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Archivo de la categoría: Estado de Derecho

Contrabando de combustible (y cualquier otra cosa)

Debería hablar de los precios de las medicinas, pero el tema allí pasa por otras complicaciones, además de las que señalaré acá con los combustibles.
Nota aclaratoria: lo que sigue pretende mostrar, sin que sean números reales, los efectos del contrabando en los precios y el costo de la formalidad.

Tome la ruta al occidente del país y un poco después de Tecpán empezará a ver “galoncitos” de por las calles con números “28”, “30”… Combustible contrabandeado o robado. En el mejor de los acosos, sin adulterar. También verá que las estaciones de servicios no son “de marca” en su mayoría y venden, en muchos casos, a precios similares a esos. Si su carro no es delicado, quizás aguante un par de tancadas antes de tronar. Ese costo, no está indicado en el precio, pues es suyo.

Ahora bien, si el riesgo de que se arruine su carro está, ¿por qué es tan buen negocio que cuando uno llega a Huehuetenango cree que TODA la gasolina que se vende es de “tambito”? Cada 100 metros hay un expendio de estos. Analicemos el costo por galón, simuladamente, en ambos casos.

En una gasolinera de “marca” (incluídas las de marca nacional reconocida como Don Arturo, Pacific Oil y las internacionales Puma, Shell y Texaco), supongamos que el galón de súper tiene un precio al público de Q34.00. Este precio por galón se compone de:

Q26.16 precio Neto

Q4.70 de Impuesto a la Distribución de Petróleo y Derivados

Q3.14 de IVA

Su carro se llena con 12 galones y normalmente usted carga 10 galones. Es decir que desembolsa Q36.10 por tancada en impuestos. Eso es más de 1 galón.

El gasolinero, para llevarle a su carro el combustible, debió desembolsar primero Q4.70 por cada galón que le compró al distribuidor mayorista. Este impuesto lo pagó el distribuidor en aduana, por lo que está urgido de cobrarlo. Se lo cobra al gasolinero. Debe vender lo más rápido posible. En el camino del puerto a la estación de servicio, una pipa puede perder algunos galones. Si calculamos que pierde 2% (que es bajo, pues no contamos los robos, malos manejos, etc.) en una pipa de 7,000 galones, perdió 140 galones, que equivale a Q518.00 en impuesto que no recuperará.

Imaginemos que el precio neto al público es con una ganancia de 5% sobre el precio por galón al distribuidor (neto), es decir que compró a Q24.85 el galón. Le pagó Q173,964 y recibió Q170,484.72 en producto, con una pérdida de Q658 en impuesto que no recuperará, pues recibió únicamente 6,860 galones.

Ahora bien, esto lo que quiere decir es que por cada pipa el propietario pierde Q658 que no recupera. Lo pagó a su proveedor y debería recuperarlo en la venta, pero ese combustible evaporado nunca lo recuperará.
Supongamos pues, que en la gasolinera vende 6,000,000 de galones. Para ello tuvo que comprar 6,122,449 galones. Implica haber perdido 122,449 galones en la evaporación durante el transporte. Eso es 2%. En dinero anual: Q575,510.30. Eso es casi Q48,000 mensuales.
En el almacenaje y venta, se pierde otro 2-3%. Imaginemos pues que son otros Q48,000 mensuales.

De los 6,000,000 vendidos, en neto, se tiene una ganancia aproximada de Q7,500,000.
La utilidad antes de impuestos no podrá ser mayor a 10%, por lo que he visto. Es decir Q750,000 y se paga un ISR de 28%. Queda una utilidad repartible de Q540,000. Eso es Q45,000 mensuales para el empresario.
Sin tomar en cuenta pagos de ISO y otros cumplimientos. El 10% es un estimado altísimo y agréguele la contingencia de revisiones y licencias. El estimado más realista es 5% de ganancia antes de impuestos, que nos lleva a Q22,500 mensuales.

Ahora, el que vende tambitos, ganará unos Q4 por galón, y se estiman que entran 350,000 galones diarios.
Así qué es fácil imaginar que un punto de venta “tambito” venda 2,000 galones al mes. Eso implica dejarle Q8,000 mensuales.
Nada pierde. No necesita financieramente adelantar nada. No tienen que cumplir informes, auditorías, cobros. Es dinero libre. Si llega a vender 6,000 galones al mes, ya estará haciendo la ganancia de lo que gana un formal que vende 6,000,000 galones al año.

¿Buen negocio?

Mario E. Archila M.

 

Equivocada la Ministra

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Leo la noticia de Prensa Libre página 35 de hoy, 30 de abril de 2014.

La ministra Castro despotrica contra el sector privado porque la recaudación del ISR se cayó y dice que es culpa de dicho sector porque no cumplió con retirar las acciones de inconstitucionalidad que se plantearon.

A ver, la mesa técnica estuvo a cargo del otro viceministro, no de ella, y el Ministro anterior, así que es osado decir que se llegó a algún acuerdo sin estar segura.
Nunca se llegó a ese acuerdo. La revisión técnica se hizo sobre algunos de los artículos que fueron impugnados, porque se llegó a la conclusión que tenían problemas de interpretación o errores fundamentales evidentes. Eso está en el 19-2013. Otras normas quedaron a la buena interpretación de la Corte de Constitucionalidad, pues no se llegaba a un acuerdo en esa mesa, sobre su constitucionalidad o no.
Mi opinión técnica, por ejemplo, es que los precios de transferencia son inconstitucionales. Eso no está en pugna en los tribunales constitucionales aún, pero sí se llevó, por mí, como un tema y por otros allí presentes. Hubo consenso que no había capacidad aún de aplicarlos. Por ello la prórroga en su vigencia.
Otro tema propuesto por SAT fue la creación de una mesa para proponer una ley que mejorara el mal redactado régimen de pequeño contribuyente.
Véase que a instancias de la vicepresidente, por ejemplo, se eliminó, en una ley que no tiene nada que ver con tributos, el ISR a las propinas, que son una renta, indudablemente y ahora por razones políticas, excluidas de la tributación.

Demuestra también un tanto desconocimiento de parte de la señora viceministra de cómo funciona una acción de inconstitucionalidad, pues lo que se enmendó en el 19-2013 y había sido impugnado, ha quedado sin materia y la Corte de Constitucionalidad dirá en sus sentencias, simplemente, que no hay materia por haber sido modificado el artículo impugnado.

Lo que se sigue discutiendo en esas instancias, por su parte, son los temas que tienen razones de impugnarse. Permitir que un hijo de vecino que se dice auditor de SAT cierre un negocio porque sospecha que se hizo una falta administrativa, que no ha demostrado, es inconstitucional y no es la razón por la que la recaudación bajó. Esa no es una herramienta para aumento de la recaudación. Sigue quedando vigente la posibilidad de demostrar la culpabilidad del infractor y cerrarle el negocio, posibilidad que es igualmente inconstitucional, aunque a veces sí y a veces no ha sido declarado.

¿Por qué bajó la recaudación? Bajó porque está mal hecho el ISR. Eso se dijo desde que se publicó. Acá en este blog hay muchísimos artículos sobre ello.
El 10-2012 no es justo ni equitativo.

Tampoco bajó porque se eliminó la regla por al que artificialmente pretendían cobrar impuesto sobre utilidades no generadas con esa ridícula regla de 97% de gastos como máximo. Eso es tributación de monos, no técnica.
La tributación debe hacerse sobre principios jurídicos no con criterios de aumentar a raja tablas la recaudación.
El problema nunca es la recaudación, siempre es el gasto.
Situación de necesidad artificial creada por ignorantes y nefastos ministros de finanzas que precedieron a la actual ministra y gobernantes que creen que pueden repartir privilegios desde el gobierno. Eso incluye nefastos diputados que utilizan su curul para promover populistas iniciativas como, entre otras muchas, la ley de la tercera edad.
Además hay que entender que se plantearon acciones a casi 80 artículos, de los que el sector privado organizado es responsable de únicamente 25-30, de las que ahora, las planteadas muchas de esas acciones ya fueron dejadas sin materia. Es decir, esos 25-30 artículos ya fueron resueltos una gran mayoría por las cortes o bien, modificados por el 19-2013. Unos resueltos a favor otros en contra. No hay mucho pendiente.

Es así que el problema de la caída de recaudación por la introducción del 10-2012 y el 4-2012 no es de las inconstitucionalidades, sino de la mala calidad que el 4 y 10-2012 contenían.

Señora ministra, no le eche la culpa al sector privado, sino a los que redactaron esos decretos. Si se quiere mejorar la recaudación, sentarse a ver lo que Hong Kong, Letonia, Singapur y Malaysia han hecho en materia impositiva es mejor que seguir oyendo a los gorilas de siempre que han venido asesorando en materia fiscal a los gobiernos desde tiempos de Portillo. Recuerde que el derecho constitucional surge porque los ciudadanos se hartaron de abusos en materia impositiva y eso hizo que se levantaran en revoluciones para limitar el poder del gobernante, empezando por el tributario.

Mario E. Archila

 

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Creo en la humanidad

Afirmación que requiere una ampliación. Mi amiga tuitera Maru Luarca la pide.

En el mundo hay dos visiones predominantes sobre cómo funciona el ser humano en sociedad. La predominante dice que “todos juntos podemos construir un mejor futuro si perseguimos las mismas metas” y la menos aceptada es que “construimos un mejor futuro conforme cada uno pueda escoger sus propias metas”.

El origen, podría ser más atrás, pero para simplificarnos, podemos decir que está en la visión Platónica de la sociedad, la predominante hoy día y la otra, en una visión, si se quiere, más Aristotélica. Platón decía que una clase de personas “especiales” podía decidir por los demás. Aristóteles pedía el ejercicio de virtudes y congruencia de los actos con la realidad.

Llevamos siglos debatiendo el contenido de “bien común”. Unos dicen que es algo que alguien determina por todos y otros, simplemente dicen que es un estado de circunstancias en las que cada uno puede decidir sin coacción arbitraria el camino de su propia felicidad, pues eso es común a todos: buscar cada uno su propia felicidad.

En el mundo vemos que se erigen, por tanto, dos sistemas (con matices entre cada uno) que van de lo colectivo a lo individual.

Dentro de los sistemas colectivistas encontramos el comunismo -de cualquier siglo-, el socialismo, que hay de clase y hasta de empresa (llamado mercantilismo) y dentro de los sistemas individualistas, tenemos algunas expresiones de gobiernos limitados, liberales -clásicos-, libertarismo (estos dos podrían llamarse capitalismo o economías de mercado) y hasta el anarquismo (aunque el anarquismo llega a tal extremo que se convierte en socialismo, por eso es que hay anarquistas de “derecha” y de “izquierda”).

El centro de cada sistema varía. En los colectivistas, el centro de todo es un grupo. El que sea. Su herramienta es el poder. Establecen metas en lo moral, económico y político. Por eso terminan siendo grupos de poder peleando su ejercicio. Quien no tenga un grupo de poder termina desprotegido, anulado, esclavizado.

En el otro lado, los gobiernos son limitados y amarrados en el ejercicio del poder. El centro de todo es el individuo y sus derechos. Se reconoce que cada persona es un fin en sí mismo, por lo que se protege la injerencia en su vida de cualquier externo, sea particular o sea el gobierno mismo.

En los sistemas colectivistas, se anula la capacidad de crear, de pensar, de disentir. Todo se estandariza. Las metas tienen que ser “comunes”. Todo va dirigido a “UN FIN”: el que establezca el grupo. Se premia obstaculizar. Se premia el compadrazgo, las conexiones influyentes, no el talento, pues talento es salirse de la norma, del estándar.

En los sistemas en los que cada individuo es un fin por sí mismo, se proscribe que se le den metas a cada uno para dejarlo SER. Para permitirle buscar el fin de su propia vida. Conseguir sus recompensas según su propia escala de valores. Se prohíbe “UNIFORMARLE LA MENTE”. Es un sistema que busca nuevas soluciones y premia ese talento. Evita la injerencia de terceros y evita la coacción arbitraria.

En el primer sistema se confía en un gobernante para que resuelva tus problemas. En el segundo, se confía en el individuo para que solucione sus problemas y en el camino encuentre formas de solucionarle problemas a los demás… Se premia a quien me resuelve mis problemas. Se premia la creatividad, la inventiva.

 

¿Cuál sistema te gusta más?

 

Mario E. Archila M.

 

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¿Ayudarán las reformas a la ley Orgánica de SAT?

Creo que hay un par de cosas positivas y otras que serán la causa de muchos arrepentimientos futuros.

Considero que pudo tratarse de mejor manera y no de la forma que se hizo, principalmente en cuanto a la integración del Directorio.

Acá pueden leer el análisis completo: Soy502

Saludos,

Mario E. Archila

 

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¡Si salta, le disparo!

El tema de hoy, la intervención de las aduanas. Mucho preocupa.

¿Es una cortina de humo? Esto pues se anuncia que se intervendrá para perseguir la corrupción que está allí adentro. Para eso no se necesita intervención. Se necesitan denuncias, órdenes de captura y operativos de investigación.

¿Interventor el mismo Superintendente? Es como decir “no hemos agarrado al ladrón porque no sabe el jefe quien es, si le cambiamos de nombre de jefe a interventor, le contarán quién es”.

¿El ejército? Para combatir mafias no está el ejército. Para administrar aduanas, no está el ejército. Para hacer de inspector de trabajo, no está el ejército. Esto es como cuando se quería frenar la ola de suicidios en el puente El Incienso. Se pusieron dos soldados con fusiles en cada banqueta. ¿Qué iba a hacer el soldado con el suicida? ¿Dispararle?

El problema de las aduanas no es de personas per se. Ya había escrito respecto a la inmoralidad de las aduanas: http://impuestosychocolate.com/2013/08/09/aduanas-inmorales/

El problema de las aduanas pasa por el marco legal. Hay una clara correlación en la baja recaudación de impuestos a la importación y la aprobación del 10-2012 y su famosa “ley de aduanas”. ¿Quién redactó y propuso ese mamarracho? Esa ley provoca un aumento en los poderes discrecionales de los funcionarios aduaneros. Aumenta enormemente los costos para cumplir. Al ser más caro cumplir que “morder”, evidentemente se amplía la brecha para delinquir. Se facilita la estructura para sobornar y a la vez, se facilitan los mecanismos para contrabandear en las narices de todos. Una vez que todos son cómplices, ¿quién denuncia?

Meter al ejército es grave, de por sí. Meterlo en una institución que tiene un deficiente marco legal, peor. ¿Qué podría suceder? Se me ocurren varios escenarios.

1. Se utiliza el ejército para fortalecer las mafias. Ahora con protección armada y autoridad para meter al redil a todo aquél que quiera.

2. Dado que el ejército tiene rubros “ocultos” de presupuesto, es fácil pensar que se lavarán las mordidas y los negocios turbios, como compra de equipo y tecnología para aduanas, mucho más fácilmente. Vean si no era así como llegó el dinero de Portillo al CHN.

3. Se aumentará la corrupción y se le echará la culpa a otro poder del Estado.

4. Causará paralización de la economía formal.

5. Se aliviará la corrupción, gracias a que se colocarán tarifas fijas de mordidas.

6. Se hará absolutamente lo mismo.

7. Se dará marcha atrás con la medida, pues se darán cuenta que no es viable.

No veo, sin embargo, que meter al ejército ayude en algo. Si el interventor es el mismo jefe actual, ¿qué sentido tiene? Aumentar poderes discrecionales, no importa de quién sean, no evitará el problema. Es por eso que los ángeles no tienen libre albedrío, según cuentan.

Es así que como no se pudo parar la ola de suicidios colocando soldados en el puente, tampoco se frenará el problema de la corrupción en aduanas, poniendo soldados en el puerto.

 

Mario E. Archila M.

 

 

 

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Ferias y piñatas

Hoy es la cúspide de la feria de independencia de Quetzaltenango, Xela para los chapines.
La Municipalidad viene y aprovecha para asaltar a los visitantes. Resulta que se le ocurrió a alguien cobrar por entrar y salir de la ciudad.
En resumen, es un robo. Técnicamente, es un cobro ilegal, ya que las municipalidades únicamente pueden establecer tasas.
Las tasas son tributos que se imponen como consecuencia de la prestación directa de un servicio público. Es decir, por un servicio que específicamente le está prestando la municipalidad. Entrar o salir de la ciudad no es un servicio. Adicionalmente está prohibido que limiten la locomoción a un cobro.

No es cuestión de suma, sino de principio. Así qué vaya, pero no pague. Allí ni en ninguna otra que le cobre por entrar o salir. Así sí seremos independientes.

Mario E. Archila M.

 

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Contencioso Administrativo: el meollo del asunto

El sábado 7 de septiembre tuve la oportunidad de estar en la convención tributaria del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, subsede Quetzaltenango.
Experiencia enriquecedora. La oportunidad de disertar frente a profesionales de la contabilidad pública y auditoría con experiencia en el manejo y asesoría de impuestos.
El tema que me pidieron compartir, obviamente, fuera del ámbito de trabajo de un CPA, pues el contencioso administrativo es un juicio.
Claramente tenemos aún muchas deficiencias en la forma de tratar los temas tributarios en los juicios. Principalmente el manejo de la prueba es un tema complicado en estos procesos, ya que se olvida el punto principal del litigio: ¿actuó la administración tributaria de manera correcta?
Es de vital importancia entender que hay 2 temas en todo ajuste tributario: la realidad financiera y contable; la aplicación jurídico tributaria.
Estos dos mundos conviven y tienen vasos comunicantes, pero son de naturaleza distinta.
El criterio que predomina en la fase administrativa es un criterio de auditoría y contabilidad. En el contencioso, el ámbito es jurídico y se discute, principalmente que las resoluciones hayan sido dictadas cumpliendo con la juridicidad. Lo jurídico; el Derecho.

Es así que no se discuten “impuestos”. Se discute la juridicidad del acto. Por ello, resulta complicado, muchas veces, empatar los argumentos de defensa de una fase con la siguiente, ya que los enfoques principales no son idénticos. Esto implica, por ejemplo, que la administración tributaria pudo hacer un ajuste en el que tiene la razón, sin embargo, no cumplió con todas las garantías del debido proceso, por lo que el resultado será que hay violación de juridicidad y con ello, una demanda contencioso administrativo declarada con lugar, es decir, a favor del contribuyente.
La prueba, por tanto, no versa sobre “los impuestos”, sino sobre la resolución, el procedimiento administrativo y, tangencialmente, sobre la realidad que dio origen a la determinación de esos tributos.
Psicológicamente, debe comprenderse la situación de los magistrados que conocerán del caso para manejar la prueba acorde. Es así, por ejemplo, he visto contenciosos manejados con prueba de “expertos” sobre la interpretación de la norma tributaria. Esto es un error grave en varios niveles.
1. Los magistrados tienen el trabajo de interpretar la norma. La ley no se prueba y juzgar es precisamente interpretar la norma. Es como llegar a un restaurante, ordenar, pero ir a la cocina a dirigir al chef.
2. Lo que hay que probar son los hechos.
3. El tema es jurídico, no de contabilidad. Eso es el soporte. La obligación tributaria deriva de la ley, no de la contabilidad. La ley toma actos de la realidad, no de la contabilidad.

El trabajo intelectual fuerte está en las 3 etapas.
1. La demanda, lugar en la que se presenta la tesis;
2. El diligenciamiento de la prueba. Acá debe trabajarse para demostrar la tesis plateada. Los hechos en los que nos fundamos para afirmar lo dicho en la demanda.
3. La vista. Los argumentos de cierre. ¿Qué dije en la demanda que iba a probar? ¿Qué probé en la prueba? ¿Qué dijo la contraparte que no era cierto y qué probó durante el juicio? ¿En qué concluimos luego de ver la prueba?

La sentencia, por tanto, es una consecuencia de tesis aceptada porque los hechos fueron probados.

Nunca vaya a un juicio, sin prueba suficiente.

Mario E. Archila M.

 

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