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Archivo de la categoría: Estado de Derecho

Justicia en la política fiscal

En estos momentos ya todos sabemos que la reforma tributaria ha sido menos que exitosa. ¿Por qué?
La conjunción de dos factores:

1. Arrogancia planificadora
2. Menosprecio al Derecho.

La arrogancia planificadora deviene de fundamentos filosóficos erróneos. Los diseñadores de la reforma tributaria actúan desde una perspectiva positivista, tanto jurídica como filosófica. Es así que creyeron que porque era “ley”, la gente la cumpliría sin chistear. Creyeron que se puede regular el sentimiento de justicia. Creen que simplemente por legislar, la conducta sería lo que en blanco y negro se plasmó.
El menosprecio al Derecho, como segundo factor, se hace palpable cuando uno lee los textos incorporados en los distintos “libros” de los decretos 4 y 10-2012. Se ignoran instituciones jurídicas y los más fundamentales principios de justicia. Se ignoró, grandemente, que estamos en el campo del Derecho Tributario y se diseñó la reforma desde una perspectiva macroeconómica.
Así, por ejemplo, la retención es un pago definitivo, haya o no pagado el deudor principal.
Así, por ejemplo, se colocan limitantes a derechos legítimos de una persona, por el hecho que otro no ha cumplido sus obligaciones tributarias.
Se ignora el mandato de seguridad jurídica por el cual se prescribe que una norma legal debe ser, necesariamente, una guía de conducta, al ser interpretada siempre, es decir, en el tiempo, de la misma manera y sentido.

Se demuestra la arrogancia en el hecho que se pretendía que el mecanismo de “planilla del IVA” como control de la facturación y fiscalización de los vendedores, “ya no era necesario”. Garrafal error. Acá ignorar el sentido de justicia del propio “empleado en relación de dependencia” que gozaba de ese crédito, ha sido una muestra de un cerebro con tendencias dictatoriales. La clase trabajadora, la clase media, “paga” el IVA de sus propios ingresos, por lo que para ellos, el IVA y el ISR son impuestos que afectan su poder adquisitivo. No manejarlos en ese nivel como una carga única, simplemente incentiva a buscar mecanismos para ahorro de algunos centavos en cada transacción.

Es así que la reforma ha sido un fracaso previsible.
Ley de aduanas “suspendida” por exoneración de multas; impuesto a primera matrícula ya con inconstitucionalidad declarada; impuesto de circulación de vehículos, rebajado; IVA, con suspensión de la Corte de Constitucionalidad; ISR, más de 40 artículos han sido impugnados; Código Tributario, ya con inconstitucionalidades declaradas en puntos más que obvios.

¿Se vale como ciudadanos sufrir esto?

Mario E. Archila M.

 

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Aduanas inmorales

Noticias impactantes. La gente en Huehuetenango está bloqueando carreteras protestando contra la prohibición de importar maíz. Acá la noticia: http://m.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/continuan-algunos-bloqueos-campesinos

Esto trae, o debería, a la mesa, la discusión sobre la “moralidad” de los aranceles. Tenemos gente muriendo de hambre. Tenemos noticias que la canasta básica subió de precio. Esto quiere decir que el nivel de vida de la gente es más bajo.
Los gobiernos hacen cosas que resultan altamente contradictorias y sin razón.
Para bajar los precios de la canasta básica tienen simplemente que dejar de prohibir importar.
El consumidor, el que se comerá el maíz, al no existir prohibición, podrá obtenerlo, sin limitación, de cualquier lugar del mundo donde quizás hay sobreproducción o menos gusto o mayor productividad.
Empieza a resultar problemático que un pueblo vaya descubriendo que son pobres o gastan más de lo que deben o no pueden comprar lo que necesitan, simplemente porque su propio gobierno les prohibe satisfacer sus necesidades.
Impactante que la protesta es para que les dejen comprar alimentos.

Mario E. Archila M.

 

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¿Rebaja al Impuesto de Circulación de Vehículos?

El decreto 1-2013 del Congreso nos presenta una “reducción” al pago de la famosa “calcomanía” de este año y en adelante.

El texto dice:

ARTICULO 5. Reducción del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos.

Se decreta la reducción del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, contenido en el Decreto Número 70-94 del Congreso de la República y sus reformas, a efecto de que todos los contribuyentes que paguen dicho impuesto sobre los vehículos terrestres al estar vigente la presente Ley, tengan una reducción del cincuenta por ciento (50%) sobre el monto del impuesto determinado.”

En este caso, técnicamente hablando, es una reducción al impuesto -condonación en el caso de pagos pendientes o descuento al impuesto, para el futuro-, lo que es posible. Algunos han salido diciendo que “no aplica para el 2013″, que “el Congreso no puede hacer eso”… bueno, sí aplica y el Congreso sí puede.

Obviamente esta reducción no obedece a nada más que buscar elevar simpatía, pues el grueso del decreto 1-2013 es una amnistía parcial, que es bastante sospechosa…

La reducción sí aplica para este año porque aunque modifica “cuantía” del impuesto, debemos leer bien lo que el Código Tributario indica con las reformas a cuantías de impuestos: PARA EVITAR DOBLE DECLARACIÓN.

En este caso la operación de determinar la obligación tributaria no puede resultar en “doble declaración”, ya que se determina el impuesto por vehículo, de manera separada, para un pago único anual. Es decir, que si usted determina el pago de su calcomanía, lo hace una única vez y la rebaja se incluye en esa declaración. UNA SOLA DECLARACIÓN.

Distinto es una reforma al Impuesto Sobre la Renta, por ejemplo, que se les ocurra hoy y rebaje la tarifa de 31 a 29%. En este caso, la declaración por el año enero a diciembre 2013 sufriría el caso de tener que hacerse una determinación por los ingresos de enero a hoy a 31% y luego de mañana a diciembre al 29%. Es así que la finalidad de la norma del Código Tributario es evitar que eso suceda y entrará en vigencia el próximo período.

En el caso de una declaración única, el momento de la determinación de la obligación dicta las normas a utilizar y no existe posibilidad alguna de dobles declaraciones. Es por ello que sí está vigente.

Luego el hecho de hacer una rebaja al impuesto determinado no a la tarifa, pues es un poco impráctico, pero sí es posible. Es básicamente una exoneración parcial de tributo.

 

Mario E. Archila M.

 

 

 

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La Reforma Tributaria

Por lo menos el presidente ha aceptado que la reforma tributaria es un error.
En este medio hemos indicado que todo es un error en esos decretos. Lo malo ha sido que los asesores alrededor del presidente creen que los impuestos son un tema de soplar y hacer botellas.
Los impuestos, tributos en general, son el precio del gobierno. Como cualquier precio, su nivel apropiado depende de la percepción de valor del pagador. Traducido al contribuyente, lo más importante de cualquier reforma tributaria es, precisamente, determinar el valor respecto a la percepción del contribuyente. ¿Qué quiere decir?
1. Prioridades de gasto
2. Transparencia en el gasto
3. Necesidades que realmente vea la gente, el contribuyente, como necesidad que debe ser cubierta por el gobierno.

Es así que tener programa de televisión, ferias de juegos mecánicos gratuitos y viajes de funcionarios, quizás no es la mejor priorización del gasto.
Cuestionamientos de corrupción a todo nivel, totalmente opaca gestión, otro tema sin tratar.
Y, por último, deficientes sistemas de seguridad y justicia; repunte de violencia, mientras que se aumenta burocracia en otros sectores, hace pensar que las verdaderas necesidades no están siendo cubiertas.

¿Cuánto cree usted que vale para el contribuyente este gobierno?

Mario E. Archila M.

 

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Defensa Tributaria

La SAT le ajusta. ¿Qué le ajusta?
El tema de los ajustes nunca es un tema contable. Ese es un error garrafal que se hace en el medio.
El tema es siempre jurídico. Lo que manda es la ley y dicha ley debe ser leída desde una perspectiva constitucional. El ajuste sucede dentro de un procedimiento legal. En resumen, todo es jurídico.
Los impuestos son independientes de lo que la técnica contable indique. Es decir, da lo mismo. Si su contabilidad tiene un error, según la técnica contable, pero su determinación de obligación tributaria es correcta, SAT no debería hacerle ajustes. Claro que a veces los hace, sin embargo, esos no prosperarán.
Cuando SAT ajusta, muchas veces usa criterios contables, pero eso no es sustentable.
La técnica contable no puede sustentar un ajuste. Sólo el Derecho.
Es por ello que para defensa tributaria es un error, la gran mayoría de las veces, buscar defenderse con criterios contables.
Los impuestos son leyes que se refieren a principios jurídicos, constitucionales, ordinarios, instituciones de Derecho y con aplicación de instituciones de derecho civil, mercantil, procesal y de otras ramas. Defender un ajuste desde una perspectiva de contabilidad es defender un error.
¿Sabía usted que al final su ajuste es resuelto por tribunales integrados por abogados? 3, 4 y luego 5, si llegara a la Corte de Constitucionalidad.

No busque ayuda en alguien que solo entienda contabilidad. Busque ayuda en alguien que entienda de Derecho… Tributario, mercantil, civil, constitucional y procesal administrativo y civil. Y claro, de contabilidad y estados financieros.

Mario E. Archila M.

 

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Recursos extraordinarios

Todo pinta a que hay más expertos en derecho en Guatemala que abogados. Lo bueno es que la discusión pública sobre un proceso ha despertado el tema del “debido proceso” y nuestra estructura de tribunales.

Tristemente vivimos en un sistema judicial en el que reina la mediocridad. Hay excelentes profesionales en los órganos jurisdiccionales, seguro que sí, pero no son la regla.

Los primeros responsables: centros universitarios. Se enseña sin fundamento sólido. No hay principios, filosofía, doctrina ni jurisprudencia como ejes de las cátedras. Usualmente se leen los códigos y leyes y se discute sobre su “sentido” e “interpretación”, cuando debe comprenderse que el sistema jurídico, tal como se define un sistema lógico, es cerrado, interrelacionado y armónico.

Es cerrado, pues regula toda la realidad desde dentro.

Es interrelacionado, ya que una norma debe interactuar con otra para lograrse llegar a conclusiones, mientras es jerárquico.

Es armónico, ya que debe encontrarse una solución con las normas dadas, a modo de procurar la interpretación que permita a todas vivir dentro del sistema. No se admiten contradicciones en normas de misma jerarquía, por ejemplo, sino que debe encontrarse con apoyo a ciertos principios, la salida que permita su aplicación o bien expulsar la que causa el problema.

En ese orden, hay mecanismos, procesos, para lograr dichas conclusiones. Primero el proceso intelectual de encontrar las normas aplicables a cada caso. Es acá el momento que distingue a un abogado de otro.

Luego de ese proceso intelectual tendremos el proceso legal como tal. Ya sea la formulación de un contrato o el proceso litigioso, según sea el caso. Dicho proceso tiene, cada uno, sus pasos y reglas para lograr el fin para el que ha sido creado.

En los procesos litigiosos, juicios, tenemos 2 planos de normas. Las normas procesales que en blanco y negro constan en las leyes procesales y las normas “inspiradoras” o los principios, que dan el fundamento para esas leyes procesales. Estos principios son usualmente normas constitucionales, pero otras muchas veces son normas contenidas en las partes generales de los mismos código procesales o bien en la legislación sustantiva.

Es por ello que tenemos 2 tipos de “recursos” (no uso el término recurso en su acepción técnico-jurídica exacta) para resolver “errores” de los tribunales.

Los que afectan la normativa procesal o las conclusiones dentro del proceso: recursos ordinarios como la apelación o bien, los que afectan la normativa “inspiradora” o principios. Es así que los primeros son usualmente “ordinarios” y los segundos, extraordinarios.

Dentro del grupo de extraordinarios, tenemos, en Guatemala, el amparo y la casación.

El amparo es constitucional y se activa cuando se violan principios constitucionales, tales como presunción de inocencia, debido proceso, etc. La casación es un recurso extraordinario, técnico-jurídico, que examina errores judiciales de sentencias. Estos errores son por interpretación de hechos (prueba), aplicación de leyes (error en derecho) o violación procesal.

Estos recursos extraordinarios, sin embargo, deben ser, como su término lo dice, extraordinarios. No obstante, por vicios en la comprensión de ciertos principios y por la existencia de deficiente formación profesional de todos los actores -jueces, abogados, fiscales- termina siendo que los más altos tribunales juzgan “de ordinario” casi todos los casos en Guatemala.

Es así que el primer vicio acá relatado se topa con el segundo gran vicio: un sistema mal diseñado de normativas procesales y recursos.

Menudo reto frente a nosotros. Resolver el embrollo.

Mario E. Archila M. 

 

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Criterios Institucionales SAT

El ser humano busca siempre poder predecir el futuro. La incertidumbre tiene un alto costo.
La incertidumbre de las leyes tributarias ya está pasando la factura.
Para eso es que los seres humanos creamos normas. Hay normas morales: “la palabra”. Normas legales: privadas, los contratos; públicas, la leyes.
Es así que las leyes son el vehículo público para predecir el futuro, con el agregado que pueden ser obligados quienes las incumplen.
Las leyes tributarias son aún más importantes, pues tienen dos efectos.
1. Promueven o impiden los negocios o transacciones;
2. Te sancionan si las incumples. Multas o prisión.
Ahora bien, el problema mayúsculo es que la norma solo se cumple si en el tiempo se mantiene estable. En los sistemas de precedentes es muy sencillo, pues el Derecho es lo que los jueces ya han interpretado en precedentes. Es decir, sentencias anteriores y esas sentencias son obligatorias para todos abajo de ellos.
En un sistema “civil”, como el nuestro, sin embargo, es más complicado. Acá se supone que la estabilidad viene de la legislación misma.
Ahora, todos sabemos que no es cierto, pues tenemos leyes tributarias en Guatemala que disparan criterios de criterios. Eso es terrible.
Es así que el Código Tributario contiene en el artículo 98 una norma que obliga a la administración tributaria a seguir, por economía procesal, los criterios jurisdiccionales, es decir, criterios de los tribunales.
No obstante, esta norma ha sido mal entendida y la administración tributaria emite criterios institucionales que no son afines a los criterios jurisdiccionales, aún contra la norma expresa.
Obviamente, esto crea fricciones e incertidumbre, pues se realizan ajustes y sanciones en la administración tributaria que luego de años, son revocados por los tribunales.

Dicho, esto es claro que la función de los criterios institucionales de la Administración Tributaria es hacer predecible la conducta y deben, finalmente, adecuarse a los criterios que los tribunales han establecido.

La certidumbre viene, por tanto, de la aplicación. Ese esfuerzo debería hacerse en todo momento.

Mario Estuardo Archila M.

 

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