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Archivo de la categoría: Interés social

Fuera judíos

Fuera judíos. Así sentenciaron a las orillas del lago de Atitlán los pobladores, con la complicidad del alcalde.
Merece comentario, por supuesto, un acto tan deplorable, abusivo, ofensivo y discriminatorio.
Es comparable en hechos a lo que sucede en Gaza, Siria o Irak y lo que el mundo ha vivido con regímenes racistas como EEUU hasta hace unas décadas, Sudáfrica o la Alemania Nazi.
Usted en su vida particular puede tener las preferencias que guste. Si es para casarse, preferir morenas, rubias, altas o bajas, en lo físico; inteligentes o no tanto, en lo intelectual; católicas, pentecostales, judías, musulmanas o ateas en las cuestiones de fe. Para contratar en su empresa, puede querer una cierta altura o tono de piel; preferir mujeres a hombres o al revés; etc. En su vida privada, aunque pueden ser criterios bien tontos, sus preferencias son SUS preferencias. En ese campo podemos tener alguna discrepancia de su conveniencia o inteligencia, pero nada más.
El siguiente grado es cuando provee ya un servicio al público. Allí ya no es tan “su preferencia” quiénes pueden ser sus clientes. Eso ya es discriminar y probablemente, muchos de los casos, pueden ser llevados a tribunales, penales o de derechos humanos.
El último grado, el caso que vivimos en Atitlán, es cuando se utiliza la fuerza del Estado, en este caso municipal, para imponer un criterio discriminador, por lo que sea -raza, credo, ideología política- que convierte el acto en una remembranza de los peores regímenes totalitarios de la historia.
El actuar del pueblo y la complicidad de su autoridad son actos condenables, por cualquier forma que se vea. El Estado está llamado, entre otros, a garantizar: la vida, la libertad y seguridad. Eso incluye la libertad religiosa, la libre movilidad y la igualdad ante la ley.
Es así que el alcalde se ha convertido de autoridad en criminal y nosotros, acá, cual ciudadano romano, viendo cómo se organiza el coliseo para tirar a los leones a quienes no comulgan con la religión del emperador.
No puede ser. Una república pondría tras las rejas al alcalde y sus compinches.
Basta ya de abusos en este país.

 

Mario E. Archila M.

 

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Intereses sobre derechos

En los últimos días he tenido que ver comentarios que provocan que haya que hacer explicaciones doctrinarias y filosóficas.
Muchos creen que los intereses “sociales” deben prevalecer y por tanto el individuo debe ceder a dichos intereses.
Esa sentencia es un contrasentido lógico y una ignorancia de la razón de ser del Estado de Derecho.
Nuestra constitución establece que el interés social prevalece sobre el interés particular. Es evidente, pues las leyes deben ser “generales, abstractas e impersonales”. Si violamos el principio de la prevalencia del interés social sobre el particular, caeremos en legislar privilegios. Esto es así pues los privilegios no son más que intereses particulares que se hicieron prevalecer sobre intereses generales.
En mi Facebook se enojaron muchos porque puse una comparación entre una frase de Hitler y una de Hillary Clinton que sentenciaban, ambas, que el individuo estaba o debía estar supeditado a los intereses sociales. Decían que la comparación era tinta. Realmente no lo es. Lo que hay es diferencias de grado, no de sustancia. Un gobierno totalitario como el Nazi lo que hizo fue hacer prevalecer lo que vendieron como “interés social”: exterminar a los judíos. En el otro lado, una socialdemócrata o cualquier otro tipo de socialismo, hará prevalecer dicho interés social en lo que considere, disminuyendo al individuo.

Es así que, por ejemplo, rescatar bancos o subsidiar compra de bienes, aunque sean más nobles principios que exterminar judíos, ponen un interés social sobre todos los individuos. Es de grado.
Un gobierno republicano, con verdadera separación de poderes y respeto a los derechos de TODOS los ciudadanos, no utilizará el poder público para quitarle el producto del trabajo honrado a unos para que otros puedan gozar del subsidio. Aunque los “otros” sean la mayoría ficticia que llamemos “sociedad” y representen el “interés social” simplemente porque el producto de ese trabajo honrado es un Derecho, tal como la vida y su garantía era un derecho de los judíos.

Es, por tanto, importante ver que la legislación de privilegios es, SIEMPRE, una legislación que se disfraza de “interés social” para hacer prevalecer “intereses de grupos particulares” y SIEMPRE, violatoria de Derechos.

Es así que el interés general significa ausencia de privilegios y por tanto, prevalencia de DERECHOS. Derechos e intereses no son equivalentes. Es así que los intereses, sociales o particulares, en ningún momento pueden prevalecer sobre derechos, de uno, unos, muchos o todos.

Mario E. Archila M.

 

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Problemática de la llamada Ley de Inversión

¿Servirá la ley? Eso me pregunta la gente muy frecuentemente. Mi respuesta es que probablemente no.
En la profundidad de dicha ley, no obstante, podemos decir mucho más. Es una ley que ignora principios básicos que sustentan un Estado de Derecho, por tanto, una república en su mejor sentido.
El Estado de Derecho se erige sobre la base de la igualdad ante la ley, como uno de sus fundamentos. Diría que el principal.
En el caso de estas famosas leyes de fomento de cualquier cosa, este principio siempre se ve anulado, roto, ignorado. Esta propuesta de ley, ahora, busca “incentivar” y promover la inversión en el país. Se dice que porque ya el resto de países Centroamericanos tienen legislación similar. Dice el adagio que el error no es fuente de Derecho. En nuestros países, el error es fuente de privilegios.
Tributariamente, el principio de igualdad, como lo expresa la Corte de Constitucionalidad en innumerables fallos, implica que a igual capacidad de pago, igual tributación y a mayor capacidad de pago, mayor tributación.
Es así que esta “fabulosa ley” otorga el “incentivo” de no pagar impuesto para inversiones “nuevas” y de cierto tamaño -US$800,000-. Es así que cualquier emprendimiento nuevo de menor tamaño, como los que realizan aproximadamente el 60% de la población (economía hoy “informal”) y las PYMES formales, no podrán siquiera optar por calificar.
He allí que el incentivo aplica a empresa con capacidad financiera muy por encima de la media del empresario guatemalteco. Su capacidad de pago, por tanto, mucho mayor, pero no pagará impuesto sobre la renta. ¿Y el principio de igualdad y capacidad de pago?
Otro principio básico de la tributación en un sistema de Derecho, es el de generalidad. Dicho principio indica que todos estamos llamados a contribuir a las cargas públicas conforme a nuestra capacidad de pago. El principio implica la obligación de contribuir y a su vez impone la limitante a los gobiernos que no pueden decretar exenciones salvo en el caso de incapacidad de pago. Es decir, el principio veda la concesión de privilegios por raza, credo, afiliación, clase, pero admite las exenciones por razones de capacidad de pago.
Acá se exime a grandes capitales, por lo que no es una exención dada en atención a la capacidad de pago.
De lo anterior, por tanto, debemos preguntarnos si puede calificarse esta ley como “justa”. Nuestra Constitución Política en el artículo 243 obliga al Congreso a establecer un sistema tributario justo y equitativo y para ello le ordena que las cargas se decreten conforme al principio de capacidad de pago. Hemos ya esbozado los principios básicos de la justicia tributaria, mismos que son flagrantemente violados por esta ley. Es así que no podemos calificar la ley de justa, bajo ninguna perspectiva. Tampoco podemos sostener que la ley ayuda a hacer un sistema justo.
Lo que sí podemos asegurar es que viola principios fundamentales, otorga beneficios y rompe hasta con el más elemental sentido de proporcionalidad de las cargas. La propuesta es una clara aceptación que el impuesto a la renta es un desincentivo a la promoción de inversión y empleo, por lo menos formal, por lo que si cumpliéramos con los principios expuestos, se aboliría dicho impuesto de manera general.
Mario E. Archila M.
Entrada publicada originalmente en RepúblicaGt
 

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Mejorar la recaudación

En la última semana he oído varias declaraciones sobre cómo SAT y el gobierno central buscan mejorar la recaudación. La cosa es más sencilla de lo que pensamos y más compleja de lo que quisiéramos. Sin embargo hay un par de temas que nunca salen en estas declaraciones y caemos en el común problema de mal enfoque.

Como el tema es que la recaudación está baja, las declaraciones y propuestas que salen son para “mejorar” dicha recaudación. La baja recaudación, entonces, se enfoca como el problema. El problema rara vez es la baja recaudación, sino la mala utilización de los recursos.

La recaudación debe ser “conforme a las necesidades del Estado”, según indica el artículo 239 de la Constitución. Es así que la recaudación responde a dichas necesidades. El punto inicial de las preocupaciones fiscales, por tanto, debe ser “¿Para qué necesitamos dinero?” La respuesta debe ser analizada para descubrir si lo que se plantea SON o no necesidades del Estado.

El Estado nace para proteger esferas de Derechos de los ciudadanos. Es así, por ejemplo, que los Estados modernos resultan de textos preconstitucionales que limitaron los poderes de los reyes. El sistema de gobierno del primitivo Israel, fue uno de jueces. Sin “reyes”. Es así que vemos en documentos históricos que los gobernantes han sido limitados para permitir a los individuos mantener y proteger sus esferas de derechos. Es así que la primera constitución moderna, la Federal Americana, se crea para garantizar lo que los colonos consideraban SUS derechos básicos de Vida, Propiedad y Búsqueda de la propia felicidad. Derechos que para ellos eran “inalienables” y “autoevidentes”. Para este siglo XXI, ya no son tan inalienables ni autoevidentes a la luz de las distorsiones lingüísticas que se han incorporado durante los últimos 200 años.

De esos tres derechos básicos, el que llama la atención para determinar cuáles son las necesidades del Estado, es el tercero: La búsqueda de la propia felicidad. Este derecho engloba la totalidad de visiones que podríamos tener sobre los fines del ser humano y a la vez es una definición que permite orientar el rumbo de un gobierno. La felicidad se define “subjetivamente” pues es “propia”. De ello, por tanto, se desprende que cada uno buscará lo que considere SU felicidad y resulta ser un límite y una garantía que los gobernantes deben respetar. Esta definición de “bien común” es la más comprensiva de todas, pues TU FELICIDAD no necesariamente será la mía y si permitimos que un gobernante decida cuál es la felicidad que vale la pena, no será una “felicidad” común a todos. No será un “bien común”, será únicamente el bien de alguno en particular, inhibiendo a los demás de la búsqueda de su propia felicidad.

Esta discusión es la inicial. Esta discusión nos llevará a estar de acuerdo en algunas funciones esenciales del Estado que deberemos tener como prioritarias. Es así que el Estado existe para proteger los fines que cada uno se traza, evitando que otros, incluso el propio Estado, interfieran en ellos. Tenemos así claro que ninguna persona, incluso el Estado, podrá realizar acciones contra la vida o la propiedad de otro. Tampoco acciones que interfieran con sus fines comerciales, personales, religiosos, etc.

Es así que debemos preguntarnos si es lícito que se emprendan acciones gubernamentales con el único fin de cobrar más tributos, pues aparentemente, todo el aparato recaudador del Estado es una grave interferencia en los fines propios de cada uno de nosotros.

He allí donde empezamos a encontrar las causas de las caídas en la recaudación de algunos impuestos. El hecho de pagar impuestos implica que se aumenten los costos de buscar la felicidad propia. Es así que al aumentar los costos, aumenta también el incentivo para encontrar formas de evitarlos. Unas más ingeniosas que otras y unas tan simples como el hecho de no inscribirse, siquiera, en SAT. Es decir, el comercio informal. La informalidad no llega a los niveles enormes que tiene en Guatemala, en países que son muy libres en sus relaciones comerciales.

La creación de nuevas normas de control, de nuevos procedimientos, de mayores requerimientos legales, no ayuda a que cada uno logre “su propia felicidad”. Es así que ya hemos empezado a ver que medidas como las intervenciones de Aduanas no lograron aumento en recaudación, sino que, por el contrario, baja la misma.

La economía ha establecido que el aumento de tarifas impositivas (deberé decir, del costo total de tributar) no implica que haya un aumento en la recaudación. Laffer hizo su famosa curva, determinando que llega un punto en el que un aumento de tarifa disminuye la recaudación total. Siempre se discute si estamos a la izquierda (se puede subir la tarifa sin ver el efecto negativo) o a la derecha de dicha curva. Creo que es obvio que en Guatemala estamos a la derecha de la curva, pues el 70% de las personas se niega a pagar impuestos. Esto implica que se percibe que el costo de tributar es ya más alto que el beneficio.

En el tema de “las necesidades del Estado”, por tanto, lo importante es considerar que mientras no haya inversión y gasto en lo prioritario (permitir la búsqueda de la felicidad de cada cual) sino que haya utilización del gasto público con fines electorales o privilegiantes, la población en general se resistirá al pago de cualquier exacción que pretenda el Estado. Es así que no podrá encontrarse legislación tributaria que permita llegar a las metas deseadas de recaudación, ya que el problema en sí no es la recaudación, sino el gasto.

Por otro lado, al crear programas que benefician a unos sobre otros, se crean privilegios y la población se resentirá al ver que el aparato Estatal perjudica más de lo que ayuda, pues las metas de esos “perjudicados” son mucho más que las metas de los pocos beneficiados. La limpieza de los programas y actividades estatales que están reflejadas en el presupuesto debe realizarse. No podemos continuar con programas de regalar cosas, dinero, comida, becas, juegos mecánicos, fiestas, construcciones de cosas innesarias para la población específica y hasta cosas como malos servicios de educación y salud -con los que yo no estoy de acuerdo, pero puedo aceptar que los tengamos. Tampoco es posible buscar presionar por más recaudación si la percepción de corrupción es tan alta. Una administración tributaria haciendo terrorismo, tratando a todos de delincuentes y muy lejos del cumplimiento de la ley, mientras vemos que contrata oficinas de millones de quetzales, mientras el famoso edificio de Finanzas Públicas está medio desierto.

Yo todavía no concibo cómo es que SAT tiene casi el mismo presupuesto que el Organismo Judicial. No me resulta comprensible cómo es que se pretende gastar tanto más en el ente que cobra impuestos, pero no se gasta ni la mitad en la contraloría de cuentas ni se invierte en los tribunales de justicia a los niveles que corresponde.

Creo que es hora de empezar a plantearse cómo sería un país en el que cada 100,000 habitantes cuenta con 1 tribunal de instancia civil y mercantil; por cada homicidio por cada 100,000 habitantes, hay un tribunal de instancia penal. Cada sala de apelaciones no ve más de 2 tribunales de instancia en apelación y la Corte Suprema revisa procesos de incidencia, únicamente, y su jurisprudencia es acatada. Estos procesos, no importa qué, no deberían exceder desde su inicio hasta su última fase en casación de 3 años.

Ahora veamos qué inversión requerimos y reorientemos el presupuesto en ese sentido, eliminando lo más superfluo, hasta que logremos tribunales capaces y aparatos de investigación suficientes. Una vez cumplido eso, iniciemos a ver si gastamos para otros menesteres, fortaleciendo la rendición de cuentas y control del gasto público.

 

Mario E. Archila M. 

 

 

 

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Creo en la humanidad

Afirmación que requiere una ampliación. Mi amiga tuitera Maru Luarca la pide.

En el mundo hay dos visiones predominantes sobre cómo funciona el ser humano en sociedad. La predominante dice que “todos juntos podemos construir un mejor futuro si perseguimos las mismas metas” y la menos aceptada es que “construimos un mejor futuro conforme cada uno pueda escoger sus propias metas”.

El origen, podría ser más atrás, pero para simplificarnos, podemos decir que está en la visión Platónica de la sociedad, la predominante hoy día y la otra, en una visión, si se quiere, más Aristotélica. Platón decía que una clase de personas “especiales” podía decidir por los demás. Aristóteles pedía el ejercicio de virtudes y congruencia de los actos con la realidad.

Llevamos siglos debatiendo el contenido de “bien común”. Unos dicen que es algo que alguien determina por todos y otros, simplemente dicen que es un estado de circunstancias en las que cada uno puede decidir sin coacción arbitraria el camino de su propia felicidad, pues eso es común a todos: buscar cada uno su propia felicidad.

En el mundo vemos que se erigen, por tanto, dos sistemas (con matices entre cada uno) que van de lo colectivo a lo individual.

Dentro de los sistemas colectivistas encontramos el comunismo -de cualquier siglo-, el socialismo, que hay de clase y hasta de empresa (llamado mercantilismo) y dentro de los sistemas individualistas, tenemos algunas expresiones de gobiernos limitados, liberales -clásicos-, libertarismo (estos dos podrían llamarse capitalismo o economías de mercado) y hasta el anarquismo (aunque el anarquismo llega a tal extremo que se convierte en socialismo, por eso es que hay anarquistas de “derecha” y de “izquierda”).

El centro de cada sistema varía. En los colectivistas, el centro de todo es un grupo. El que sea. Su herramienta es el poder. Establecen metas en lo moral, económico y político. Por eso terminan siendo grupos de poder peleando su ejercicio. Quien no tenga un grupo de poder termina desprotegido, anulado, esclavizado.

En el otro lado, los gobiernos son limitados y amarrados en el ejercicio del poder. El centro de todo es el individuo y sus derechos. Se reconoce que cada persona es un fin en sí mismo, por lo que se protege la injerencia en su vida de cualquier externo, sea particular o sea el gobierno mismo.

En los sistemas colectivistas, se anula la capacidad de crear, de pensar, de disentir. Todo se estandariza. Las metas tienen que ser “comunes”. Todo va dirigido a “UN FIN”: el que establezca el grupo. Se premia obstaculizar. Se premia el compadrazgo, las conexiones influyentes, no el talento, pues talento es salirse de la norma, del estándar.

En los sistemas en los que cada individuo es un fin por sí mismo, se proscribe que se le den metas a cada uno para dejarlo SER. Para permitirle buscar el fin de su propia vida. Conseguir sus recompensas según su propia escala de valores. Se prohíbe “UNIFORMARLE LA MENTE”. Es un sistema que busca nuevas soluciones y premia ese talento. Evita la injerencia de terceros y evita la coacción arbitraria.

En el primer sistema se confía en un gobernante para que resuelva tus problemas. En el segundo, se confía en el individuo para que solucione sus problemas y en el camino encuentre formas de solucionarle problemas a los demás… Se premia a quien me resuelve mis problemas. Se premia la creatividad, la inventiva.

 

¿Cuál sistema te gusta más?

 

Mario E. Archila M.

 

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Transporte público y carga tributaria

Los famosos buses y sus problemas. Tres sistemas de transporte público funcionan ya en la ciudad:
1. Rojos;
2. Transmetro;
3. Transurbano.
Este hecho evidencia que el problema viene desde la raíz. El Transmetro es un ejercicio que busca paliar el problema y presentar una solución viable. Sin embargo ya está muy deteriorado. ¿Razón? Se subsidia su funcionamiento.
Los rojos son los tradicionales del problema. Mal servicio, malas rutas, mala administración; MUCHO subsidio al funcionamiento.
Vea que en Guatemala todo servicio debe ser facturado. ¿Dan factura los buses? ¿Algún comprobante? Esto me indica que claro que el servicio no es el negocio. El servicio es, por diseño, una pérdida garantizada. El subsidio es el negocio.
El Transurbano, bueno, creo que no pasó de ser un esquema de robo y saqueo a las arcas del estado.

En todo el mundo civilizado, el transporte público está integrado. Casi nunca los pilotos tienen a su cargo dinero. Las rutas cortas internas empalman en puntos y horarios con rutas largas. Los buses, por ejemplo, paran casa 100-200 metros y entroncan a no más de 100 metros con las “paradas” de tranvía, metro o tren. Las rutas largas toman ejes clave de las ciudades y las cortas completan una verdadera red. Esas rutas largas están coordinadas entre ciudades, por aquello que viva en una ciudad a las afueras y trabaje en la otra.
En el sistema, está coordinado todo. Principalmente el cobro. Es así que dentro de metros, tranvías y buses puede uno ir sin efectivo. Mecanismos hay varios.
En las estaciones de las afueras de la ciudad hay grandes estacionamientos para que los visitantes que llegan en vehículo propio dejen su auto y suban al transporte público.
¿Subsidios? Sí. Al usuario. Tanto en Austria, Alemania y Holanda, que son los que conozco, el subsidio se otorga a la persona. Al usuario. Estudiantes de primaria, secundaria, universitarios y personas con características especiales: tercera edad, con seguro de desempleo, etc. Todos en lo personal lo reciben.
Al estudiar fuera, yo tenía un carné que me identificaba como estudiante universitario calificado al programa de subsidio de transporte. No era total, sino que cubría las zonas necesarias para ir de mi casa a la universidad, con una reducción de la tarifa mensual. En otros viajes, gozaba de un descuento.

En Holanda, cada ciudad maneja su red de transporte de manera separada, pero el descuento se hace efectivo en el pago, que era centralizado. Todos usan el mismo sistema de pago.

¿A dónde voy con este tema? Resulta que el subsidio sale de sus impuestos, pero no está ayudando a quien debe. Enriquece al empresario del transporte, no mejora, no aliviana tráfico y crea un sistema a merced de políticos.

El transporte público no se arregla por quien lo preste; eso es lo de menos, sino por quien lo pague. Hoy día, el que lo paga no tiene la menor injerencia en el mismo.
Lo mismo sucede con el resto del presupuesto. Pagamos algunos por el uso que le dan unos pocos a favor de beneficios políticos.
Tal como pudiéramos decir que el precio del pasaje es lo que se paga, más el subsidio, más el desperdicio en el camino, más el costo social de tener buses atascados de personas, accidentes, buses a media calle, buses descompuestos, citas perdidas, horas en tráfico de los pasajeros en condiciones de sardinas, etc.

En tributos, sucede igual. La carga de aproximadamente 12% es pagada por una pequeña porción de la población. Con lo que la carga per capita va de 0 en unos casos a “recibo millones” del erario en el otro extremo, sufriendo el desembolso de ese 12% solo unos pocos.

Mario E. Archila M.

Mario E. Archila M.

 

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Justicia en la política fiscal

En estos momentos ya todos sabemos que la reforma tributaria ha sido menos que exitosa. ¿Por qué?
La conjunción de dos factores:

1. Arrogancia planificadora
2. Menosprecio al Derecho.

La arrogancia planificadora deviene de fundamentos filosóficos erróneos. Los diseñadores de la reforma tributaria actúan desde una perspectiva positivista, tanto jurídica como filosófica. Es así que creyeron que porque era “ley”, la gente la cumpliría sin chistear. Creyeron que se puede regular el sentimiento de justicia. Creen que simplemente por legislar, la conducta sería lo que en blanco y negro se plasmó.
El menosprecio al Derecho, como segundo factor, se hace palpable cuando uno lee los textos incorporados en los distintos “libros” de los decretos 4 y 10-2012. Se ignoran instituciones jurídicas y los más fundamentales principios de justicia. Se ignoró, grandemente, que estamos en el campo del Derecho Tributario y se diseñó la reforma desde una perspectiva macroeconómica.
Así, por ejemplo, la retención es un pago definitivo, haya o no pagado el deudor principal.
Así, por ejemplo, se colocan limitantes a derechos legítimos de una persona, por el hecho que otro no ha cumplido sus obligaciones tributarias.
Se ignora el mandato de seguridad jurídica por el cual se prescribe que una norma legal debe ser, necesariamente, una guía de conducta, al ser interpretada siempre, es decir, en el tiempo, de la misma manera y sentido.

Se demuestra la arrogancia en el hecho que se pretendía que el mecanismo de “planilla del IVA” como control de la facturación y fiscalización de los vendedores, “ya no era necesario”. Garrafal error. Acá ignorar el sentido de justicia del propio “empleado en relación de dependencia” que gozaba de ese crédito, ha sido una muestra de un cerebro con tendencias dictatoriales. La clase trabajadora, la clase media, “paga” el IVA de sus propios ingresos, por lo que para ellos, el IVA y el ISR son impuestos que afectan su poder adquisitivo. No manejarlos en ese nivel como una carga única, simplemente incentiva a buscar mecanismos para ahorro de algunos centavos en cada transacción.

Es así que la reforma ha sido un fracaso previsible.
Ley de aduanas “suspendida” por exoneración de multas; impuesto a primera matrícula ya con inconstitucionalidad declarada; impuesto de circulación de vehículos, rebajado; IVA, con suspensión de la Corte de Constitucionalidad; ISR, más de 40 artículos han sido impugnados; Código Tributario, ya con inconstitucionalidades declaradas en puntos más que obvios.

¿Se vale como ciudadanos sufrir esto?

Mario E. Archila M.

 

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