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Archivo de la categoría: Estado de Derecho

República, ¿qué es?

Desde el ahora famoso video de Gloria Alvarez sobre el populismo video Gloria Alvarez se ha llevado alguna discusión respecto al contenido.
La mayoría, totalmente sin fundamento y un ataque directo y ofensivo a Gloria, no a la idea.
¿Importa dónde estudió Gloria para establecer que su idea es errónea? No. Eso es una falacia. ¿Importa dónde trabaja o ha trabajado para declarar que la idea es errónea? No. También sería una falacia. ¿Es la idea sobre la pobreza de un país solo válida si la expresa un pobre? Tampoco. Y así, otro montón de críticas. Las “mejores” que he leído en redes sociales es que “entona mal y se vistió feo” por lo que la idea expresada no puede estar bien. Eso es populismo.
Hay que tener claro que una idea es correcta o no, es un juicio verdadero o falso, por la idea, por el juicio mismo, no por cómo se expresa ni por quién lo dijo.
Es así que resulta bastante fuera de lugar que se pretenda decir que el discurso disfraza la izquierda de “populismo” y “la derecha” de República. Quien piense eso, no entendió el discurso y supongo no entendió porque no sabe qué quiere decir “república”.
Primero vamos a decir que “república” no es una palabra que se pone en el nombre de un país y ya. Así, por ejemplo, tanto la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana serían lo mismo. O el Reino Unido de los Países Bajos y el Reino Unido de la Gran Bretaña no serían “República”.
En una república, el Estado no mata a sus disidentes. En una república, los fines de cada ciudadano son respetados mientras no interfieran con los fines del vecino y no impliquen el uso de la fuerza. En una República, ningún grupo, individuo o mayoría es superior al Derecho. Hay instituciones por encima de los caprichos de cualquier gobernante -tiranía- o capaces de encauzar por el espíritu del derecho a cualquier dictador.
La República no es un concepto adjetivo, de adorno. Es un concepto sustantivo, de esencia.
Regresando con los ejemplos dados, en Gran Bretaña o los Países Bajos (Holanda), hay república, pero son reinos. Esos reyes no son electos democráticamente, pero tienen autoridad -no necesariamente poder, pero sí autoridad- y sus parlamentos son los vehículos representativos.
Así es que no se llaman república, sino reino, pero nadie niega que son dos de los países con mayor respeto y garantía por la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Es tan respetado su sistema, que los tribunales de Londres, Rotterdam y La Haya son utilizados mundialmente para resolver conflictos de toda índole.
A pesar de ser reinos, en esos países es innegable la protección a los derechos básicos e inalienables de todos sus ciudadanos. Los gobernantes ejercen verdadera autoridad. Es tanta la autoridad que ejercen, que a pesar de no tener armas, los policías en Londres mantienen el orden.
En estos países usted nunca oye de represiones contra personas que opinan distinto, el incumplimiento de un contrato se resuelve judicialmente muy rápidamente, pues se respetan derechos. Difícilmente hay un caso de corrupción o abuso de poder en dichos países.
Agregando al tema, recuerde que en Inglaterra, la Cámara Alta del Parlamento, no es electa, sino nombrada por el Rey. Son vitalicios y la Corte Suprema es parte de esa Cámara Alta. Eso garantiza la República, aunque dirán los ultra demócratas que esos sistemas no sirven pues no son “democráticos”.
Allí empieza el tema de fondo. La democracia no garantiza los derechos de nadie. Lo que garantiza los derechos de todos son esos mecanismos que permiten el gobierno de leyes y no de hombres.
El populismo surge cuando esos mecanismos no están implementados o son débiles. No es un tema ideológico, sino de realidad. Si el mecanismo permite que un grupo, individuo o mayoría oprima a otro, ¿a quién le importa si es derecha o izquierda? El populismo, por tanto, se cuela más fácilmente es sistemas democráticos sin limitaciones republicanas o con esas limitaciones muy mal establecidas.
Gran Bretaña o los Países Bajos tienen siglos de existir. Han sobrevivido, a pesar de tener reyes, gracias a que consolidaron sus instituciones republicanas. El rey no es todo poderoso. El parlamento tampoco. Los jueces son independientes de ambos en su actuar. La elección democrática de los representantes parlamentarios no puede servir para oprimir a la minoría que perdió. El primer ministro puede ser removido por incapacidad de gobernar y todos ellos están sujetos a ser procesados ante un juez ordinario. El poder del rey es limitado e imposible de ejercer más, sea por su voluntad o por deseos de algún grupo. Tendría que destruir todo el sistema.
Es por ello que el término “populismo” no se refiere a ideología, sino a perversión del sistema. Se trata de mecanismos de persuasión que buscan:
1. Perpetuar en el ejercicio del poder a un grupo, individuo o supuesta mayoría;
2. Sujetar los derechos de todos a la conveniencia de quien ejerce el poder;
3. Utilizar el puesto de gobierno para la propia conveniencia;
4. Convertir en dependientes del aparato gubernamental a los votantes mayoritarios;
5. Evitar la aplicación de la ley en los que ejercen dicho poder;
Lo que nos lleva a sistemas opresivos, sean de derecha -dictaduras- o de izquierda -tiranías.
En ese sentido, el populismo no es ideológico, sino sistémico. Es una estrategia para esos fines perversos. Pervierte el sistema mismo y busca hacer ver que se actúa dentro del marco legal. La forma prevalece y no la sustancia.

Por ello, si se va a criticar algún concepto, no lo hagamos sobre la forma, sino en su fondo.

Mario E. Archila M.

 

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Timbre en los nombramientos… La pesada tramitología de SAT

Cuando uno no le atina, no lo sabe o no puede hacer mucho, le ven la cara de baboso. Es así que la ignorancia resulta un punto clave para que lo atropellen a uno en sus derechos.

Lo que voy a escribir espero ayude a que tenga los argumentos y armas del conocimiento, que aclaro, es una situación acá que cuya ignorancia no es imputable al ciudadano, aunque nuestro sistema presuma que todos nosotros sabemos las leyes (y de memoria) y por eso las cumplimos.

Vea lo que me escribió un cliente: “Le informo que fui hacer un trámite a la SAT y no pude, le cuento que me
dijeron que el nombramiento del representante legal debe llevar un sello de
50 centavos en la última página y el sello del abogado.”

Por sello, es obviamente un timbre fiscal de Q0.50.

El error de concepto acá no es de la persona que quiso hacer el trámite para dicha sociedad, sino que, por el contrario, el problema de ignorancia es en la agencia SAT respectiva… particularmente, supongo, en el de la ventanilla, pues el Lic. Pedro, jefe de los centros de atención de SAT, con quien he tenido comunicaciones telefónicas, sí sabe que esto no se puede hacer…

La ley (bueno, leyes) lo que dice es lo siguiente:

1. El impuesto del Timbre Fiscal establece como sujeto pasivo a quien otorgue, emita o suscriba un documento. (Artículo 3)

2. El hecho generador específico para requerir Q0.50 es la razón del Registro Mercantil que emite y suscribe el Registrador Mercantil, no el contribuyente. El contribuyente es el usuario. Acá creo que debería SAT comunicarse con el Registro Mercantil y hacerle ver su error de no colocarlo (que si quieren lo cobren al representante, como lo hace el Registro de la Propiedad).

3. El artículo 680 del Código de Comercio indica que “Incumplimiento de leyes fiscales. Los efectos de los contratos y actos mercantiles no se perjudican ni suspenden por el incumplimiento de leyes fiscales, sin que esta disposición libere a los responsables de las sanciones que tales leyes impongan.”

De lo anterior, creo que es un error interpretativo y de aplicación no permitir hacer los trámites respectivos por la falta de dicho timbre de Q0.50, ya que el nombramiento es válido legalmente y no puede rechazarse para hacer un trámite. Es más, quien incumplió la ley no es el cliente, sino que el Registro Mercantil, ya que la ley del Impuesto específico (los Q0.50) tiene como sujeto pasivo a “quien emita, otorgue o suscriba documentos” y en este caso el documento es la razón del registro Mercantil que dice que el nombramiento ya fue inscrito. Es así que claramente el problema no es del cliente, pero se le vuelve.

La ley, sabiamente, en el Código de Comercio, indica que el incumplimiento de leyes fiscales no inhibe su validez. Esto es claramente por estas situaciones, tan insignificantes, como por las otras más graves -en montos- pero que son sujeto de discusiones e interpretaciones, como pudiera ser definir, por ejemplo, si un contrato de compraventa de inmueble está sujeto a pago de IVA o de timbre. La venta de dicho inmueble, sin duda, será válido, aunque se haya pagado el impuesto incorrecto o incorrectamente. La relación tributaria es personal, entre el “sujeto pasivo” (contribuyente definido por la ley) y el “sujeto activo” (el Estado o la Administración Tributaria).

Es así que espero le ayude este tip y se le plante al de la ventanilla, llame al jefe de la oficina y si aún así no lo logra, ponga su queja para que sancionen al empleado de SAT que reboza de ignorancia.

Mario E. Archila M.

 

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La cosa hay que separarla

¿Para qué se deben pagar impuestos?
Hay mucha confusión, tanto en los funcionarios como en los votantes.
Nuestra Constitución dice que se paga en relación a las necesidades del Estado y eso ayuda más a la confusión.
En la mente de muchos los impuestos son un mecanismo de solidaridad y vehículo para hacer caridad.
Eso es conceptualmente imposible. Por varias razones.
1. Ámbito de cada uno;
1. Razones de cada uno de esos ámbitos.

La solidaridad y la caridad son del ámbito privado. Son virtudes. Eso implica que me hago moralmente mejor si ejerzo dichas virtudes, mas nadie puede obligar a otro a que haga caridad o sea solidario. Tampoco le corresponde a un tercero juzgar si se está haciendo un bien con una acción caritativa a solidaria. Es una acción puramente privada. Del ámbito de la moral.
Los tributos, sin embargo, corresponden al mundo de lo público y de las relaciones de poder. Se utiliza el poder público para cobrarlos, para verificar su correcto cumplimiento. Es así que imposible de pensar que los impuestos son un mecanismo de solidaridad, caridad o beneficencia.
¿Pero, entonces, para qué sirven?
Sirven para cubrir servicios públicos. Esos servicios públicos son, principalmente, aquellos que su consumo no los agota y no pueden o no deberían ser prestados por particulares. Es así que los servicios de justicia, relaciones diplomáticas y el uso de la fuerza pública represiva, son por esencia, dichos servicios. Los demás, esos sí pueden ser prestados por particulares, como la educación, salud y hasta alguna infraestructura.
Es así que no es posible tratar las contribuciones que una persona pueda hacer de la misma manera. Tanto que tampoco son excluyentes unas de otras, por su ámbito ni por sus fines.

Mario E. Archila M.

 

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La belleza de la ilegalidad

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No puede ser, me dije, que sea cierto que debo responder a tan bellas preguntas antes de llenar mi declaración de impuestos.
Resulta que eso es una violación legal evidente. Vea que no puede sujetarse a requisitos que no están en ley. La Constitución obliga a que la función pública se ejerza conforme a la ley. El pago de impuestos se basa en lo que establece cada una de las leyes y ninguna dice que primero hay que obligar al contribuyente a responder preguntas. Más que todo esas preguntas absurdas.
Es ya terrorismo fiscal. Definamos que la administración tributaria debe ser un ente técnico, profesional y sujeto a la ley. Con estas actitudes, se coloca del lado, si bien nos va, de los talacheros, si no es que de los mareros.
Es imposible de creer que alguien dentro de SAT haya aprobado incluir tremenda tontería y sujetar el poder ingresar al formulario de Declaraguate sin responder antes esas preguntas.
¿Busca SAT darle valor a esas declaraciones? ¿Con base en qué? ¿Cómo pago sin responder a ellas? ¿Qué pretende SAT colocando eso?

Llegamos a un punto en el que vemos que las presiones psicológicas, de atemorizar al contribuyente están siendo utilizadas. En el fondo, los ajustes y los criterios dan pena. Discutimos cosas por desconocimiento y ahora creo que por mala fe…
Espero que nadie tome acciones contra los funcionarios de SAT, sino que den marcha atrás y diseñen los formularios conforme a la Ley y el Derecho.

Mario E. Archila M..

 

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Fuera judíos

Fuera judíos. Así sentenciaron a las orillas del lago de Atitlán los pobladores, con la complicidad del alcalde.
Merece comentario, por supuesto, un acto tan deplorable, abusivo, ofensivo y discriminatorio.
Es comparable en hechos a lo que sucede en Gaza, Siria o Irak y lo que el mundo ha vivido con regímenes racistas como EEUU hasta hace unas décadas, Sudáfrica o la Alemania Nazi.
Usted en su vida particular puede tener las preferencias que guste. Si es para casarse, preferir morenas, rubias, altas o bajas, en lo físico; inteligentes o no tanto, en lo intelectual; católicas, pentecostales, judías, musulmanas o ateas en las cuestiones de fe. Para contratar en su empresa, puede querer una cierta altura o tono de piel; preferir mujeres a hombres o al revés; etc. En su vida privada, aunque pueden ser criterios bien tontos, sus preferencias son SUS preferencias. En ese campo podemos tener alguna discrepancia de su conveniencia o inteligencia, pero nada más.
El siguiente grado es cuando provee ya un servicio al público. Allí ya no es tan “su preferencia” quiénes pueden ser sus clientes. Eso ya es discriminar y probablemente, muchos de los casos, pueden ser llevados a tribunales, penales o de derechos humanos.
El último grado, el caso que vivimos en Atitlán, es cuando se utiliza la fuerza del Estado, en este caso municipal, para imponer un criterio discriminador, por lo que sea -raza, credo, ideología política- que convierte el acto en una remembranza de los peores regímenes totalitarios de la historia.
El actuar del pueblo y la complicidad de su autoridad son actos condenables, por cualquier forma que se vea. El Estado está llamado, entre otros, a garantizar: la vida, la libertad y seguridad. Eso incluye la libertad religiosa, la libre movilidad y la igualdad ante la ley.
Es así que el alcalde se ha convertido de autoridad en criminal y nosotros, acá, cual ciudadano romano, viendo cómo se organiza el coliseo para tirar a los leones a quienes no comulgan con la religión del emperador.
No puede ser. Una república pondría tras las rejas al alcalde y sus compinches.
Basta ya de abusos en este país.

 

Mario E. Archila M.

 

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Problemática de Ley de Inversión

¿Servirá la ley? Eso me pregunta la gente muy frecuentemente. Mi respuesta es que probablemente no.
En la profundidad de dicha ley, no obstante, podemos decir mucho más. Es una ley que ignora principios básicos que sustentan un Estado de Derecho, por tanto, una república en su mejor sentido.
El Estado de Derecho se erige sobre la base de la igualdad ante la ley, como uno de sus fundamentos. Diría que el principal.
En el caso de estas famosas leyes de fomento de cualquier cosa, este principio siempre se ve anulado, roto, ignorado. Esta propuesta de ley, ahora, busca “incentivar” y promover la inversión en el país. Se dice que porque ya el resto de países Centroamericanos tienen legislación similar. Dice el adagio que el error no es fuente de Derecho. En nuestros países, el error es fuente de privilegios.
Tributariamente, el principio de igualdad, como lo expresa la Corte de Constitucionalidad en innumerables fallos, implica que a igual capacidad de pago, igual tributación y a mayor capacidad de pago, mayor tributación.
Es así que esta “fabulosa ley” otorga el “incentivo” de no pagar impuesto para inversiones “nuevas” y de cierto tamaño -US$800,000-. Es así que cualquier emprendimiento nuevo de menor tamaño, como los que realizan aproximadamente el 60% de la población (economía hoy “informal”) y las PYMES formales, no podrán siquiera optar por calificar.
He allí que el incentivo aplica a empresa con capacidad financiera muy por encima de la media del empresario guatemalteco. Su capacidad de pago, por tanto, mucho mayor, pero no pagará impuesto sobre la renta. ¿Y el principio de igualdad y capacidad de pago?
Otro principio básico de la tributación en un sistema de Derecho, es el de generalidad. Dicho principio indica que todos estamos llamados a contribuir a las cargas públicas conforme a nuestra capacidad de pago. El principio implica la obligación de contribuir y a su vez impone la limitante a los gobiernos que no pueden decretar exenciones salvo en el caso de incapacidad de pago. Es decir, el principio veda la concesión de privilegios por raza, credo, afiliación, clase, pero admite las exenciones por razones de capacidad de pago.
Acá se exime a grandes capitales, por lo que no es una exención dada en atención a la capacidad de pago.
De lo anterior, por tanto, debemos preguntarnos si puede calificarse esta ley como “justa”. Nuestra Constitución Política en el artículo 243 obliga al Congreso a establecer un sistema tributario justo y equitativo y para ello le ordena que las cargas se decreten conforme al principio de capacidad de pago. Hemos ya esbozado los principios básicos de la justicia tributaria, mismos que son flagrantemente violados por esta ley. Es así que no podemos calificar la ley de justa, bajo ninguna perspectiva. Tampoco podemos sostener que la ley ayuda a hacer un sistema justo.
Lo que sí podemos asegurar es que viola principios fundamentales, otorga beneficios y rompe hasta con el más elemental sentido de proporcionalidad de las cargas. La propuesta es una clara aceptación que el impuesto a la renta es un desincentivo a la promoción de inversión y empleo, por lo menos formal, por lo que si cumpliéramos con los principios expuestos, se aboliría dicho impuesto de manera general.

Mario E. Archila M.

 

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Multa por no pagar la calcomanía

Se han puesto color esperanza las calles. De la Muni dijeron que impondrían multas de Q500.00 a quienes no hubieren pagado su “calcomanía”.

¿Calificativo a esto? Ridículo.

La “calcomanía” es el impuesto de circulación de vehículos. Si bien, tampoco se paga por circular y no tiene relación alguna con la circulación, así se llama.
El no pagar el impuesto implica, por sí, una multa del 100 % del impuesto omitido -dejado de pagar- más intereses del 1 de agosto al momento en que pague. Dicho eso, no es posible que se pretenda cobrar una multa adicional por “no haber pagado” un impuesto.
Esto es como que el PMT le pidiera su declaración anual de ISR y si no la pagó, le pone multa.
Un impuesto tampoco puede ser una autorización para hacer algo, pues dejaría de ser impuesto y se convertiría en una contribución especial, por la cual, estaríamos obteniendo, por el pago del tributo, un beneficio directo del estado.
En este caso, el impuesto de circulación es un impuesto, que quiere decir que no hay ningún servicio estatal relacionado a su pago, directo ni indirecto.
Es por ello que resulta ridícula la estipulación reglamentaria para pretender sancionar por ello.
Es más, resulta inconstitucional que el reglamento de tránsito contenga sanciones, principalmente en materia de impuestos. Esto viola el artículo 239 de la Constitución.

Pretender que los retenes de PMT sean un mecanismo para cobrar el impuesto de circulación suena más a acción de la Salvatrucha que una acción de un gobierno en un estado de Derecho.

¿Cuándo llegaremos a vivir en un Estado de Derecho?

 

Mario E. Archila M. 

 

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