia es que se anuncia que “SAT VA TRAS SUBVALUACIONES”. Acá el tema es escabroso. SAT y Muni firmaron un acuerdo para que SAT fiscalice el IUSI… ¿Es eso legal? SAT y Muni no pueden firmar acuerdos por los que Muni le traslada la administración del IUSI a la SAT. Se requiere de una ley para trasladarlo.

Ahora, el tema incluye que SAT busca recaudar IVA que no recaudó en compraventas de inmuebles. Dice Miguel Gutiérrez, con esa ignorancia de burócrata, que detectaron “simulaciones de valores en compraventas”. Lo que deberían decirle sus abogados en SAT es que para que pueda decir que hubo “simulaciones” debe seguir un proceso judicial que la declare, pues las compraventas de inmuebles se documentan en escrituras públicas, documentos que hacen prueba, por ser faccionados ante Notario Público que goza de fe pública. Si son “simulados” imagino que tiene en su poder ya las sentencias que declaran la nulidad del instrumento público o la simulación del negocio civil. Sin eso, simplemente está haciendo lo que los gringos dicen “bluffing” y hasta puede ser delito, pues está imputando ilícitos a particulares.

La solución, dice SAT a través de Gutiérrez, es que se aplicará una tasa de 3-5% del valor no declarado, sujeto a convenio de pago. ¿Habrá leído la Constitución? No puede hacerse eso sin una ley del Congreso. Si existe “simulación” en el valor y Gutiérrez ya lo detectó, debe iniciar los procesos legales -civiles, administrativos y penales- correspondientes. Si no denuncia, él comete omisión de denuncia. Con sus declaraciones parece que lo que quieren es extorsionar a los contribuyentes y podría caer SAT en exacciones ilegales, coacción y amenazas. Esto con la nueva Ley Anticorrupción está grueso.

Es así que qué lindo es ser funcionario, pero qué bello es que en un Estado de Derecho, el poder no es ilimitado y debería asesorarse mejor antes de hablar.

No cabe duda que este gobierno quiere ser tiránico. No cabe duda…

Mario E. Archila M.

 

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Registros Públicos: Violación al Derecho de Propiedad en el Decreto 4-2012

El Artículo 57 “A” crea la Obligación de los Registros Públicos a exigir la presentación del documento en que conste el pago del impuesto establecido en esta Ley, cuando corresponda, y el Registro General de la Propiedad, además de la obligación anterior, debe exigir la presentación del recibo de pago que corresponda al último trimestre vencido del Impuesto Único Sobre Inmuebles, requisito sin el cual no se efectuarán las inscripciones, anotaciones u operaciones en los mismos, en tanto no se subsane. Si bien la intención es aumentar la recaudación del IUSI (impuesto que sufre más complicaciones legales que sus virtudes) nos encontramos con que podría ser una limitación extrema al derecho de propiedad.

No es posible que un derecho constitucionalmente garantizado, como la propiedad, esté sujeto al cumplimiento de un tributo. Más complicado está ver que en el caso en cuestión, quien incumplió el pago del tributo pudo ser el propietario anterior, quien vendió la propiedad y ahora el comprador, se encuentra con una compraventa que no puede inscribir y su derecho constitucional de propiedad “suspendido” sin poderse ejercer. Ya el Código Tributario establece que el que adquiere un bien, lo adquiere con las deudas tributarias, por lo que resulta de más. Ahora, que las Municipalidades sean incapaces de cobrarlo en tiempo, pues son “otros 20 pesos”.

Analizaré plantear la inconstitucionalidad del caso.

Mario E. Archila M. 

 

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Reformas al ISR contenidas en el 4-2012

Aunque no entran en vigencia las que modifican “situaciones jurídicas constituidas”, sí hay algunas que son importantes tener presente.

La primera se refiere a los exportadores. Es una combinación de normas del ISR e IVA modificadas en este decreto -4-2012- que causa varias controversias.

Es el primer artículo que reforma el ISR en este decreto y entre lo que llama la atención dice: “… cuando emitan facturas especiales por cuenta del vendedor de bienes o el prestador de servicios de acuerdo con la Ley del Impuesto al Valor Agregado y deberán retener con carácter de pago definitivo el Impuesto Sobre la Renta, con una tarifa del cinco por ciento (5%) si se trata de compra de bienes, y seis por ciento (6%) por la adquisición de servicios, calculado sobre la renta presunta del importe facturado, menos el Impuesto al Valor Agregado retenido”

La retención del IVA no aplica, pues acá no pagan el IVA sino que lo calculan como crédito y débito, pero el efecto es calcular el ISR como pago definitivo sobre la renta presunta con la tarifa que allí dice. Ahora bien, 2 problemas en el cálculo:

1. ¿Cuál es la base imponible? Base imponible en lenguaje de impuesto es la cantidad a la que le aplico el porcentaje. Acá dice “renta presunta”, pero no hay ningún artículo en la ley que explique cuál es la renta presunta. De tal manera que no “hay base”. ¿En qué importa esto? En que no tenemos forma de aplicar el porcentaje a nada. Creo que lo debieron decir en este artículo es cuál era la renta presunta, como estaba hasta el 25 de febrero y luego remitir a la tarifa del artículo 44 ó 72, según quisiera el Congreso. Grave error. Conclusión “constitucional”: NO SE PUEDE CALCULAR EL IMPUESTO Y POR TANTO NO SE PUEDE PAGAR.

2. Los líos que le causa al “proveedor no autorizado”:

    • ISR como pago definitivo -es decir, sin posibilidad de calcular su verdadera utilidad-
    • IVA: no se paga el IVA al productor. Se retiene la totalidad.
    • No hay exención para el productor en cuanto a no emitir factura. Sancionable por ello.

En este caso, el productor pagará sobre “renta presunta” aunque sea un productor real, legal, correcto y honrado. Esto quiere decir que la ley obliga a que se pague en la facturación sin importar cuál es la utilidad real del productor. El principio básico del Derecho Tributario es que deben establecerse impuestos únicamente sobre la capacidad de pago de un ciudadano. Una renta “presunta” no revela, no muestra, la capacidad de contribuir de ese productor. Además, sigue teniendo “ventas” y no hay regulación para efectos de considerarla renta exenta en su régimen normal. Podría tener que pagar 2 veces. En el IVA, el problema está en que el productor está obligado a dar factura en la venta, pero ahora, el comprador no la quiere, es más, debe emitir esa factura especial (factura especial: factura que emite el comprador), pero no existe ninguna norma que regule las obligaciones del lado del vendedor, con lo que podría hasta caer en la infracción sancionada con cierre de establecimiento.

La norma está tan mal hecha, que no puedo creer que le hayan hecho la “upa” en todos lados…

Mario E. Archila M. 

 

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Errores con consecuencias en la reforma fiscal (del Decreto 10-2012)

El Decreto 10-2012 del Congreso de la República fue publicado el 5 de marzo de 2012. En el mismo se crea una nueva ley del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Específico a la Primera Matrícula de Vehículos Automotores Terrestres, la ley Aduanera Nacional, Reformas al IVA, Reformas a la ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos, Reformas a la ley del Impuesto de timbres fiscales y las disposiciones finales.

Aunque no era el orden previsto para esta sección, sino que debería hablar del 4-2012, me veo obligado a mencionar un par de Errores con consecuencias en este decreto. Luego regreso al 4-2012 y las reformas al Código Tributario para ponerles, al final, al tanto de la nueva ley del Impuesto Sobre la Renta.

En el Decreto 10-2012 se tiene al final el libro VII con las disposiciones finales y transitorias, la que resulta el lugar en el que se cometen 2 errores muy significativos.

El tema deviene de la forma en que las normas entran en vigencia y cómo se interpretan esos conflictos de leyes en el tiempo, como lo decimos.

Conforme al mismo Código Tributario, las leyes tributarias dictadas en diferentes tiempos, entrarán en vigencia conforme las reglas contenidas en el artículo 7, entre ellas que regirán desde la fecha que en ellas se establecen. Si no se establece fecha, ocho días después de su publicación.

El artículo 181 establece que entrará en vigencia 8 días después de su publicación, salvo el ISR, que lo hará el 1 de enero de 2013, el impuesto a Primera Matrícula, que está sujeto a una aprobación de Comieco y el Impuesto sobre Circulación de Vehículos, que lo hará también el 1 de enero de 2013.

Con ello, las disposiciones finales, transitorias y derogatorias entran en vigencia el 13 de marzo de 2012. ¿Qué horrores implica esto?

El primero es que el artículo 178 reforma el literal f) del artículo 4 del Decreto 73-2008, Ley del Impuesto de Solidaridad, el cual queda así: “f) Las personas individuales o jurídicas y los demás entes o patrimonios afectos al Impuesto de Solidaridad, que paguen el Impuesto Sobre la Renta de conformidad con el Régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas de este Impuesto.”

¿Qué implica esto?

Que las personas que están en el régimen del artículo 44 del Impuesto Sobre la Renta actual (5% por actividades mercantiles) dejan de estar exentas del Impuesto de Solidaridad desde el 13 de marzo de 2012. Claro que hay argumentos constitucionales que dirán que a estos contribuyentes se les estaría violando su capacidad de pago y que parece “evidente” que todo proviene de un error del legislador, el texto es claro en cuanto a que expresamente lo modifica y esa modificación no está sujeta a la entrada en vigencia del nuevo ISR, cosa que el Congreso debió dejar dicho.

El segundo error está en el artículo 180 numeral 4 del Decreto 10-2012:

ARTICULO 180. Derogatorias. Se derogan:

1. El Decreto Número 26-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto Sobre la Renta, y sus reformas, a partir de la vigencia del Impuesto Sobre la Renta contenido en el libro I de esta Ley.

2. El Decreto Número 26-95 del Congreso de la República, Ley del Impuesto sobre Productos Financieros y sus reformas, a partir de la vigencia del Impuesto Sobre la Renta contenido en el libro I de esta Ley.

3. El numeral 8 del artículo 2 de la Ley del impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos, siempre que entre en vigencia el gravamen a la distribución de dividendos en el Impuesto Sobre la Renta, contenido en el Libro I de esta Ley.

4. El artículo 12 del Decreto Número 80-2000 del Congreso de la República.

5. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en esta Ley.

¿Qué significa esto? Bien, el artículo 12 del Decreto 80-2000 es el que contiene la disposición por la cual no debe pagarse ISR en los intereses que se pagan a bancos extranjeros. Es la famosa norma “de primer orden”. Con esto, los intereses desde el 13 de marzo de 2012 estarán gravados y deberá retenerse el 10% en ellos.

De nuevo, resulta “injusto” y “discriminatorio” y evidentemente es un error del legislador, sin embargo la única manera de corregir un error del legislador, es legislando.

Mario E. Archila M.

 

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La verdad de la planilla del IVA

Estamos ya en el 2012 y vale la pena actualizar el artículo de la Planilla del IVA, pues ya SAT empezará con las “revisiones”. Así que “ojo al Cristo” y no se deje machucar, que para eso ellos son “servidores públicos” y usted les paga el sueldo. Es una actualización del artículo del 3 de febrero de 2011.

Las tales “revisiones” son usualmente más una encerrona de interrogatorio a lo Guatánamo Bay, que una relación de “administración” -servidor público- con “administrado” -usted, el que paga y manda. Por eso es que estoy muy molesto con la Administración Tributaria y su típico abuso de ventanilla con el cual espantan con el petate del muerto y usted, cae muerto.

Le voy a contar lo que dice la ley:

ARTICULO 37 “A”.  Crédito a cuenta del impuesto. Las personas individuales a que se refiere el artículo 37 de la ley, tendrán derecho a un crédito a cuenta del Impuesto sobre la Renta, por el Impuesto al Valor Agregado pagado en la adquisición de bienes y servicios durante el período de liquidación definitiva anual, para su uso personal y de su familia, hasta por un monto equivalente a la tarifa del Impuesto al Valor Agregado aplicada a su renta neta obtenida en dicho período.

En caso que este crédito supere el Impuesto sobre la Renta a pagar, el excedente no generará derecho a devolución alguna.  Este crédito se comprobará mediante la presentación de una planilla que contenga el detalle de las facturas o tiquetes, que estarán sujetos a verificación por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria.  La planilla deberá presentarse ante dicha Superintendencia dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes de enero de cada año, en el caso de las personas individuales que obtienen sus ingresos por la prestación de servicios personales en relación de dependencia.  En el caso de las personas individuales que deben presentar declaración jurada ante la Superintendencia de Administración Tributaria, también deberán presentar la planilla dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes de enero de cada año.  El reglamento establecerá los datos que debe comprender la planilla.

Los contribuyentes están obligados a conservar en su poder los originales de las facturas o tiquetes que sirvieron de base para determinar el crédito por Impuesto al Valor Agregado, por los períodos no prescritos.  La no presentación de la planilla, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes de enero de cada año o la carencia de las facturas o tiquetes citados, hacen improcedente el crédito a cuenta del Impuesto sobre la Renta.

Esta palabrería quiere decir: TODO EL IVA que usted pagó para su uso personal y de su familia, le da derecho a “pagar” el impuesto sobre la renta del año calendario respectivo. Todo lo demás no es interesante. No importa la razón por el consumo. No es importante. NO TIENE QUE ESTAR RELACIONADO CON SU TRABAJO. Pueden ser pañales, cerveza, Ron Zacapa, medicinas, masajes terapéuticos y hasta de los otros masajes. Si tiene factura y usted “consumió” esos bienes, puede estar en la planilla del IVA y usarse. ¿Que fue al ginecólogo su esposa? También. Uso personal y de su familia. Lo único que le pueden pedir es que compruebe el pago. Eso lo amplío abajo. Siga leyendo.

¿Qué es un crédito fiscal? Es un beneficio que la ley le otorga para poder PAGAR otro impuesto.

¿Cuánto es? El total del IVA que pague durante el año hasta un máximo igual a su RENTA NETA por la tarifa del IVA. Sí, ya sé que dije lo mismo, pero siga leyendo.

1. Renta Neta: La totalidad de los ingresos que usted recibe de su patrono (sueldos, comisiones, aguinaldos, bono 14, bonificación incentivo, etc.).

2. Tarifa del IVA: 12%.

Así, si usted tiene un sueldo de Q4,000.00, más Q250 de bonificación incentivo; podemos calcular que su renta neta será: 4,000 x 12 + 250 x 12 + 4,000(aguinaldo) +4,000 (bono 14), que es un total de Q59,000.00

Su crédito de IVA será Q59,000 x 12%, lo que es: Q7,080.

Así que si usted llenó su planilla del IVA y le dio un resultado mayor, sólo puede usar hasta Q7,080. Salió menos, fabuloso, pues podrá usar hasta ese máximo. Ahora viene y llena su declaración definitiva del año y resulta que tiene un ISR total de Q8,000.00, pero ya le retuvieron en su trabajo Q6,000; su patrono le deberá devolver lo que “sobra”. ¿Cuánto sobra?

Monto retenido durante el año: Q6,000

Total “puesto por usted”: Q6,000 + Q7,080= Q13,080

ISR que debe pagar: Q8,000

Diferencia a su favor: Q5,080 (que es lo que su patrono le debe devolver el 14 de febrero).

Ahora, ¿qué es lo que me enoja?

La interpretación de SAT en cuanto qué es crédito. SAT pretende utilizar una norma de la ley del IVA que dice que para efectos del crédito del IVA, se tendrá derecho al mismo, sólo cuando es por compras de “cosas necesarias” para su actividad. Ya expliqué arriba que eso no lo dice la ley.

Esta “regla” es para el IVA, no para el ISR. Escuché el año pasado, que a algunos les decían que “la compra de cerveza” no le daba derecho. Pues ese criterio es más erróneo que gol anotado con la mano.

Hay innumerables fallos de tribunales que dicen que no se puede usar la ley de un impuesto para “otro” impuesto y acá el beneficio -crédito para ISR- está regulado en la ley del ISR.

Si usted lee el artículo de la ley que transcribí, verá que en NINGÚN LUGAR dice que las compras que haga deben ser para su actividad.

Dice, claramente, POR LAS COMPRAS PARA USO PERSONAL Y DE SU FAMILIA. De ello también se deriva que esas facturas no requieren su NIT ni su nombre, con que sean “Consumidor Final” es suficiente, pues es acá donde usted es CONSUMIDOR FINAL.

Ahora, lo que sí dice la ley es que debe ser IVA pagado. Esto quiere decir que le pueden pedir que compruebe cómo pagó todo el IVA que dice su planilla. Hay otra “leyecita” por allí que dice que si hay pagos por más de Q50,000 debe haberse pagado por medios bancarios o documentado en escritura pública, así que, por favor, si tiene IVA de un carro o de una casa, sí es legal que le pidan ver los cheques y/o la escritura pública del crédito del Banco. Tenga en cuenta que si compró una casa por US$100,000, la escritura y el crédito deben coincidir, ya que si no, al rato lo que hará es que SAT pedirá que lo procesen por defraudación tributaria y le apliquen la Ley de Extinción de Dominio, con lo que no sólo no le aceptarán la “factura” que no coincide, sino que le van a “quitar” su casita nueva.

Si lo llaman de SAT, dígales que “Ah, ve pues, no estoy de acuerdo. El Código Tributario dice que si usted -SAT- me va a hacer un ajuste, me corra audiencia por 30 días para defenderme. También dice que si la “deuda” es por menos de Q2,000 se declare incobrable…”, así que pida que le corran audiencia. No se deje. Su constitucional derecho es.

Mario E. Archila M.

 
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Publicado por en 16 enero 2012 en Impuestos, IVA, Planilla IVA

 

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