Obligaciones fiscales de los seguros

 

Hemos tenido algunos cruces en Twitter con personas que sienten que las compañías de seguros no están “al día” en sus obligaciones fiscales, pues, dicen, las aseguradoras les debieron entregar facturas cuando ellos pagaron deducibles o bien pagaron a la aseguradora el resarcimiento del daño causado a un “asegurado” al que chocaron.

Me voy a poner un poco más técnico de lo usual, pero el tema lo amerita.

El Deducible

El término “deducible” se refiere a la cantidad que en cada siniestro -accidente- deberá ser pagado por quien está Asegurado. Es decir, se trata de un “monto mínimo” de daño que el asegurado debe cubrir por su cuenta.

El contrato de seguro, como lo define la ley, es un contrato que para el asegurado no puede implicar fuente de enriquecimiento.

Las relaciones tributarias que se desprenden del contrato con las aseguradoras al momento de pago de un siniestro se deben analizar de forma individual.

Es así que debemos analizar la existencia de dos tributos distintos que pueden surgir por el pago de un siniestro.

Impuesto Al Valor Agregado -IVA- 

El IVA tiene como hecho generador, de manera general, la prestación de servicios y la venta de bienes.

En el contrato de seguro, específicamente, la Aseguradora tiene la obligación de emitir factura por la prima. Prima es el pago que hace un asegurado a la Aseguradora para obtener la cobertura de su seguro. Es el “precio”, si se quiere, por el servicio de “asegurar”.

En el caso de la ocurrencia de un siniestro, se tienen terceros involucrados que generan en varios casos la relación de pago de este impuesto y así, la emisión de la factura. Es decir, los servicios de grúa, de mecánico, de abogados. Todos estos servicios pueden generar una obligación de emitir factura a favor de quien cubra los mismos. Usualmente, la compañía de seguros paga todo y luego cobra el “deducible” al asegurado o le cobra todo a quien causó el daño, si fuera un tercero.

Analizamos cada uno:

Reparación. En el caso de la reparación de un vehículo, el taller es quien resulta obligado a la emisión de la factura y cargo del IVA. La relación entre la Aseguradora y el Asegurado debe considerar las obligaciones del IVA para efectos de su comprensión. De esta cuenta, la Aseguradora cobra la suma que corresponde al deducible y paga al taller la totalidad de la reparación. El deducible, como se define, es la cantidad que paga el asegurado en cada siniestro. Esta suma puede incluir dentro de su cálculo el monto de IVA, cuando el Taller emite 2 facturas, una por el monto de deducible más IVA y otra por el pago de la aseguradora más IVA.

Esto es así, toda vez que el IVA no deriva del deducible ni puede ser parte de la suma “asegurada” ya que corresponde a una obligación tributaria y es el Taller el obligado a cargar dicha suma cuando cobra sus servicios y repuestos.

Si el deducible se cobra al asegurado “con IVA incluido” el comprobante de ese IVA correspondería al asegurado y debe ser cargado al asegurado en una factura. Recordemos que el IVA para generar crédito, debe estar pagado por el contribuyente que lo reclame. La relación entre la Aseguradora y el Asegurador, en cuanto al monto del deducible, no es una relación de “prestación de servicios” sino de compartir el costo de una reparación. De la definición legal, se desprende que debe ser el monto que pague el asegurado, lo que se debería entender, tributariamente, pagado al taller y por tanto, el taller debería emitir la factura por esa porción directamente al asegurado.

Si el asegurado paga el deducible “más IVA” sin recibir una factura por esa suma, el porcentaje de deducible no corresponde realmente con el porcentaje pactado, lo que puede ser un problema adicional. La Aseguradora, por su parte, no podría cobrar el IVA de la reparación sin entregar un comprobante IVA por esa cantidad, ya que no es una obligación de la Aseguradora cobrarlo y el IVA que se paga en la reparación representa crédito IVA para la Aseguradora. El cobro podría implicar una apropiación indebida de dinero y un incumplimiento de la normativa tributaria. En otras palabras, cobrar porción del IVA dentro del deducible, pero guardando la totalidad del IVA en la factura recibida del taller, implica que hay un aprovechamiento del IVA vía el cobro al asegurado, quien no forma parte de la relación tributaria con el taller, mientras que la Aseguradora tiene IVA crédito por la factura y cobro al Asegurado.

Pérdida total. En este caso, la aseguradora hace el pago de la suma asegurada al asegurado y recibe el monto del deducible respectivo. Al no existir reparación alguna, ni tercero involucrado, no se debería generar IVA en esta operación al ser puramente resarcitoria. Acá es más claro que si el daño se estima una cantidad X, ejemplifiquemos en Q100,000, el pago al Asegurado debería ser Q100,000 menos el monto del deducible, por lo que no hay en sí ninguna obligación de facturación ni cargar o soportar IVA.

Impuesto de Timbres Fiscales

El impuesto de Timbres Fiscales se genera en la emisión, suscripción u otorgamiento de ciertos documentos, entre ellos actos y contratos y comprobantes de pago. En este caso, el resarcimiento del daño que corresponde a la Aseguradora y la recepción de la suma del deducible, se documentan debidamente, usualmente, por medio de finiquitos. Es así que la comprobación de los pagos es la razón de la afectación al impuesto del Timbre Fiscal en situaciones de resarcimiento.

Es por ello, que al suscribir un documento que tiene como fin la comprobación del pago de una indemnización, se deben cubrir en él los timbres fiscales respectivos (3%).

El hecho generador será la emisión, otorgamiento o suscripción de dichos comprobantes de pago y el obligado a pagar el impuesto resultará el que emita, otorgue o suscriba el mismo, con lo que podría ser únicamente la aseguradora, únicamente el asegurado o ambos, de manera proporcional.

Caso de un tercero que paga el daño

El principal punto acá deriva de la legislación del IVA y la necesidad de emitir factura al culpable de un daño a un asegurado, quien debe pagarle a la Aseguradora la reparación o el daño causado.

Es así el caso que un tercero  se encuentra responsable del percance y por ello “reembolsa” a la aseguradora el monto de las reparaciones necesarias para resarcir el daño causado.

Debemos partir del hecho que la ley del IVA aplica únicamente a “venta” y “servicio”, como se explicó arriba. Estos conceptos están definidos en la ley del IVA y así deben ser entendidos:

1) Por venta: Todo acto o contrato que sirva para transferir a título oneroso el dominio total o parcial de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio nacional, o derechos reales sobre ellos, independientemente de la designación que le den las partes y del lugar en que se celebre el acto o contrato respectivo.
2) Por servicio: La acción o prestación que una persona hace para otra y por la cual percibe un honorario, interés, prima, comisión o cualquiera otra forma de remuneración, siempre que no sea en relación de dependencia.

Luego el artículo 3 es el que indica cuáles son los hechos generadores de la obligación tributaria. La obligación de emitir factura nace únicamente de un hecho generador contemplado en el artículo 3. Los reembolsos o indemnizaciones por daños no están contemplados dentro de ninguno de los 9 hechos generadores como tal y el concepto de “servicio” no es aplicable por lo siguiente:

  1. El que causa un daño tiene la obligación de indemnizarlo.
  2. La aseguradora tiene un contrato con el asegurado, no con quien causa el daño.
  3. El pago que hace el tercero que causó el daño no deriva del contrato, sino de una obligación derivada del propio daño causado, por lo que la Aseguradora no realiza a favor del tercero que causa el daño ninguna prestación y no cobra una remuneración, sino que su derecho de cobro es por repetición dada la subrogación en los derechos del dañado.
  4. El resarcimiento del daño es obligatorio y como resarcimiento del daño, la única obligación de la Aseguradora es comprobar el pago realizado y entregarle un finiquito. Estos son hechos generadores del Impuesto del Timbre Fiscal, no del IVA.
  5. El cobro no puede incluir IVA, dado que el daño no incluye IVA pues el IVA pagado en la reparación corresponde a crédito del IVA, mismo que es un “activo” de la Aseguradora.

 

Mario E. Archila M. 

 

Emisión de facturas (Publicado con autorización de Lucía Aguilar)

De todos es sabido que si trabajamos por cuenta propia, ya sea vendiendo productos o prestando servicios, tenemos la obligación de facturar y pagar los impuestos correspondientes.   Sin embargo, en la Ley del IVA hay un artículo poco conocido y que muchas empresas han optado por ignorar, me refiero al que regula el momento en el cual se deben emitir las facturas.

Primero que todo, hay que entender la naturaleza del IVA, es un impuesto que nosotros le cobramos a nuestros clientes en nombre del Estado. Es decir, quien emite la factura es únicamente el intermediario entre SAT y los clientes.

Actualmente, la práctica más común es que la factura se emite y entrega al cliente para trámite de pago, lo cual puede demorar hasta más de un mes en algunos casos (y en casos extremos, nunca se logra cobrar).   Esto puede ocasionar que nos toque pagar IVA que no hemos cobrado y, mientras tanto, nuestro cliente utiliza el crédito a su favor sin haberlo pagado todavía. En otras palabras, no sólo nos deben sino que está usando una parte de esa deuda para rebajar sus impuestos. Cuando esto sucede la opinión más común es “qué joden los de SAT, si a mí no me han pagado, no tengo dinero y de todos modos se lo van a robar”. Comprensible, a todos nos duele pagar impuestos y más cuando es una cuenta pendiente de cobrar.

No obstante, la culpa de que nos toque pagar ese IVA no es de SAT, de las leyes, del Congreso ni del contador sino de nuestros mismos clientes. Lo que indica la Ley del IVA (artículo 34), es que las facturas por venta de bienes se deberían emitir en el momento de entrega del producto y por la prestación de servicios cuando se reciba el pago. Además, en el artículo 4, se establece que el impuesto se debe pagar en el momento de emisión de la factura (ojo: no se refiere a pagarlo a SAT sino al intermediario). Un buen ejemplo de la forma correcta como se debería trabajar son las empresas que venden vehículos, emiten la factura desde que se concreta el negocio y de una vez cobran el IVA, aunque el cliente se tarde 5 años en pagar, ellos no tendrán problema para cumplir con su obligación fiscal.

Si todos cumpliéramos y exigiéramos que se cumpla con esta disposición legal, el flujo de efectivo de la mayoría de empresas que trabajan créditos se vería beneficiado pues no se tendría que trasladar a SAT dinero propio sino únicamente lo que realmente se ha cobrado. Ya sólo sería cuestión de ser ordenados y no gastarnos este 12% que en realidad nunca nos pertenece.

Lucía Aguilar

** La entrada fue publicada originalmente acá: http://solucionesgt.com/2015/08/cuando-deberian-emitirse-las-facturas/ y allí pueden localizar a Lucía.

Delitos que faltan… además de la corrupción

Orden de captura para la señora Baldetti. Antejuicio planteado contra el General Pérez Molina. Simple y sencillamente por corrupción… Pero falta.

Cuando se revisan las leyes tributarias, hay cosas interesantes que se pasan por alto, pues estamos metidos en los conceptos legales típicos del derecho civil. En el derecho civil y mercantil sólo puedo hacer negocios con “bienes de lícito comercio”. En el derecho tributario, expresamente, eso no es importante.

Expresamente el artículo 16 del Código Tributario indica que “La existencia de las obligaciones tributarias, no será afectada por circunstancias relativas a la validez jurídica de los hechos o actos realizados constitutivos del hecho generador; o a la naturaleza del objeto perseguido por las partes al celebrar éstos, ni por los efectos que a ellos se les reconozca en otras normas legales, siempre que se produzcan efectivamente los resultados propios del presupuesto de hecho legal y no se trate de tributos documentarios.”

Lo anterior quiere decir que “la validez jurídica de los hechos o actos” no es importante. Es así que el hecho generador (simplificado) del Impuesto Sobre la Renta es el ingreso y el del IVA es “vender” o “prestar servicios”, pero no puede estar condicionado, bajo una perspectiva tributaria, por nada, a que sea “lícito comercio”.

En el caso de la corrupción, el artículo 16 del Código Tributario nos debe llevar a las siguientes conclusiones:

  1. Algunos funcionarios prestaron “servicios” en el concepto de la ley del IVA, pues cobraban a un usuario de la red de corrupción por “hacer algo a su favor”: el acto de corrupción.
  2. Recibieron un ingreso derivado de su trabajo “ilícito”. Hicieron algo.

Es por ello, que además de cometer cohecho -pasivo y activo- también dejaron de enterar al fisco los impuestos correspondientes. Obviamente, como son hechos ilícitos, es claro que hay “mecanismos” tendientes a evitar que la Administración Tributaria descubra dichas sumas. Recordemos que declarar incorrectamente porque hay temas interpretativos sobre un gasto deducible, por ejemplo, no es constitutivo de delito. Pero pedir que se pague a nombre de compañías fantasma, que se pague en efectivo esa mordida, que se disfrace de “algo” cuando es un soborno, simplemente nos debe llevar a pensar que hay “ardid, engaño” y ciertamente “fraude” para el pago de los tributos.

Es por ello, en conclusión, que una persona que cobra un soborno, tributariamente tiene una obligación tributaria por Impuesto Sobre la Renta, ya que tiene un ingreso y además, para efectos del IVA, como son cobros por realización de algo a favor de un tercero y no es relación de dependencia, dichos cobros generan IVA.

Ahora esperemos que adicionalmente a los delitos ya imputados, se agreguen los que corresponden por los impuestos dejados de pagar al cobrar mordidas, sobornos y demás.

Mario E. Archila M.

El porno para rebajar el IVA… Laffer y las salidas del mercado

Entre los males del porno, resulta que es una bella herramienta para demostrar que una subida en tarifas impositivas no lleva siempre a un alza en la recaudación. En España, el gobierno aprobó un alza del IVA a ciertas actividades, dentro de ellas las culturales, con lo cual llevó el IVA por espectáculos de teatro a la tarifa más alta de IVA en España: 21 %. Como era de esperarse cuando uno entiende de análisis económico de la tributación, es que un alza en un impuesto al consumo afecte la demanda según su elasticidad y, obviamente, eso depende de la utilidad marginal de dicho producto o servicio y sus sustitutos, entre otros factores.

El teatro, como otros muchos espectáculos públicos, puede ser muy sensible al precio final, toda vez que no es de primera necesidad. En el artículo de Prensa Libre, claramente se demuestra esto: “Un estudio de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza  (Faeteda) cuantificó el impacto sobre las artes escénicas de un IVA al 21% en su primer año de aplicación  (septiembre de 2012-agosto de 2013) . Respecto a los 12 meses anteriores, la recaudación bruta de los espectáculos cayó un 26% y la recaudación neta para las empresas, un 34%. El número de espectadores pasó de 13,1 millones a 9,3  (un 29% menos) y se perdieron unos 1.800 puestos de trabajo directos.” (Edición electrónica del 4 de diciembre de 2014).

Es así que el alza en la recaudación no se logra con alza en tarifas. Acá, en esta nota de prensa, lo más interesante es lo bizarro de la solución que una compañía de teatro encontró, tanto para continuar en el negocio aún con el alza de los precios, así como para protestar por tan ridícula gradación de las tarifas del IVA… Resulta que las revistas, incluidas las pornográficas, pagan un IVA preferencial de 4 %. Por ello, la compañía de teatro se convirtió en distribuidora de revistas pornográficas y regaló, con las ediciones de la revista, una entrada para la función de teatro. Así que si un impuesto deja de cumplir con los principios de neutralidad y capacidad de pago, lo mejor, siempre, será encontrar un mecanismo para corregir el problema. A veces lo encuentra el gobierno, a veces lo encuentra el contribuyente…

Lea el artículo de Prensa Libre acá. 

 

Mario E. Archila M.

Impuesto a los Informales

Me invitaron a Canal Antigua a platicar del tema. Así me entero que hay una propuesta para gravar a los informales, emanada de la Vicepresidenta, con Q150… Todavía no sabemos si mensual o anual… Pero hay una declaración sobre la idea con visos de intención.

Me parece grave que se tiren y filtren esas declaraciones así como así. Principalmente porque el problema de la economía informal no se arregla con “hacerlos pagar impuestos” así, a leño. La formalidad tiene costos que son cada vez más difíciles de cubrir. Costos que son poco cuantificables. Así tenemos el tiempo de hacer los trámites, la probabilidad de revisiones, cobros, sanciones, etc.

Guatemala, en cuanto a estructura de sistemas “simples”, tiene de los mejores… Considerados aisladamente. Es así que tenemos un sistema que era casi perfecto: 5% sobre ingresos para efecto del ISR. Un IVA con tarifa única y sin productos diferenciados o exentos. Estos sistemas fueron modificados del 2004 para acá de manera que ya no son tan simples ni sencillos y con el voraz apetito de los gobiernos, se presiona a la Administración Tributaria a buscar hasta debajo de las piedras recursos. Esto logra reventar en fiscalizaciones continuas sobre quienes ya tributan, con criterios, muchas veces, rebuscados.

Se incluyen sanciones como “cierre de establecimiento” por la simple sospecha de no haber emitido una factura, lo que representa un costo altísimo, pues podría verse alguien impedido de realizar su actividad económica por hasta 10 días o perder su “patente de comercio”. Esta eventualidad es un costo que se suma, no cuantificable, pues es contingente, pero existente.

El tiempo, que mencionaba arriba, surge en las propias ventanillas de SAT y registros públicos. Para inscribirse como comerciante, hay que demostrar dirección con requisitos de ventanilla -contrato de arrendamiento, recibo de agua, luz o teléfono, certificación de propiedad- de forma que el que pretende su inscripción tenga título sobre la dirección. Adicionalmente, se exige la presentación del DPI y la formalidad de grabar su huella digital y foto en el registro Tributario Unificado. Todo esto aumenta el costo, pues el interesado debe acudir personalmente a la ventanilla. Ya no se aceptan “tramitadores” y en caso de no tener tiempo, debe utilizarse un mandato (que cuesta unos Q1,000 en el mercado notarial escriturar y registrar).

Hacer las colas y trámites, para un informal, implica, muchas veces, dejar de percibir los alimentos del día o bien dejar de producir la ganancia de la semana.

El problema son burócratas que rayan en la ignorancia y se disparan criterios irresponsablemente sustentados en micos aparejados. En el Registro Tributario Unificado, toda esta tecnología de seguridad de identidad es irrelevante.

Voy a usar un único ejemplo. El Código Tributario indica que es contribuyente quien actualice los supuestos contenidos en la norma generadores de tributos, PRESCINDIENDO DE SU CAPACIDAD LEGAL según el derecho común.

Es así que una persona puede ser contribuyente por el hecho que realiza actividades para las que su edad no le otorga capacidad legal. Imaginemos, que se emplea como “Técnico en Botánica a domicilio”, alias jardinero, pues, pero tiene 13 años de edad. Según la ley del IVA, es un servicio. Por tanto se genera el impuesto. No entrega factura porque no logra obtener un NIT porque en SAT le dicen que como es menor de edad y no tener obligatoriamente un NIT, no se puede.

El Código Tributario indica que aún y cuando el Código Civil (derecho común) no le otorgue dichas capacidades, él es contribuyente. Se registra (vea el 120 del Código Tributario) indicando, declarando, cuál es su nombre (nombres y apellidos), no que deba probar dicha identidad con documento alguno, ya que no es relevante para efectos de pago de tributos, y señalará la dirección que establecerá como domicilio fiscal. Es una declaración ante autoridad. Tiene efectos y no puede la administración tributaria tratar a los contribuyentes de “mentirosos” y exigir prueba de todo lo que le declaran.

Es así que por esta circunstancia, su técnico en botánica no le entrega factura. Ni siquiera de pequeño contribuyente…

 

 

Mario E. Archila M.

¿Quién paga el IVA?

La pregunta es capciosa y causa revuelo, pues los términos son distintos en el derecho tributario al lenguaje económico o político.

Pagar, en Derecho, se refiere a extinguir de modo natural una obligación. Así, el pintor paga, entregando el retrato que le encargaron.

En el mundo del IVA, por tanto, resulta que jurídicamente paga quien hace la presentación de la declaración luego de su cálculo de créditos y débitos. El consumidor final, en este aspecto, no paga.

Ahora bien, el consumidor final, el cliente, desembolsa, da el dinero, pero no paga. Esto es la percusión o repercusión del impuesto. Pero no el pago.

Es evidente que todo tributo lo “paga”, económicamente hablando, el consumidor final. El ISR, por ejemplo, es siempre un costo más para medir el ROI o Retorno de inversión. Allí, sin embargo, no se nota.
Cuando usted compra algo, incluye, costo de producción y venta, gastos indirectos, publicidad e impuestos, todos los impuestos, tanto directos como indirectos. A usted, únicamente le revelan el IVA.
Esto es importante, porque en Derecho Tributario, paga únicamente el contribuyente o el responsable de la deuda. El consumidor final sufre el efecto, no así el pago. Por ello es vital saber en qué contexto se usa el término por quién habla.

Los políticos venden la idea -los malos asesores también- que los impuestos directos “los paga el comerciante” y el IVA lo “paga” el consumidor.
En el primer caso es jurídicamente cierto, no financieramente cierto. En el segundo caso, es financieramente cierto, no así jurídicamente cierto.

Financieramente, todo tributo lo paga el consumidor. Es más, si son muy altos, lo pagará al no tener el servicio o bien, o, encontrando dicho bien únicamente en el mercado negro a precios altísimos.

Mario E. Archila M.

Otros aspectos de la llamada “Reforma Tributaria”

¿Finalidad de un Gobierno?

Allí hay otro problema en cuanto a la Reforma Tributaria. Evidentemente no todo puede ser hecho por el gobierno. Hay acciones para las que no está hecho y acciones que principalmente le corresponden.

¿Sabemos cuáles son cuáles? He allí un primer gran problema que la reforma no trató. La misma se hace con una programación de gasto que es más una lista navideña a Santa Clós que un programa que responda a acciones de gobierno.

Mucho del gasto no representará mejora de condiciones para los ciudadanos. Es más, mucho del gasto, por el simple hecho que el gobierno anuncie que lo hará, causará falsas expectativas y eso, a su vez, mayores conflictos sociales.

Coincidimos que tenemos problemas tan graves como la seguridad. Aunque la violencia haya disminuido, cuando vemos cifras de muertos, no necesariamente vemos que las causas de dicha violencia están siendo atacadas. Un conflicto de tránsito termina en una persona muerta. Un robo de mercadería resulta en competencia desleal y extorsión de la propia policía. Un incumplimiento de un proveedor puede llevar a la tumba a alguien.

¿Qué es lo que sucede? No hay mitigación de conflictos pequeños. Los tribunales son inservibles para la gran mayoría de los conflictos y las instituciones públicas de “seguridad” ven únicamente la justicia penal, de alto impacto, como importante. Es la justicia “de paz”, es decir, la civil y mercantil de ínfima cuantía la que evitará violencia. Es la válvula que hará que la conflictividad se reduzca. Menor conflictividad, mayor posibilidad de crear un ambiente de paz.

La correlación es difícil de hacer, pues los medios se enfocan en los resultados de la justicia penal. Se enfocan en las estadísticas de fallecidos por actos violentos. Las historias detrás deben ser más ilustrativas para encontrar el problema. Así que no hay ideas ni propuestas para mejorar la justicia de paz.

A eso le sumamos la cantidad de “tareas” que le asignamos al Estado. Tareas que pasan de lo noble al saqueo. De lo virtuoso al robo. De lo deseable a la exigencia. Esas tareas se le asignan en esa lista de navidad por lo que el problema tributario se convierte en un problema de caja fiscal.

La historia demuestra que por allí empiezan grandes revoluciones. Demuestra que la gente llega a explotar cuando ve que su dinero, su esfuerzo, se utiliza en cosas por las que no encuentra justificativo real alguno. El uso opaco de los recursos, los fines dudosos y hasta los fines redistributivos causarán conflicto. La sociedad, los pagadores de tributos, estará sometida a una presión enorme, que llegará a reventar.

Toda la idea tras el pacto fiscal era hacer más transparente el gasto. Colocar mejor los recursos. Sigue sin suceder. Los operadores políticos siguen viendo el problema del lado de lo que aspiran: su puesto de gobierno. Allí el problema está en que a mayor transparencia y mejor alocación de los recursos, menos posibilidad de saqueo. Dicho problema es de fondo. Se evade. Se escucha siempre la misma canción de “pero la gente no paga y sin recursos no se puede hacer nada”. Se paga más que hace 10 años. El gasto es más opaco y menos efectivo que hace 10 años. Algunas excepciones, por épocas. La alfabetización había ya iniciado y el gobierno de UNE cancela las escuelas modelo en las que no había acceso a los recursos por los funcionarios. ¿Se vale?

La proveeduría de servicios y bienes al estado está, hoy día, en tela de juicio y abiertamente los interesados en los jugosos contratos se pelean por la cuota. Ninguno propone mecanismos en los que no hay probabilidad de manejar precios o comisiones. ¿Se vale?

El sistema de justicia está tomado, sin que se pueda encontrar una salida. La normativa procesal es la que lo provoca. Acá se extorsiona a todo nivel si se clama justicia, pues la justicia está cerrada a tecnicismos que permiten a sus operadores jugar con ella y el bolsillo de los interesados. ¿Se vale?

Por supuesto que si simplifico el problema a “el Estado se quedará sin poder cubrir sus pagos”, la pelota está de nuestro lado. De usted y yo que pagamos.

Veamos casos interesantes. Se dice que pagamos muy poco. La primera pregunta es “¿Comparado con quién?” La segunda pregunta debe ser: “¿Para qué queremos pagar más?” y la tercera pregunta es “¿Quiénes pagan en Guatemala?”

Hong Kong tiene un impuesto único con tarifa de 15 y 16%. Recauda lo mismo que nosotros. ¿La diferencia? Paga la mayoría de la población. Acá, el seguro social, el ISR, el IVA, circulación, vehículos, importación, timbres, IUSI, etc. se pagan por unos pocos y no logramos recaudar más allá del 12% del PIB. ¿Por qué? Alrededor del 70% de la población no paga. Es informal. Pero lo más interesante es que no tenemos 70% de pobres. El 40% de la población aproximadamente es del 10% más rico del país. Algo no cuadra en las matemáticas.

No cuadra porque el costo de la formalidad es invisible y mucho más caro. El costo de cumplimiento fiscal también lo es. De tal forma que es más rentable ser informal. Al tener un sistema así, las reformas planteadas, que aumentan costos de cumplimiento, tanto fiscal como comercial, son porras al sector informal.

Debemos replantear el rumbo. Los fundamentos.

 

Mario E. Archila M.